El pol¨¦mico l¨ªmite a las ayudas sociales
La nueva Renta B¨¢sica impone recortes que inquietan a las ONG - El Gobierno considera imprescindible la reordenaci¨®n para la sostenibilidad de las prestaciones
Desde el pr¨®ximo enero no podr¨¢ haber m¨¢s de dos perceptores de Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI, la antigua Renta B¨¢sica) por cada vivienda. El borrador del nuevo decreto que est¨¢ preparando el Departamento de Asuntos Sociales y cuya entrada en vigor esta prevista para ese mes incluye esa novedad entre otras, como limitar la vigencia de la prestaci¨®n a dos a?os. La consejer¨ªa pretende con ello "reordenar" las ayudas para que sigan siendo sostenibles, desde el punto de vista econ¨®mico y social, pero tambi¨¦n poner l¨ªmites a casos de pisos patera y falsos empadronamientos, como los que se han descubierto ¨²ltimamente en Bilbao. Sin embargo, los colectivos y ONG que trabajan con personas en riesgo de exclusi¨®n social temen que el recorte deje sin ayudas sociales a cientos de desempleados que ahora las cobran de forma perfectamente leg¨ªtima.
"Nadie que tenga derecho se quedar¨¢ sin acceso a los recursos sociales"
El Gobierno estima que los beneficiarios pueden llegar a 70.000 en 2010
Las organizaciones temen que cientos de perceptores se queden sin ayudas
La limitaci¨®n a dos perceptores no afecta a los pisos sociales de las ONG
El nuevo decreto, que desarrolla la Ley de Garant¨ªa de Ingresos aprobada por el tripartito de Ibarretxe en junio de 2008, busca replantear la distribuci¨®n de unos recursos sociales que resultan limitados en un momento en que cada vez m¨¢s personas solicitan acogerse a ellos. La crisis ha disparado de forma muy importante el n¨²mero de solicitantes de ayudas sociales y en especial de la RGI. Frente a las 39.000 peticiones aprobadas el a?o pasado, que ya supon¨ªan un incremento notable con respecto a los datos de los ejercicios precedentes, cuando rondaban las 30.000, el Gobierno espera cerrar 2009 con cerca de 56.000 solicitudes aprobadas.
Estas ayudas supusieron el a?o pasado un gasto de 197 millones de euros. Este ejercicio se prev¨¦ destinar a las mismas 266 millones y los presupuestos de 2010 consignan una partida de 281,5 millones. Las cifras finales de 2009 y 2010 podr¨ªan incluso crecer, ya que, al ser la RGI un derecho individual y exigible, el Gobierno aci¨®n para este cap¨ªtulo por medio de cr¨¦ditos si se encuentra con m¨¢s beneficiarios de lo previsto. Asuntos Sociales estima que entre 65.000 y 70.000 ciudadanos pueden cobrar la Renta de Garant¨ªa el a?o entrante.
El porcentaje de fraude entre sus perceptores resulta muy bajo, recalca Pedro S¨¢nchez Amado, nuevo director de Acci¨®n Social. Sin embargo, considera indispensable "evitar el contexto" para que ¨¦ste se produzca: "Tenemos que prestigiar el sistema de atenci¨®n a los desfavorecidos y evitar que genere rechazos entre el resto de la sociedad".
Una reciente inspecci¨®n en Bilbao descubri¨® 13 pisos en que estaban empadronadas 246 personas, aunque en realidad s¨®lo viv¨ªan 93. Se decret¨® la suspensi¨®n de 44 de las RGI y dos casos se remitieron al fiscal al hallarse indicios de un lucrativo negocio fraudulento: empadronar a personas que no resid¨ªan all¨ª a cambio de una comisi¨®n sobre las ayudas que cobraban.
La respuesta de los colectivos sociales, vertebrados en torno a la filial vasca de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN Euskadi) es que estos casos son excepcionales y ya se persiguen policial y judicialmente. La inquietud por el recorte a dos personas por vivienda ha presidido el di¨¢logo entre estos colectivos y ONG y Asuntos Sociales para la redacci¨®n definitiva del decreto. "Puede crear una bolsa de personas que, al quedarse de golpe sin recursos, acudir¨¢ en masa a organizaciones como la nasa a organizaciones como la nuestra", explica un portavoz de C¨¢ritas. Esta ONG ha pedido al Gobierno que se tenga en cuenta el ratio de habitabilidad de los pisos a la hora de fijar un l¨ªmite, como se ven¨ªa haciendo hasta ahora. "No es lo mismo que est¨¦n viviendo siete personas en un piso de 30 metros cuadrados que en uno de 150", a?ade dicho portavoz.
