Un desatino

Una de las se?as de identidad del franquismo que parecen no haber periclitado todav¨ªa es la tendencia natural en aquella ¨¦poca a dictar decretos, pese al sometimiento absoluto de las Cortes y la consiguiente e inevitable aprobaci¨®n de cualquier ley que el Gobierno de turno propusiera. Gobernar por decreto era para los espa?oles que vivieron la Transici¨®n Pol¨ªtica a la muerte del Caudillo un exponente de la arbitrariedad del mando, en medio de las inequ¨ªvocas demandas de democracia y de independencia del Legislativo frente al Ejecutivo que la mayor¨ªa de los ciudadanos expresaba. Sin embargo, aquella mala costumbre ha pervivido entre nosotros durante m¨¢s de tres d¨¦cadas.

La figura del decreto ley es una desviaci¨®n del principio de separaci¨®n de poderes que inspir¨® desde sus or¨ªgenes la creaci¨®n de las democracias, pero muchas de ellas la recogen en sus respectivas constituciones, si bien de manera espec¨ªficamente tasada. La Constituci¨®n espa?ola de 1978, en su art¨ªculo 86, dice que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podr¨¢ dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar¨¢n las formas de decretos leyes" y que no podr¨¢n afectar a una serie de temas, entre los que destacan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.

El decreto ley es una desviaci¨®n del principio de separaci¨®n de poderes que inspira la democracia

PRISA ha defendido siempre, y contin¨²a haci¨¦ndolo, la existencia de la TDT de pago

Pese a semejantes limitaciones, los Gobiernos democr¨¢ticos, sin distinci¨®n de ideolog¨ªas, han recurrido con abundancia al ejercicio de esta pr¨¢ctica, amparados por una lamentable sentencia del Tribunal Constitucional que en 1983 depositaba en el propio Ejecutivo la responsabilidad de establecer las circunstancias de urgencia y necesidad que justifican una medida concreta de ese g¨¦nero, pues es "una decisi¨®n pol¨ªtica que s¨®lo al Gobierno -con el control parlamentario- compete".

El caso es que durante los m¨¢s de 30 a?os de democracia los Gobiernos han hecho uso y abuso de su facultad de dictar decretos leyes para las cuestiones m¨¢s variadas. Los frecuentes avisos de eminentes constitucionalistas respecto a los peligros que semejante pr¨¢ctica encierra para el sistema democr¨¢tico han sido constantemente deso¨ªdos, incluso despu¨¦s de que en 2007 el Constitucional emitiera una sentencia en donde establec¨ªa que un decreto ley del Gobierno de Aznar (promulgado en 2002) sobre el sistema de protecci¨®n por desempleo no se aten¨ªa a las razones de urgencia requeridas por la Constituci¨®n.

Puede entenderse que durante la Transici¨®n, los Gobiernos de Su¨¢rez y de Felipe Gonz¨¢lez acudieran a esta figura legislativa con m¨¢s frecuencia de la deseable: se trataba de construir la democracia y de hacerlo de manera efectiva y r¨¢pida. Muchas decisiones pol¨ªticas de capital importancia se tomaron as¨ª por decreto, pero el abuso de semejante sistema una vez normalizado el r¨¦gimen de libertades es, desde cualquier punto de vista, un exceso incompatible con el sedicente talante democr¨¢tico que pregonan nuestros gobernantes. Hace poco m¨¢s de un par de a?os el profesor Marc Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, alertaba sobre estas circunstancias en un art¨ªculo publicado en EL PA?S. "Es importante", dec¨ªa, "que la jurisdicci¨®n constitucional (...) fiscalice los l¨ªmites (...) al ejercicio de la legislaci¨®n de urgencia (...) Est¨¢ en juego la divisi¨®n de poderes, porque el Gobierno no puede arrogarse cuando y como quiera funciones que corresponden al Parlamento. Y eso es lo que ocurre cuando (...) el Ejecutivo no justific¨® razonadamente la situaci¨®n de extraordinaria y urgente necesidad".

Estas reflexiones, aparentemente te¨®ricas, mucho tienen que ver con el abuso gubernamental perpetrado el pasado 13 de agosto cuando el Gabinete aprob¨® por decreto ley la implantaci¨®n del sistema de pago en la Televisi¨®n Digital Terrestre. La raz¨®n de la urgencia que el decreto exhibe -el impulso a la antenizaci¨®n de los hogares- es tan peregrina que merece incorporarse al museo del arbitrismo de nuestros Gobiernos, ya colmado de ocurrencias como los famosos descodificadores simulcrypt de Arias-Salgado o el regalo de las bombillas de bajo consumo por parte de Sebasti¨¢n. La ideolog¨ªa no es ninguna frontera para la incompetencia. Tampoco para la corrupci¨®n. La sospecha de que la verdadera urgencia para la aprobaci¨®n del decreto ley es favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios est¨¢n ligados por lazos de amistad al poder ha sido sugerida incluso por aquellos que han aplaudido la medida. Gobernar para los amigos desdice de la transparencia exigible a cualquiera; hacerlo mediante un procedimiento excepcional supone un motivo m¨¢s de preocupaci¨®n para los votantes que creen en la moralidad de las propuestas de los pol¨ªticos.

