La Audiencia estudia si cierra tras 6 a?os la causa de la Hacienda de Vizcaya

El juez hab¨ªa dado por concluido el sumario pero a¨²n puede alargarse m¨¢s. La Audiencia de Vizcaya debe estudiar si se prosigue, despu¨¦s de seis a?os de instrucci¨®n, con la investigaci¨®n al antiguo jefe de la Inspecci¨®n de la Hacienda foral, Juan Ramon Ibarra, imputado por un supuesto trato a favor a cerca de 25 contribuyentes.

La defensa de Ibarra ha argumentado que la imputaci¨®n en 2007 de un nuevo delito, el de cohecho, obliga a repetir las declaraciones de los testigos. Hasta entonces, el ex m¨¢ximo responsable de la Inspecci¨®n Fiscal estaba acusado de prevaricaci¨®n, falsedad en documento p¨²blico oficial y desobediencia a sus superiores. Por estos presuntos delitos, hab¨ªan declarado 126 personas: 122 testigos, el propio Ibarra y otros tres funcionarios de la Hacienda vizca¨ªna (un inspector, un subinspector y la jefa de Documentaci¨®n), a quienes el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Bilbao les acusa de colaboraci¨®n necesaria.

La imputaci¨®n del delito de cohecho obliga a repetir el paso de los testigos

Si la Audiencia no atiende a la defensa quedar¨ªa pendiente la fecha del juicio

En 2007, antes de la imputaci¨®n del cohecho, el juez daba por finalizada la instrucci¨®n, pero el nuevo delito oblig¨® a seguir con las diligencias. Seg¨²n fuentes del caso, se han pedido dos informes iguales, uno a la Agencia Tributaria y otro a la Hacienda de Vizcaya, sobre la situaci¨®n patrimonial del imputado y familia. Adem¨¢s, tambi¨¦n ha habido varias declaraciones de testigos.

El juez, con estos datos, ten¨ªa cerrado de nuevo la instrucci¨®n pero la petici¨®n de la defensa ha dejado el caso en manos de la Audiencia de Vizcaya, que debe decidir si acepta que vuelvan a declarar m¨¢s de 100 testigos sobre el presunto cohecho. En caso contrario, se dar¨ªa por concluido y quedar¨ªa pendiente la fijaci¨®n del juicio oral. Si lo acepta, las diligencias pueden prolongarse otro a?o m¨¢s.

La instrucci¨®n de esta causa comenz¨® el 4 de diciembre de 2003, tras una querella de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior vasco que detect¨® un supuesto trato a favor de 116 empresas, pertenecientes a cerca de 25 contribuyentes, que figuraban como sujetos a inspecciones pero sin que ¨¦stas se realizaran.

Durante la investigaci¨®n no ha quedado claro el m¨®vil del presunto trato a favor, ya que los beneficiarios pertenec¨ªan a distintas tendencias pol¨ªticas.

Ibarra, quien estuvo 15 a?os al frente del ¨¢rea que persigue el fraude fiscal en Vizcaya hasta su destituci¨®n a principios de 2004 por este caso, ha afirmado en sus declaraciones al juez que controlaba un listado especial de contribuyentes. Sin embargo, ha explicado que lo hac¨ªa para proteger a empresas en crisis o con el fin de ofrecerles un mayor grado de confidencialidad.

Ibarra ha llegado a asegurar que el listado era una "agenda personal para obtener informaci¨®n" sobre dichos contribuyentes y ha rechazado cualquier trato de favor a estos, pese a que s¨®lo ¨¦l pod¨ªa acceder a sus datos mediante la manipulaci¨®n inform¨¢tica.

La Diputaci¨®n de Vizcaya se desmarc¨® desde el principio de este caso al asegurar que las actuaciones de los imputados fueron "personales". Asegur¨® que realiz¨® una amplia inspecci¨®n de las cuentas de los contribuyentes supuestamente protegidos, aunque el resultado no se ha hecho p¨²blico.