Uni¨®n Naval acepta su culpa en los 71 casos de afectados por amianto

El juicio est¨¢ previsto para septiembre y ser¨¢ una conformidad entre las partes. Ayer, los representantes de las 71 v¨ªctimas del amianto, 20 de ellas ya fallecidas, aceptaron un acuerdo que se traduce en una condena a Uni¨®n Naval de Valencia, en el cobro de casi 11 millones de euros de indemnizaci¨®n y en un compromiso, recogido en dos protocolos, de atender no s¨®lo la evoluci¨®n de los afectados que est¨¢n a¨²n trabajando, sino de aquellos que pudieran aparecer a partir de ahora. Las lesiones de los trabajadores por la inhalaci¨®n de polvo de mineral de amianto no son inmediatas, de modo que quienes hayan estado expuestos sin medidas de seguridad pueden desarrollar en el futuro un problema pulmonar grave. El comit¨¦ de empresa expres¨® su satisfacci¨®n por el "logro social" que suponen los dos protocolos.

Dos protocolos garantizan la atenci¨®n a posibles nuevos afectados

El caso se cierra despu¨¦s de cinco a?os de investigaci¨®n a cargo del Juzgado de Instrucci¨®n 17 de Valencia. Se inici¨® en 2004 sobre 23 trabajadores de Uni¨®n Naval de Valencia (antes Uni¨®n Naval de Levante). Se pone fin a ella con el reconocimiento de 71 afectados, entre ellos 20 fallecidos. El juez acord¨®, junto al fiscal, la imputaci¨®n de una responsable de la empresa y tres jefes de seguridad. Se les considera responsables de las muertes y lesiones de trabajadores en la construcci¨®n y reparaci¨®n de buques expuestos a la inhalaci¨®n de amianto.

La conformidad en el caso supone una condena de nueve meses de c¨¢rcel y multa de 21.600 euros para la responsable legal de la empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores, 20 faltas por muerte por imprudencia y 51 faltas de lesiones imprudentes. El fiscal ped¨ªa inicialmente para ella 48 a?os de c¨¢rcel.

Para los tres jefes de seguridad ped¨ªa 34 a?os. El acuerdo suscrito se traduce en un a?o y dos meses de c¨¢rcel, y 10.800 euros de multa. Los imputados ignoraron todas las condiciones en las que se deb¨ªan realizar los trabajos en los que se usaba amianto (recogidas en una orden ministerial de 1982), as¨ª como la prohibici¨®n posterior (de 1984) de utilizar ese material contaminante. El ministerio p¨²blico considera que "incumplieron las obligaciones sabiendo que de esta manera perjudicaban gravemente la salud de sus trabajadores, puesto que los acusados sab¨ªan que antes y despu¨¦s de esas fechas la empresa hab¨ªa utilizado amianto en la construcci¨®n y reparaci¨®n de buques y que, por tanto, algunos de los trabajadores hab¨ªan sufrido exposici¨®n directa e indirecta a ese contaminante".