Feroz resistencia al aborto legal en Am¨¦rica Latina

Mar¨ªa Silva y Mar¨ªa D¨ªaz ten¨ªan 22 y 21 a?os, eran madres de uno y de dos ni?os y no quer¨ªan tener m¨¢s. Murieron a finales de septiembre y principios de octubre en Santa Fe y en C¨®rdoba (Argentina), v¨ªctimas de infecciones provocadas por abortos clandestinos, realizados en p¨¦simas condiciones sanitarias. La ¨²nica periodista que lo cont¨® fue Mariana Carvajal, en P¨¢gina12. El resto de los medios argentinos ignoraron pr¨¢cticamente las dos muertes.

La negativa a debatir los terribles efectos de la ilegalizaci¨®n del aborto, el hecho de que constituye un grave problema de salud p¨²blica, es una de las peores maldiciones que sufren las mujeres de casi todo Am¨¦rica Latina, uno de los sitios m¨¢s peligrosos del mundo para ser mujer y uno de los que m¨¢s tarde ha llegado el cambio cultural sobre la sexualidad y la reproducci¨®n. De nada sirve que las estad¨ªsticas hablen de cuatro millones de abortos clandestinos al a?o o de 4.000 mujeres muertas que pudieron haberse evitado. Imposible conseguir que los parlamentos discutan la situaci¨®n o que pol¨ªticos de peso se pronuncien a favor de legalizar la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Incre¨ªblemente, en algunos casos las leyes aprobadas en los a?os treinta para autorizar abortos terap¨¦uticos (por riesgo de la vida de la madre o por violaci¨®n) han sido revisadas, pero para endurecerlas m¨¢s. Y en los pocos pa¨ªses en los que se intenta avanzar, la reacci¨®n es furibunda.

Incidentes en Bogot¨¢ por el rechazo a que se informe de los supuestos permitidos

Altos cargos de Per¨² amenazan con la dimisi¨®n por una legalizaci¨®n parcial

Esta semana ha habido incidentes en Bogot¨¢, donde grupos de mujeres ped¨ªan que se aplique una decisi¨®n de la Corte Constitucional que obliga al Gobierno a informar en las escuelas sobre los tres casos en los que el aborto est¨¢ despenalizado (violaci¨®n, malformaci¨®n del feto y riesgo para la vida de la madre). La idea surgi¨® del caso de una ni?a de 13 a?os violada por un vecino que, pese a tener derecho legal a abortar, fue rechazada en siete hospitales. Incluso un juez le neg¨® protecci¨®n jur¨ªdica. Finalmente, la Corte dio la raz¨®n a la ni?a (que ya hab¨ªa tenido al beb¨¦) y record¨® que el Gobierno tiene la obligaci¨®n de informar en las escuelas de secundaria. El rechazo de la Iglesia fue total. "Los educadores cat¨®licos no vamos a ense?arles eso", dijo Juan Vicente C¨®rdoba, portavoz de la Conferencia Episcopal.

En Per¨², el debate de la despenalizaci¨®n en esos tres casos, pendiente del Congreso, ha provocado la amenaza de dimisi¨®n del ministro de Defensa, Rafael Rey, y de otros altos cargos del Gobierno de Alan Garc¨ªa. La Iglesia, por su parte, ha organizado esta misma semana manifestaciones para contrarrestar a los grupos de mujeres que salieron a la calle a reclamar el derecho a abortar en caso de violaci¨®n y malformaci¨®n del feto. El presidente del Congreso deber¨¢ ahora decidir si somete directamente a votaci¨®n la propuesta de ley o si la env¨ªa para su debate en la comisi¨®n de Justicia.

En Chile, uno de los pa¨ªses m¨¢s modernos de Am¨¦rica Latina, la dictadura cambi¨® la ley para que la vida de la madre est¨¦ supeditada a la del feto y ni la presidenta Michelle Bachelet ha podido suprimir tanta brutalidad.

La posici¨®n de la Iglesia cat¨®lica, absolutamente combativa, resulta decisiva. La mayor¨ªa de los obispos latinoamericanos no s¨®lo condena, sino que persigue con sa?a a quienes se atreven a practicarlo. Hay que recordar al obispo brasile?o que quer¨ªa obligar a una ni?a de 10 a?os, violada por su padrastro, a tener mellizos o la campa?a desatada este mes por el obispo de Tucum¨¢n (Argentina) que envi¨® a sus fanatizados fieles a insultar y atacar a las 20.000 participantes en el XXIII Encuentro de Mujeres, porque exig¨ªan que pusieran en marcha la ley federal que garantiza el reparto gratuito de anticonceptivos.

