Una dura condena da esperanzas a los afectados por el amianto

Es una enfermedad silenciosa. Se toma su tiempo, entre 10 y 40 a?os para manifestarse. Cuando lo hace, la vida de los afectados cambia: sus pulmones, su pleura o su laringe no dejan que la rutina perviva. El polvo de amianto se col¨® en las v¨ªas respiratorias de miles de trabajadores de la construcci¨®n de buques, la edificaci¨®n, la fabricaci¨®n de pastillas de freno, el mantenimiento y flete de trenes o el asfaltado en Espa?a. S¨®lo Uni¨®n Naval de Valencia ha sido condenada por la v¨ªa penal por no proteger a 71 v¨ªctimas y acepta pagarles 11 millones de euros. Los afectados piden ayuda al Estado.

Muchos trabajadores han fallecido sin que se relacionara su muerte con su ocupaci¨®n. Otros, no conocen a¨²n que pueden estar afectados. Los que s¨ª lo saben, reclaman al Estado un fondo que, de forma autom¨¢tica, contemple ayudas, porque la enfermedad es consecuencia directa de una exposici¨®n laboral. El Gobierno dice entender la reclamaci¨®n de los afectados pero no puede dar respuesta sobre el fondo por falta de recursos.

Las asociaciones calculan que puede haber 50.000 enfermos

Las v¨ªctimas hablan de "abandono" frente a una "condena a muerte"

Las asociaciones de afectados calculan que puede haber 50.000 enfermos. Ya hace varios a?os, CC OO alert¨® de que en dos d¨¦cadas podr¨ªan ser 60.000. Uni¨®n Naval de Levante, ahora Uni¨®n Naval de Valencia, ha admitido un delito contra la seguridad de los trabajadores, 20 faltas de muertes imprudentes y 51 de lesiones imprudentes. Cuatro directivos aceptaron el 24 de julio 14 meses de c¨¢rcel y multas millonarias. La empresa, indemnizar¨¢ con m¨¢s de 11 millones de euros a los 71 afectados (entre 110.000 y 250.000 euros a cada uno) y ayudar¨¢ a protegerles en la evoluci¨®n de su enfermedad. Tambi¨¦n a los que puedan estarlo en adelante. La conformidad alcanzada ser¨¢ sentencia en septiembre.

Esa es, seg¨²n el abogado de varios afectados de Valencia, Andr¨¦s Sanfeliu, y el fiscal delegado de Riesgos Laborales en Valencia, Jaime Gil, la primera condena penal. Gil cree que "la enfermedad laboral es una siniestralidad dormida". Para ¨¦l, los registros no son reales: "Entre 2000 y 2004, no aparec¨ªa ni una muerte por enfermedad laboral. Y en 2005, tres. Ahora, se recogen 3.600 por deficiencias cardiovasculares y 1.300 de origen respiratorio. Pero varios estudios se?alan que al menos 9.400 muertes al a?o son por actividad laboral". Cree fundamental para el ¨¦xito del acuerdo de Valencia la actitud de la empresa, que sabe que "rompi¨® la cadena de vigilancia de protecci¨®n de la salud de los trabajadores".

Otros no han logrado ese resultado. Un total de 29 enfermos y ocho fallecidos que trabajaron en Alicante, en Fibrocementos, que pertenec¨ªa a Uralita, perdieron en 2006. Tras siete a?os de instrucci¨®n, la empresa fue absuelta. "Sab¨ªan que nos jug¨¢bamos la salud trabajando con amianto y lo consintieron", se cansa de repetir Francisco Mart¨ªnez, presidente de la asociaci¨®n de afectados de San Vicent del Raspeig, Alicante.

Para Juan Carlos Pa¨²l, de la asociaci¨®n de Madrid, la situaci¨®n es "desesperante". "Perdemos la mayor¨ªa de juicios laborales, otros se resuelven cuando el obrero ha fallecido", dice. Pa¨²l cree que la cifra es imprevisible, pero "muy alta" y que es "urgente la creaci¨®n de un fondo".

Seg¨²n ¨¦l, fue la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, quien present¨® en el Congreso, a finales de la segunda legislatura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, una proposici¨®n no de ley que no pudo debatirse. Con el Gobierno de Zapatero, lo hizo el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), pero tampoco prosper¨®. Y ante un escenario, describe, "en el que miles de trabajadores van a estar enfermos, porque hace 10 a?os, un estudio cifr¨® en 1.200 s¨®lo los de Ferrol", exige atenci¨®n. El uso de amianto se prohibi¨® en Espa?a en 2002, y ya desde los primeros noventa se trat¨® de controlar su uso. Una d¨¦cada antes (1982-1984) exist¨ªa un protocolo que muchas empresas no aplicaron.

Rafael Cremades, presidente de la Asociaci¨®n de Valencia, denuncia la falta de un censo fiable, exige ayuda al Gobierno, y recuerda que los trabajadores no ten¨ªan "ni taquilla doble para no mezclar la ropa". "Nos la llev¨¢bamos a casa", cuenta. Lo peor, dice, ha sido "la soledad ante una enfermedad que es una condena a muerte".