Aunque estamos acostumbrados a la inquina de algunos de nuestros competidores, pienso que no est¨¢ de m¨¢s hacer una breve aclaraci¨®n respecto a cu¨¢l es la postura en este punto del grupo de comunicaci¨®n que dirijo (editor, entre otras cosas, de EL PA?S) y a qu¨¦ se debe nuestra oposici¨®n al decreto ley. Nuestra empresa ha defendido siempre, y contin¨²a haci¨¦ndolo, la existencia de la TDT de pago, entre otras cosas porque somos un operador relevante de esta modalidad de televisi¨®n que, contra lo que dicen interesada y enga?osamente algunos comentaristas, para nada es pasto del monopolio: junto a Digital + existen otras ofertas como las de Ono e Imagenio, am¨¦n de un n¨²mero considerable de cableoperadores, que en su conjunto re¨²nen m¨¢s de un mill¨®n de abonados y que van a verse afectados muy negativamente por la decisi¨®n precipitada e irresponsable del Gobierno. La TDT de pago es, desde luego, una oportunidad m¨¢s para nuestra empresa, pero estimamos que el panorama audiovisual espa?ol ha sido manoseado hasta la obscenidad por este Gobierno mediante medidas parciales y caprichosas. Por eso apoyamos desde el primer momento el anteproyecto de ley audiovisual que el Ejecutivo conoci¨® hace semanas -y que incluye la modalidad de pago para la TDT-, por entender que se trataba de ordenar, por fin, con acierto y oportunidad el sector audiovisual de nuestro pa¨ªs. La nueva chapuza propiciada por el ministro de Industria no conseguir¨¢ probablemente ninguno de los objetivos que declara, ni siquiera algunos de los que no hace expl¨ªcitos, como facilitar la implantaci¨®n inmediata y fulgurante de una nueva cadena de pago. Pero ha logrado introducir tal ruido en el mercado, tal confusi¨®n entre los consumidores, tal desigualdad entre los operadores y tal preocupaci¨®n entre los fabricantes de equipos que cabe preguntarse por cu¨¢les son las razones verdaderas que el Gobierno y su presidente han tenido para tomar una medida as¨ª.

Pues ¨¦ste es el verdadero meollo de la cuesti¨®n, y no la TDT de pago con la que, insisto, mi empresa y yo estamos absolutamente de acuerdo, lo mismo que con la apertura a la competencia, de la que somos fervientes partidarios siempre y cuando se haga de manera transparente y leal. De lo que se trata no es de nada de eso, sino de la utilizaci¨®n arbitraria e inmoral de procedimientos legislativos de urgencia para satisfacer los deseos, las man¨ªas y las enso?aciones del mando. Es la calidad del impulso democr¨¢tico de nuestros gobernantes lo que est¨¢ en entredicho, su respeto a la divisi¨®n de poderes. En contra de lo que declarara en su d¨ªa Alfonso Guerra, Montesquieu no ha muerto, como no sea en los predios de la actual Venezuela y pa¨ªses semejantes, y es obligaci¨®n de todo dem¨®crata velar por su supervivencia.

Este pa¨ªs tiene una deuda de gratitud con los primeros Gobiernos de la Transici¨®n, los de Adolfo Su¨¢rez y Felipe Gonz¨¢lez, que lograron implantar y solidificar la democracia. La grandeza de aquellos presidentes, al margen de los errores que cometieran, reside en que fueron capaces de unir al pa¨ªs en un esfuerzo com¨²n de solidaridad y construcci¨®n del porvenir. Desde que la derecha se echara al monte de la mano de Aznar, s¨®lo asistimos a pol¨ªticas de divisi¨®n y enfrentamiento, incluso en momentos tan delicados y dif¨ªciles como los de la actual crisis econ¨®mica. Gobernar a golpe de decreto en cuestiones que no son urgentes ni graves, excepcionales o imprevisibles (para utilizar los adjetivos que el profesor Marc Carrillo entiende justificar¨ªan una decisi¨®n as¨ª) es una demostraci¨®n de desconfianza y recelo frente a la soberan¨ªa popular, representada en el Parlamento. Ning¨²n dem¨®crata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino.

Juan Luis Cebri¨¢n es consejero delegado del Grupo PRISA.