La Rioja encarga a un prestigioso jurista el recurso contra el blindaje del Concierto

El Gobierno de La Rioja que preside el popular Pedro Sanz ha encargado ya oficialmente a un prestigioso jurista especializado en Derecho Administrativo la preparaci¨®n del recurso de inconstitucionalidad que anunci¨® en el caso de que saliera adelante el prop¨®sito de blindar jur¨ªdicamente las normas forales de contenido fiscal que aprueban las Juntas Generales, elevando su enjuiciamiento al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo riojano, que se ha carecterizado por impugnar sistem¨¢ticamente desde los noventa las normas tributarias vascas que introducen ventajes para las empresas en el Impuesto de Sociedades, no est¨¢ dispuesto a aceptar que se le impida hacerlo en el futuro.

Por eso, se ha situado al frente, junto a los gobiernos de Castitilla y Le¨®n y Cantabria, de la oposici¨®n al blindaje que se pretende impulsar desde Euskadi mediante la modificaci¨®n de las leyes org¨¢nicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. A esto es a lo que se ha comprometido el PSOE en el Congreso, despu¨¦s de que el PNV pusiera esta reforma legal como condici¨®n para apoyar los Presupuestos del Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero. El acuerdo establece que la modificaci¨®n de ambas leyes se abordar¨¢ en diciembre, antes de que se produzca la votaci¨®n final de las cuentas del Estado.

En el caso de que el blindaje salga adelante, s¨®lo podr¨¢n recurrir las normas forales el Gobierno central o 50 diputados o senadores. Se cerrar¨ªa as¨ª la posibilidad de que lo hagan los gobiernos auton¨®micos u organizaciones patronales y sindicales, como sucede ahora en que su enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco y, en segunda instancia, al Tribunal Supremo.

Experto administrativista

Anticip¨¢ndose a la reforma planteada a instancias de todos los partidos del Parlamento vasco a excepci¨®n de UPyD, el Gobierno de La Rioja ha adjudicado Santiago Mu?oz Machado, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, el recurso contra la futura ley. De este modo, si se aprueba al final en las Cortes, el propio Tribunal Constitucional deber¨¢ pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma de su ley para dar cobijo a las normas de las Juntas Generales. Algunos expertos ya han advertido de que esa pretensi¨®n podr¨ªa chocar con la propia Constituci¨®n, que reserva el rango de ley, y por tanto su enjuiciamiento por el Constitucional, a las normas que aprueban las Cortes Generales y los parlamentos auton¨®micos.