Precipitada e innecesaria

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer de urgencia el decreto ley que regula la Televisi¨®n Digital Terrestre de pago. La decisi¨®n se adopt¨® pese al dictamen del Consejo de Estado, ¨®rgano consultivo del Ejecutivo, que considera que la reforma vulnera la legislaci¨®n de contratos con la Administraci¨®n, es precipitada y no responde al inter¨¦s general. El Consejo de Estado afirma que un cambio semejante requiere el escrutinio del Parlamento, un plazo razonable y la posibilidad de introducir enmiendas. El Ejecutivo, ante tan contundente objeci¨®n, decidi¨® a ¨²ltima hora sustituir la f¨®rmula de real decreto por la de decreto ley, que implica la ulterior convalidaci¨®n parlamentaria pero que se reserva a situaciones de urgencia y contra la que no cabe recurso. Utilizar un tr¨¢mite excepcional para una cuesti¨®n sobre la que no existe demanda social remite a los peores usos autoritarios e intervencionistas y deja sin capacidad de defensa jur¨ªdica a quienes se puedan sentir perjudicados.

?Cu¨¢l es la urgencia, en pleno agosto y en un Consejo de Ministros dedicado a la crisis? S¨®lo una: satisfacer los intereses de un grupo de amigos. Tampoco se han tenido en cuenta las quejas de parte del sector audiovisual (entre ellas las de Sogecable, del Grupo PRISA, editor de EL PA?S), que ve c¨®mo un improvisado cambio parcial puede afectar al equilibrio del conjunto en plena crisis. Es, pues, una decisi¨®n escandalosa y abusiva. El decreto ley introduce m¨¢s desorden, si cabe, en un panorama necesitado de una ley que ordene lo que el capricho de sucesivos Gobiernos ha ido destrozando. Cab¨ªa la esperanza de que el PSOE mostrara mejor criterio que la derecha. Sin embargo, esta aprobaci¨®n atropellada, promovida por Industria, supone un paso atr¨¢s s¨®lo atribuible a las presiones de alg¨²n grupo de comunicaci¨®n y de los fabricantes de aparatos descodificadores. El Gobierno de Zapatero ha preferido atender el inter¨¦s de unos pocos en un ejemplo de rancio clientelismo.

La TDT de pago dinamizar¨¢ el modelo de televisi¨®n, pero s¨®lo si se establece en el marco de la Ley General Audiovisual. As¨ª lo dice el Consejo de Estado. Es irresponsable introducir cambios semejantes en un momento en el que el sector audiovisual, como otros, sufre las consecuencias de la crisis. Argumenta el Gobierno que la TDT de pago aumentar¨¢ los contenidos, dinamizar¨¢ la tecnolog¨ªa digital y traer¨¢ un r¨ªo de millones a todos sus actores. No es cierto, al menos en la actualidad. Resulta rid¨ªculo pensar que la simple existencia en breve de un canal de pago despertar¨¢ el entusiasmo de la audiencia, sobre todo si se tiene en cuenta que ese canal emitir¨¢ partidos de f¨²tbol, o sea, lo mismo que ahora ofrecen otras televisiones de pago. Ni aumenta la demanda ni se crean valores adicionales.