El pasado contra Garz¨®n

En este pa¨ªs no resulta sencillo remover la tierra ni tampoco la memoria. Se ha afirmado que el r¨¦gimen franquista ya ha sido juzgado por la Historia. Sin embargo, las grav¨ªsimas violaciones de derechos humanos que en dicha etapa se cometieron debieran haber sido juzgadas por seres humanos de carne y hueso, a trav¨¦s de los tribunales propios de una sociedad civilizada. La transici¨®n pact¨® el olvido a cambio de una apuesta por la convivencia. Pero ahora ya no debieran existir los citados riesgos, por lo que habr¨ªa de primar la b¨²squeda de la verdad y la reparaci¨®n hist¨®rica de los vencidos en la contienda, con la finalidad ¨²ltima de profundizar en una pedagog¨ªa democr¨¢tica, en la l¨ªnea de lo que han practicado otros pa¨ªses europeos. En palabras de Habermas, la ¨²nica salvaci¨®n de las v¨ªctimas ser¨ªa el recuerdo de lo que ocurri¨®.

Sin embargo, las desproporcionadas resistencias de determinados sectores sociales, pol¨ªticos y religiosos han impedido a las instituciones la recuperaci¨®n de esta memoria democr¨¢tica. Y estas voces reiteran de manera muy virulenta su pretensi¨®n de pasar p¨¢gina sin permitir que antes pueda ser le¨ªda, as¨ª como su exigencia de que olvidemos lo que a¨²n no hemos podido conocer. Como sab¨ªa Orwell, quien controla el presente tambi¨¦n controla el pasado. No puede sorprender que en este contexto se produzca un en¨¦rgico acoso contra el ¨²nico juez que ha llevado adelante una investigaci¨®n sobre los cr¨ªmenes perpetrados durante nuestra guerra civil.

En el ¨¢mbito judicial existe pleno respeto por la decisi¨®n de admitir a tr¨¢mite la querella contra Garz¨®n. Y tambi¨¦n absoluta confianza en que los ¨®rganos competentes del Tribunal Supremo resolver¨¢n el asunto desde los principios de independencia e imparcialidad y con aplicaci¨®n de las normas adecuadas al caso concreto. Pero no podemos ignorar que se han pronunciado opiniones muy s¨®lidas en el ¨¢mbito jur¨ªdico que consideran inviable que pueda prosperar una condena por prevaricaci¨®n, al encontrarnos ante decisiones leg¨ªtimas de un magistrado instructor que ha actuado en la esfera de su independencia protegida constitucionalmente. En este sentido, la posibilidad de investigar esta materia se encuentra amparada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera imprescriptibles los cr¨ªmenes contra la humanidad. Y la naturaleza de esta instrucci¨®n parec¨ªa justificar que el ¨®rgano competente fuese la Audiencia Nacional. Resulta un contrasentido que nuestros tribunales hayan juzgado hechos similares ocurridos en otras partes del mundo y que ahora no puedan analizar lo sucedido en nuestro propio pa¨ªs. Dicha perspectiva doctrinal cuenta con visiones contrarias, algunas de la cuales han quedado expresadas en distintas resoluciones. No obstante, las propias discrepancias judiciales, as¨ª como la ponderaci¨®n de las normas internas y las de derecho internacional, nos demuestran la complejidad de la materia y la enorme dificultad de encajar lo que representa una tem¨¢tica opinable en una conducta delictiva consistente en adoptar decisiones injustas a sabiendas.

Resulta notorio que determinadas actuaciones jurisdiccionales de Garz¨®n le han generado un rastro plagado de detractores, adversarios y enemigos. No obstante, ser¨ªa injusto desde?ar sus evidentes aportaciones a la causa de los derechos humanos o desconocer sus importantes esfuerzos en la persecuci¨®n de delitos que han provocado gran alarma social en nuestro pa¨ªs. Todav¨ªa parece m¨¢s lamentable que bastantes de los que antes le jaleaban ahora est¨¦n reclamando su defenestraci¨®n. Se ha asegurado que Garz¨®n intent¨® enjuiciar el pasado. Y ahora parece que estos ecos de nuestro pasado se revuelven contra ¨¦l para intentar juzgarlo y condenarlo. Resulta sintom¨¢tico que sea precisamente su investigaci¨®n sobre la Guerra Civil la que ha desencadenado el ataque m¨¢s intenso contra su integridad profesional.

Mientras tanto, en algunos ¨¢mbitos parece aceptarse con cierta naturalidad la permanencia de vestigios del r¨¦gimen anterior. El Ayuntamiento de Valencia opta por mantener para Franco el t¨ªtulo de alcalde honorario. Al mismo tiempo, no facilita a los parientes de represaliados el acceso a las fosas comunes del cementerio municipal. Y nuestro arzobispado prefiere no retirar de las fachadas de los templos los s¨ªmbolos preconstitucionales de exaltaci¨®n de la dictadura. A pesar del transcurso del tiempo y de los indudables cambios sociales, resulta inevitable no detectar secuelas presentes de aquella guerra y de la larga dictadura que le sigui¨®. Entre ellas se mantiene la tremenda miseria moral que supone para nuestra sociedad que sigan enterrados miles de dem¨®cratas junto a las cunetas como si fueran animales. Se trata de ese pasado que no hemos conseguido cerrar con dignidad, de ese pasado que ahora parece querer perseguir a Garz¨®n.

Ximo Bosch es portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en la Comunidad Valenciana.