En Rep¨²blica Dominicana, otro pa¨ªs gobernado por un dirigente progresista, Leonel Fern¨¢ndez, se aprob¨® en septiembre una modificaci¨®n de la Constituci¨®n que pretende modernizar el pa¨ªs. El art¨ªculo 30 de la reforma establece "la inviolabilidad de la vida desde la concepci¨®n hasta la muerte", lo que vuelve a convertir en delito penado con hasta cinco a?os de c¨¢rcel cualquier aborto. Todo esto cuando el 80% de la poblaci¨®n est¨¢ de acuerdo con la despenalizaci¨®n del aborto terap¨¦utico. Lo mismo ha sucedido ya en Nicaragua, donde el corrupto Daniel Ortega se ha aliado con el obispo de Managua para penalizar todo tipo de aborto, con una legislaci¨®n tan brutal, que las organizaciones internacionales de derechos humanos la han calificado directamente de "irracional".

"Lo peor es que existe una enorme resistencia a discutir siquiera el problema", explica Mariana Carvajal, que acaba de publicar en Argentina El aborto en debate: aportes para una discusi¨®n pendiente (Editorial Paid¨®s). Lo mismo opina Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia y una de las pocas voces que intenta colocar el tema en la agenda p¨²blica. "Reconozcamos que el aborto es algo que existe".

La capa de invisibilidad con que se quiere cubrir el problema no evita que la realidad asome: en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos anuales. "Es una cuesti¨®n de salud p¨²blica y muchos m¨¦dicos son conscientes de ello", admite Argibay.

Carvajal cuenta que los m¨¦dicos y los pol¨ªticos m¨¢s preocupados por esa realidad intentan encontrar atajos para mejorarla. "Por ejemplo, la estrategia de reducci¨®n de da?os, que se puso en marcha en Uruguay y que supone una consejer¨ªa "pre y post" aborto. Los m¨¦dicos saben que no pueden practicarlo ni recomendarlo, pero s¨ª "informar" a las mujeres sobre las maneras de llevarlo a cabo. Y, adem¨¢s, pueden atenderlas una vez que lo han practicado.

En Chile, por ejemplo, Bachelet, que es m¨¦dico, impuso que los facultativos de los hospitales p¨²blicos no pudieran denunciar a las mujeres que hubieran abortado ni negarles su ayuda. En Argentina, el ex ministro de Salud Gin¨¦s Gonz¨¢lez Garc¨ªa puso en marcha una gu¨ªa para la atenci¨®n de Abortos No Punibles, que obliga a los m¨¦dicos a mantener una actitud m¨¢s humanitaria y profesional con quienes han abortado.

Estos peque?os pasos son importantes pero tienen poco impacto sobre la cifra de abortos clandestinos y de muertes. De hecho, M¨¦xico DF, con una nueva ley de plazos, como la cubana, es la ¨²nica gran ciudad americana donde ha bajado sustancialmente el n¨²mero de v¨ªctimas. Da la impresi¨®n de que lo que est¨¢ ayudando m¨¢s a las latinoamericanas en esta d¨¦cada no es la llegada al poder de mujeres presidentas o de gobiernos de izquierda, sino la aparici¨®n de un medicamento que se llama Misoprostol, que se receta para el tratamiento de ¨²lceras g¨¢stricas, pero que tiene un efecto abortivo. La informaci¨®n boca a boca y los farmac¨¦uticos comprensivos han resultado un camino no siempre eficaz pero s¨ª, al menos, de riesgo m¨¢s reducido.

"El problema es que muchas veces ni tan siquiera se aplican las legislaciones actuales que, en muchos pa¨ªses, consideran no punible que una mujer aborte si est¨¢ en riesgo su vida o si ha sido v¨ªctima de una violaci¨®n (aunque en Argentina, por ejemplo, ese supuesto se reserva s¨®lo para mujeres violadas que sean idiotas o dementes)", explica Carvajal. Salvo Chile, El Salvador, Nicaragua y Rep¨²blica Dominicana, donde no se puede abortar ni para salvar a la madre, en todos los dem¨¢s pa¨ªses de la regi¨®n se admite el aborto por violaci¨®n, incesto o grave peligro para la salud de la madre, pero la influencia de las diferentes iglesias, la falta de informaci¨®n y la falta de voluntad de los pol¨ªticos han hecho que ni tan siquiera en esos casos tan reducidos las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma segura. Excepci¨®n hecha, claro, de las de clase alta, econ¨®micamente potente, que abortan sin problemas y en secreto en las cl¨ªnicas privadas de todos esos mismos pa¨ªses.