Colectivos como Argilan o las asambleas de parados de Bilbao opinan que la nueva redacci¨®n "va en contra de los j¨®venes, las personas que comparten piso por carecer de recursos, que abandonan una vivienda por una separaci¨®n o las familias inmigrantes". "Existen casos de pisos compartidos por tres, cuatro o cinco individuos que no son familia entre s¨ª y que estar¨ªan cada uno en situaci¨®n de cobrar la Renta de Garant¨ªa", apunta una mediadora social de un colectivo que trabaja con inmigrantes. Esta tipolog¨ªa de vivienda colectiva con varias personas en situaci¨®n de solicitar la RGI se corresponde especialmente con los trabajadores extranjeros, coinciden varias ONG.
Asuntos Sociales conoce esa casu¨ªstica, pero sus responsables creen que quienes se vean afectados encontrar¨¢n otras v¨ªas para acceder a las ayudas. "Nadie que tenga derecho a ellos se va a quedar sin acceso a los recursos sociales", insiste S¨¢nchez Amado, quien a?ade que, en tiempos de crisis, "el sistema es necesario para todo el mundo que lo necesite, no s¨®lo para familias monoparentales o inmigrantes". Hasta ahora los extranjeros y las madres con hijos a su cargo eran los perceptores por excelencia de esta renta (un 30% y un 56% de las solicitudes aprobadas en 2007, respectivamente). Ahora, Inserci¨®n Social teme que a ellos se sumen familias aut¨®ctonas afectadas por cierres de empresas y trabajadores a los que se les empieza a agotar el subisidio de paro.En todo caso, S¨¢nchez Amado precisa que existir¨¢ un periodo de transici¨®n en el que Gobierno, diputaciones y organizaciones del Tercer Sector ir¨¢n aplicando poco a poco los cambios. Tiempo es precisamente lo que han pedido al Ejecutivo las organizaciones que integran la red EAPN Euskadi, seg¨²n explica su gerente, Cristina Larra?aga, quien confirma su preocupaci¨®n por la redacci¨®n del nuevo decreto. "Es muy dif¨ªcil calcularlo, pero creemos que ser¨¢n centenares las personas que perder¨¢n el acceso a las ayudas".
La limitaci¨®n a dos perceptores por hogar tiene una notable excepci¨®n: no afectar¨¢ a los recursos sociales de las ONG. "Los l¨ªmites no se aplican a alojamientos colectivos: pisos de acogida, hoteles o pensiones", detalla S¨¢nchez Amado. Es decir, cada residente en las viviendas de acogida colectivas, gestionadas por distintas ONG y cuya finalidad es alojar a aquellas personas que sufren un mayor riesgo de exclusi¨®n social, seguir¨¢ teniendo el derecho individual a solicitar la ayuda.
Sin embargo, Larra?aga recuerda que no todos los pisos de acogida de las ONG se hallan "conveniados" con el Ejecutivo. Adem¨¢s, pr¨¢cticas como empadronar en locales de estas organizaciones a inmigrantes que no pod¨ªan acceder a un empadronamiento por no contar un contrato de arrendamiento han resultado habituales hasta ahora, seg¨²n confirman fuentes del ¨¢mbitdemos el v¨¦rtigo, pues es un cambio importante, pero no somos los que venimos a liderar un Gobierno de izquierdas los que vamos a recortar los derechos sociales", apostilla el responsable de Acci¨®n Social, hasta hace unas semanas trabajador social en el Ayuntamiento de Ermua.
El pr¨®ximo mes de enero est¨¢ previsto que entre en vigor tambi¨¦n la Prestaci¨®n Complementaria de Vivienda (PCV). El Ejecutivo desliga esta prestaci¨®n de las ayudas de emergencia social (AES). "Hasta ahora cerca del 80% de las AES se va en ayudas de vivienda; por eso la necesidad de separarlas", se?ala S¨¢nchez Amado. La calidad de esta ayuda es distinta de la de las AES, al pasar a ser un derecho subjetivo y exigible, como la RGI. La prestaci¨®n se destina al alquiler, es complementaria a la RGI y tiene la misma limitaci¨®n de dos prestaciones por hogar y dos a?os de vigencia.
