El Gobierno vasco asumir¨¢ casi la mitad de los empleados del Inem

El acuerdo para transferir las pol¨ªticas activas de empleo a la comunidad aut¨®noma vasca, cerrado la pasada semana entre los Gobiernos central y vasco tras permanecer casi 30 a?os pendiente, deja a¨²n en el aire los t¨¦rminos en que se producir¨¢ la asunci¨®n de las competencias laborales por parte de la administraci¨®n auton¨®mica. Est¨¢n por concretar, entre otros asuntos, la cuant¨ªa exacta de la transferencia, que rondar¨¢ los 300 millones de euros, as¨ª como la ordenaci¨®n de toda la red de organismos que han venido operando en el ¨¢mbito del empleo en muchos casos de forma solapada entre el Inem y Lanbide. Tambi¨¦n est¨¢ por definir el futuro de los trabajadores del Inem.

En un primer borrador se establece que de los 926 empleados que tiene el Inem en Euskadi, 448 cambiar¨¢n su estatus laboral y pasar¨¢n a depender del Gobierno vasco, mientras que los 478 restantes (personal adscrito a las prestaciones de la Seguridad Social) est¨¢n catalogados como no transferibles.

Frente al "todo o nada", ahora hay un "¨¢mbito compartido de decisi¨®n"

El Gobierno vasco vuelve a tener en contra a sindicatos nacionalistas y el PNV

El Gobierno vasco se har¨¢ cargo a partir del pr¨®ximo 1 de enero de la titularidad competencial de las pol¨ªticas activas de empleo, lo que supone b¨¢sicamente comenzar a gestionar el Inem, esto es, la intermediaci¨®n en el mercado laboral, la formaci¨®n ocupacional, el fomento del empleo, la orientaci¨®n e inserci¨®n laboral, y las escuelas talleres. El pacto entre el lehendakari Patxi L¨®pez y el vicepresidente tercero Manuel Chaves viene a satisfacer una vieja demanda de las instituciones vascas, aunque no contenta plenamente las reivindicaciones de los nacionalistas, que han venido exigiendo el traspaso ¨ªntegro de las competencias laborales, inclu¨ªdas las pol¨ªticas pasivas (el pago de las prestaciones por desempleo, baja laboral o invalidez).

Frente al "todo o nada" de los nacionalistas, el acuerdo base alcanzado ahora supone hacer de las pol¨ªticas de empleo "un ¨¢mbito compartido de decisi¨®n" entre las instituciones competentes, seg¨²n fuentes oficiales. Madrid y Vitoria se han propuesto, "desde la cooperaci¨®n y no desde la confrontaci¨®n", redefinir la red de organismos, lo que conllevar¨¢ necesariamente la desaparici¨®n de las duplicidades que se dan en la actualidad entre las 30 oficinas del Inem y las nueve de Lanbide que el anterior Ejecutivo nacionalista puso en marcha entre 2004 y abril de 2009.

El Gobierno vasco deber¨¢ constituir la nueva entidad que gestionar¨¢ todas las pol¨ªticas de empleo y en la que se agrupar¨¢n las oficinas y el personal. Podr¨ªa optar por la f¨®rmula jur¨ªdica de ente p¨²blico de derecho privado (como Osakidetza) o de un organismo aut¨®nomo (igual que el Eustat). En ese organismo se integrar¨¢n todas las sucursales del Inem, hasta ahora dependientes del Ministerio de Trabajo y que pasar¨¢n a ser de titularidad auton¨®mica, como sucede en el resto de las comunidades. Tambi¨¦n absorber¨¢ las nueve sedes de Lanbide, donde trabajan 72 personas.

Uno de los caballos de batalla ser¨¢ determinar la cifra de empleados del Inem que ser¨¢n transferidos y cu¨¢ntos seguir¨¢n dependiendo de la administraci¨®n central. A falta de hacer los ajustes definitivos, el servicio p¨²blico estatal ha elaborado un listado provisional con 448 trabajadores que ser¨ªan asimilados por el Ejecutivo vasco. Se trata de aquellos que est¨¢n dedicados a pol¨ªticas activas de empleo. Otros 478 empleados del Inem que ahora tramitan las prestaciones de la Seguridad Social (pol¨ªticas pasivas) se quedan fuera del acuerdo y continuar¨¢n dependiendo del ministerio.

Las cifras son a¨²n provisionales y ser¨¢n objeto de discusi¨®n entre Madrid y Vitoria. Los sindicatos UGT y CC OO de Euskadi han solicitado la creaci¨®n de una comisi¨®n para analizar caso por caso el destino de los empleados del Inem, puesto que la divisi¨®n entre el personal del Inem suscitar¨¢ diferencias salariales notables a favor de quienes pasen a depender del Gobierno vasco que los sindicatos cifran entre 9.000 y 12.000 euros anuales.

M¨¢s all¨¢ de la nueva organizaci¨®n del sistema vasco de empleo, el acuerdo para desatascar la transferencia ha avivado la controversia entre el Ejecutivo socialista y las centrales y formaciones nacionalistas. El PNV, que en sus a?os de gobierno exigi¨® el traspaso ¨ªntegro de todas las competencias laborales e impuls¨® con la ayuda de su socio EA la creaci¨®n de una red paralela de oficinas de colocaci¨®n, considera ahora insuficiente el traspaso de las pol¨ªticas activas porque quedan fuera la recaudaci¨®n y gesti¨®n de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, lo que habr¨ªa significado romper la caja ¨²nica de la Seguridad Social. Cualquier cifra por debajo de los 400 millones por la transferencia de las pol¨ªticas activas de empleo ser¨ªa "perder dinero" y una "dejaci¨®n" por parte del Gobierno vasco, seg¨²n ha afirmado el peneuvista Andoni Ort¨²zar.

El PNV reclama que la cuant¨ªa de los recursos transferidos se obtenga de aplicar el 6,24% que estipula el Cupo a los 7.600 millones de euros que el Inem destina anualmente en el conjunto de Espa?a a las pol¨ªticas de empleo. Sin embargo, en el acuerdo final no se computan los 2.500 millones de las bonificaciones a la contrataci¨®n, de ah¨ª que la partida definitiva rondar¨¢ los 315 millones.

Los grupos nacionalistas han tachado de oscurantista al gabinete de L¨®pez por no facilitar toda la informaci¨®n sobre el traspaso de esta competencia. En su defensa, los socialistas aseguran que el acuerdo se ir¨¢ concretando en los pr¨®ximos meses, con el objetivo de que el pr¨®ximo 2 de enero Euskadi comience a funcionar el nuevo servicio vasco de empleo.