?V¨ªctimas o infractoras?

En Espa?a hay mujeres a las que se ha comprado o vendido; est¨¢n aqu¨¦llas a las que se ha enga?ado en sus pa¨ªses de origen para venir aqu¨ª creyendo que iban a trabajar como camareras o limpiadoras y luego las han obligado a prostituirse; a otras se les ha ocultado el peque?o detalle de que no podr¨ªan ejercer la prostituci¨®n cu¨¢ndo y c¨®mo ellas quisieran sino que iban a estar en un pol¨ªgono 14 horas al d¨ªa obligadas a ser productivas; tambi¨¦n las hay que no tienen ninguna otra posibilidad vital; y otras, finalmente, por distintas razones, prefieren hacer ese trabajo antes que otros (por lo general tampoco muy atractivos). Cualquiera de ellas puede ser multada —si ofrece sus servicios en las calles de algunos pueblos y ciudades—, por polic¨ªas que hacen cumplir normas municipales que quieren proteger el orden y evitar molestias a los vecinos.

El Congreso de los Diputados, el Gobierno y la Guardia Civil hablan de alt¨ªsimos porcentajes de mujeres traficadas. M¨¢s del 90% de las prostitutas son inmigrantes, seg¨²n todas las estimaciones policiales y de las ONG. Mientras tanto, cada vez son m¨¢s las ciudades y pueblos —Barcelona, Lleida, Valencia, Castell¨®n, Granada, Calvi¨¤ (Mallorca), el Ejido (Almer¨ªa) o La Jonquera (Girona)— que las sancionan por estar en la calle. Muchos otros lugares ultiman o debaten sus propias ordenanzas. A sus ojos, son infractoras, un estorbo para el orden p¨²blico. Las comparan con los grafiteros y los vendedores ambulantes. Hay que multarlas, y expulsarlas si no tienen papeles.

Espa?a, como Estado, no se pone de acuerdo consigo misma sobre c¨®mo afrontar el problema. ?Se est¨¢n violando derechos humanos esenciales de las mujeres o la prostituci¨®n es una cuesti¨®n s¨®lo de seguridad ciudadana? En este ¨²ltimo caso, ?por qu¨¦ no se regula su actividad? Nadie puede ser, por un mismo hecho, v¨ªctima e infractor a la vez.

La vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega dijo el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es una "cuesti¨®n compleja". No respondi¨® a una pregunta sobre las ordenanzas c¨ªvicas a pesar de que el propio Ejecutivo aprob¨® el a?o pasado un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos que parte de la base de que la mayor parte de las prostitutas son esclavas. Desde el Ministerio de Igualdad, impulsor de este Plan, tampoco han querido pronunciarse sobre este problema.

"La cuesti¨®n es que multando a las mujeres s¨®lo se consigue victimizarlas doblemente", opina Ram¨®n Esteso, coordinador del programa de Exclusi¨®n Social de la ONG M¨¦dicos del Mundo. La mayor parte de las ordenanzas municipales sancionan tanto a los clientes como a las prostitutas. Pero la realidad es otra. En La Jonquera, donde se aprob¨® la norma hace apenas dos meses, se han impuesto 106 sanciones: 102 a prostitutas y 4 a clientes. En Barcelona, pionera en este tipo de ordenanzas —la suya entr¨® en vigor en enero de 2006—, menos de un tercio de las multas de 2007 fueron para los clientes. El pueblo de Calvi¨¤ (Mallorca) s¨®lo las castiga a ellas e incluso se las juzga penalmente por una falta de "desobediencia a la autoridad" despu¨¦s de que la polic¨ªa les haya advertido de que estaban cometiendo una infracci¨®n.

Las mujeres m¨¢s desprotegidas son las que acaban en la calle. Muchas de ellas, nigerianas. Extremadamente vulnerables. Deben enormes sumas de dinero a las mafias —que les cobran entre 40.000 y 60.000 euros por traerlas a Espa?a— y tienen muchos problemas para entrar en los clubs. Los empresarios las consideran conflictivas, a ellas o a sus proxenetas, y tienen menos ¨¦xito con los clientes que las europeas y latinoamericanas, de forma que es muy complicado ver a m¨¢s de una o dos en cada local. "En la calle se bajan much¨ªsimo los precios", dice Esteso, de M¨¦dicos del Mundo. "La mayor¨ªa apenas sobrevive, con 10 euros por felaci¨®n y 20 por un completo".

Estas medidas son, adem¨¢s, ineficaces. "La prostituci¨®n callejera es como la energ¨ªa: ni se crea ni se destruye, se transforma", dice un mando policial de Madrid. "En este caso, s¨®lo se traslada". En algunos pueblos han conseguido, eso s¨ª, desplazar el problema al municipio vecino, que no tiene ordenanza c¨ªvica. En Madrid, donde no hay normativa, los cortes al tr¨¢fico en Casa de Campo o la colonia Marconi tampoco han acabado con la prostituci¨®n callejera. "Nosotros no aprobaremos ordenanza", dice Roc¨ªo de la Hoz, directora de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento. "Pensamos que estas mujeres son v¨ªctimas a las que hay que ayudar, no multar". Las ONG critican, sin embargo, la escasez de fondos —en Madrid y en todas partes— para apoyar a estas mujeres.

"Esto no es un tema de moral ni de est¨¦tica", dice un portavoz de la asociaci¨®n madrile?a Nuevos Vecinos de Montera, n¨²cleo de la prostituci¨®n callejera en el centro de la ciudad. "Se trata de que hay un mont¨®n de mujeres que pueden estar siendo explotadas al lado de nuestras casas. Est¨¢n ah¨ª, y habr¨¢ que hacer algo. Regularlas o ayudarlas".