Terceros en discordia

La subcomisi¨®n del Congreso de los Diputados creada al comienzo de esta legislatura para preparar las grandes l¨ªneas de una eventual reforma de la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General (LOREG), de 1985, parece perdida en el desierto de las discusiones bizantinas y el mutuo obstruccionismo. No ser¨¢ por falta de ayuda. El excelente informe elaborado hace un a?o a instancias del Gobierno por el Consejo de Estado con el objetivo de analizar las principales propuestas de reforma electoral sugeridas por las fuerzas pol¨ªticas y por los expertos en la materia durante el ¨²ltimo quinquenio pasa revista a un gran n¨²mero de controvertidas cuestiones y apunta soluciones posibles.

No hace falta demasiada suspicacia para temer que el abrumador predominio sobre la C¨¢mara Baja -m¨¢s de las cuatro quintas partes de los esca?os- de los dos grandes partidos de implantaci¨®n estatal bloquee cualquier modificaci¨®n sustancial que perjudique la ventajosa posici¨®n adquirida por socialistas y populares respecto a terceras opciones de ¨¢mbito nacional -como IU y UPyD- si se alterasen las reglas de transformaci¨®n de los votos en esca?os.

Bastar¨ªa una ley org¨¢nica para reducir a un solo diputado los dos ahora exigidos por la normativa

El reconocimiento constitucional de la provincia como circunscripci¨®n electoral (esto es, de las 50 demarcaciones supramunicipales heredadas del siglo XIX) es el principal condicionante estructural de las discriminaciones padecidas por los partidos minoritarios. La aparatosa distancia demogr¨¢fica que separa entre s¨ª a las provincias (desde los millones de madrile?os hasta las decenas de miles de sorianos) combinada con el sistema de representaci¨®n territorial condenar¨ªa a los territorios menos poblados a una representaci¨®n casi rid¨ªcula en el Congreso. La ingenier¨ªa electoral de la transici¨®n invent¨® un ingenioso mecanismo correctivo para evitarlo: la fijaci¨®n de un n¨²mero fijo de diputados (ahora son dos) por provincia -cualquiera que sea su poblaci¨®n- con independencia de los que luego sean elegidos de acuerdo con su censo total. El precio a pagar por esta f¨®rmula salvadora del honor de las circunscripciones desertizadas ha sido muy elevado para la equidad democr¨¢tica: la sustituci¨®n primero del sistema proporcional por otro pr¨¢cticamente mayoritario en las provincias menos pobladas (inclinadas ideol¨®gicamente hacia la derecha en buen n¨²mero de casos); la desigual eficacia del voto individual en funci¨®n de la circunscripci¨®n donde se deposite la papeleta (un diputado madrile?o necesita muchas m¨¢s adhesiones individuales en las urnas que un colega soriano para lograr el acta), y la marginaci¨®n de los terceros partidos en los territorios menos poblados al grito del voto ¨²til.

Si socialistas y populares se pusiesen de acuerdo, resultar¨ªa muy f¨¢cil modificar la LOREG en este punto. Aunque la supresi¨®n del principio de la representaci¨®n m¨ªnima por provincia exigir¨ªa una reforma constitucional, bastar¨ªa con una ley org¨¢nica para reducir a un solo diputado los dos ahora exigidos por la normativa y para elevar de 350 a 400 el total de miembros del Congreso (una posibilidad prevista por la Constituci¨®n). ?Querr¨¢n hacerlo PSOE y PP?