La nueva prestaci¨®n nace con una partida asignada de 43 millones de euros. El director de Acci¨®n Social ve razonable la limitaci¨®n a dos ayudas, entre otras razones porque con ambas "se podr¨ªa dar el supuesto de que entrasen en una misma casa casi 2.500 euros en ayudas sociales". Para que ello se produjera tendr¨ªa que haber dos familias de tres o m¨¢sber dos familias de tres o m¨¢s miembros residiendo en una vivienda y cobrando, cada una, el m¨¢ximo posible: 910 euros de la Renta y 320 de la prestaci¨®n.
El borrador de la nueva Ley de Garant¨ªa de Ingresos
- Dos perceptores m¨¢ximo por domicilio, excepto en alojamientos colectivos.
- Art. 6.2 "En el caso de que una misma vivienda o alojamiento, en los t¨¦rminos en que se define en el art¨ªculo 6.1, fuera compartido por dos o m¨¢s unidades de convivencia, el n¨²mero m¨¢ximo de prestaciones de Renta de Garant¨ªa de Ingresos concedibles en dicha vivienda o alojamiento ser¨¢ de dos".
- Art. 6.3 "En el caso de los alojamientos colectivos (...) podr¨¢n acceder a la Renta de Garant¨ªa de Ingresos todas las unidades de convivencia que se alojen en ellas".
- ?Qui¨¦n puede cobrar la nueva RGI? Hecha la salvedad anterior, las mismas personas que hasta ahora: familias o individuos sin ingresos con un a?o de empadronamiento y con ahorros inferiores a los 26.000 euros. Una "unidad de convivencia" de s¨®lo un miembro cobra 640 euros al mes; dos miembros, 822 euros y tres o m¨¢s miembros, 910 euros. Para familias o individuos cuyos ingresos sean inferiores al 88% del Salario M¨ªnimo Interprofesional, se establecen complementos.
- ?Qui¨¦n puede cobrar la nueva ayuda de vivienda? Las mismas personas. La cuant¨ªa asciende a 250 euros por familia al mes para uno o dos miembros y 320 desde tres.
'SIN PAPELES': "No s¨¦ c¨®mo salir adelante"
Abu (nombre ficticio) es un senegal¨¦s de 27 a?os que comparte piso en Bilbao con otros tres compatriotas en situaci¨®n irregular. Como cada vez est¨¢ m¨¢s perseguida la venta ambulante de CD cada vez dependen m¨¢s de la Renta de Garant¨ªa de Ingesos. "No s¨¦ c¨®mo vamos a salir adelante", indica. "Estas personas vienen a Euskadi a trabajar, pero necesitan la ayuda hasta que se regularizan. La RGI es un trampol¨ªn para ellos", se?ala un responsable de una ONG vizca¨ªna que trabaja con personas en la misma situaci¨®n que Abu.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE: "Para que no se deslegitime"
Los ayuntamientos son los encargados de gestionar las solicitudes de RGI. El de Bilbao realiza adem¨¢s inspecciones policiales. La fiscalizaci¨®n y limitaci¨®n de las ayudas es necesaria para que los ciudadanos constaten que esos derechos llevan aparejados obligaciones y la ayuda "no se deslegitime socialmente", explica el concejal de Asuntos Sociales, Ricardo Barkala. "Todo el mundo afirma conocer casos de fraude", explica, pese a que la tasa de irregularidades ronda el 8% y de ellas "s¨®lo una peque?a parte podr¨ªan ser consideradas fraude".
FAMILIAS MONOPARENTALES: "Mal momento para cambios"
Las familias monoparentales suponen el 57% de los perceptores de la Renta de Garant¨ªa de Ingresos, recuerda Rosa de la Fuente, presidenta de la Asociaci¨®n de Familias Monoparentales de Euskadi. "No es el mejor momento para introducir cambios", porque "la crisis est¨¢ afectando especialmente a nuestro colectivo", indica. De la Fuente expresa su inquietud por la situaci¨®n de madres y padres solteros que comparten piso, y se queja de que Asuntos Sociales no les ha trasladado a¨²n el borrador de la reforma.
TRABAJADORES PRECARIOS: "No hay pisos para todos"
Con el nuevo decreto, el Gobierno pretende combatir el fen¨®meno de los pisos patera y la sobreocupaci¨®n, entre otras cuestiones. Sin embargo, las ONG recuerdan que la carest¨ªa de la vivienda obliga a los trabajadores en precario a compartir piso. "No hay viviendas para todos. Es una disfunci¨®n que la sociedad corrige con el alquiler compartido. Si se penaliza, mucha gente, independientemente de su nacionalidad, acabar¨¢ dependiendo de los recursos de organizaciones como la nuestra", explica un portavoz de C¨¢ritas.
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