Presunci¨®n de inocencia y cultura democr¨¢tica

La cultura, en un sentido global, diferencia a los pueblos y distingue a las sociedades plurales y democr¨¢ticas de los sistemas dictatoriales, que hurtan al ciudadano el acceso a la educaci¨®n y al conocimiento.

Dice la Real Academia Espa?ola que, en su segunda acepci¨®n, cultura es "el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio cr¨ªtico". La primera de las definiciones que nos ofrece es m¨¢s hermosa y pl¨¢stica: cultura es cultivo, cultura es crianza.

Por completar el t¨¦rmino, hay en el diccionario m¨¢s usado de la lengua espa?ola una definici¨®n, que ¨¦l mismo califica de popular, y que nos presenta la cultura como "el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo".

Algunos medios se convirtieron en juez y verdugo tild¨¢ndole de inmediato de asesino

Como en 'La jaur¨ªa humana', se est¨¢ cerca del linchamiento y lejos de la justicia

Nada m¨¢s acertado, si ponemos a la cultura en relaci¨®n con la actualidad. Y, me temo, que por ah¨ª va nuestra sociedad por un mal camino.

Hace unos d¨ªas hemos asistido en nuestro pa¨ªs a un lamentable suceso, en el que un ciudadano, sin apenas soluci¨®n de continuidad, ha pasado de ser presentado ante la opini¨®n p¨²blica como un asesino -¨¦ste fue el t¨¦rmino que hemos le¨ªdo y visto en algunos medios de comunicaci¨®n- a una situaci¨®n, siguiendo la terminolog¨ªa medi¨¢tica, de libertad sin cargos, sin tan siquiera haberle otorgado, en su momento, el beneficio, no ya de la duda, sino el de la ya habitual presunci¨®n de culpabilidad (y no me equivoco, hablo de presunci¨®n de culpabilidad, que es la que se usa habitualmente, pues nunca se habla de un presunto inocente).

No es objeto de esta reflexi¨®n indagar en las circunstancias que han rodeado el caso concreto y s¨ª, en cambio, constatar c¨®mo la sociedad, en su conjunto, no solamente los medios de comunicaci¨®n, se erigi¨® en un primer momento en juez y verdugo y despu¨¦s reaccion¨® a la manera de la peor de las tradiciones espa?olas: ejercitando el s¨¢lvese quien pueda y proclamando que la asunci¨®n de responsabilidades la tiene que hacer siempre otro.

La catarsis de la sociedad parece estar hecha. Se ha puesto en marcha el proceso l¨®gico, aunque demoledor por lo que esconde y deja oculto: de un "culpable" hemos pasado ahora a "otros negligentes responsables".

Con todo, no es ¨¦ste el ¨²nico aspecto que me preocupa y me invita al an¨¢lisis. Me sorprende, por supuesto, como jurista, el nulo respeto por el derecho a la presunci¨®n de inocencia, una de las grandes conquistas de la Revoluci¨®n Francesa frente a los reg¨ªmenes inquisitivos. Me molesta comprobar c¨®mo exhibimos p¨²blicamente y sin pudor a quienes ya hemos condenado sin pruebas, sin un juicio justo, desde nuestra particular jaur¨ªa humana. Y, a pesar de ello, no s¨¦ honradamente si lo que m¨¢s me inquieta es constatar que la sociedad es capaz de asumir que pueden existir ciudadanos "de primera clase" y ciudadanos "de segunda".

Desde cualquier rinc¨®n del pa¨ªs, y en todos los ¨¢mbitos, pol¨ªticos, sociales, culturales, no fueron pocas las voces que se levantaron para cuestionar la exhibici¨®n de detenidos, esposados y mermados en su movilidad, a los que -se dijo- se les a?ad¨ªa "la pena del telediario".

Se argumentaba que se da?aba as¨ª, gratuitamente y sin necesidad, la imagen y el honor de unos ciudadanos envueltos, ahora s¨ª presuntamente, en turbios asuntos financieros y de corrupci¨®n pol¨ªtica.

Por contra, no he visto, en los ¨²ltimos d¨ªas, a ra¨ªz del suceso del municipio canario de Arona, ni en cualquier otro suceso con los que desayunamos todos los d¨ªas, reacciones similares. La opini¨®n p¨²blica ha asumido, al parecer, la exhibici¨®n del detenido, tambi¨¦n esposado, mermado en su movilidad, increpado por otros ciudadanos, como algo natural.

La perniciosa diferencia entre ciudadanos "de bien" y "los otros", "los malos", aquellos que hemos englobado directamente bajo el t¨¦rmino de delincuentes -medie o no condena judicial-, resulta no solamente injusta y arbitraria, es sencillamente aterradora para la convivencia ciudadana y la paz social.

Reclamamos ahora, no s¨®lo los medios de comunicaci¨®n, sino la sociedad en general, y nos reclamamos a nosotros mismos, ejercicios de autocontrol en un proceso de flagelaci¨®n individual y colectiva, que, si no fuera por lo dram¨¢tico de la situaci¨®n, inducir¨ªa a llevar a la sociedad en bloque al div¨¢n del psiquiatra para, como dicen los j¨®venes, "hac¨¦rnoslo mirar".

Pero ?d¨®nde quedan estos autocontroles y estas autocr¨ªticas, cuando los que se han considerado presuntos asesinos, o presuntos homicidas, o presuntos agresores, y han sido exhibidos p¨²blicamente como asesinos, homicidas, en definitiva como delincuentes, resulta que al cabo de cierto tiempo son absueltos de los delitos? ?Por qu¨¦ no nos rasgamos entonces las vestiduras como hemos hecho en esta ocasi¨®n?

Lamentablemente, el tiempo nos condiciona. Tres d¨ªas permiten la disculpa, el reconocimiento del error -aunque sea de otros- y uno o dos a?os s¨®lo sirven para el olvido. Y all¨ª, en el olvido, se quedan el honor resquebrajado, la imagen maltratada, la reputaci¨®n nunca recuperada y, por supuesto, el derecho a la reparaci¨®n.

La presunci¨®n de inocencia es algo m¨¢s que una mera declaraci¨®n de principios democr¨¢ticos, es un derecho fundamental que tiene una doble dimensi¨®n. De un lado, es una regla probatoria o regla de juicio y, de otro, regla de tratamiento del imputado, no siendo posible concebir ambas dimensiones por separado: el sospechoso ha de ser tratado como inocente mientras no se demuestre lo contrario, a trav¨¦s de un juicio justo, celebrado con todas las garant¨ªas, en el que se acredite la culpabilidad de la persona, s¨®lo entonces podr¨¢ el Estado imponer la pena. Es, llanamente, una de las piedras angulares del Estado de derecho. Se tardaron siglos en la conquista de este derecho, su defensa nos compete a todos.

Quiero resaltar que el tratamiento de inocentes, que va ¨ªntimamente ligado a nuestra persona mientras un juez no diga lo contrario, en la sentencia, debe de alcanzar a todos los ciudadanos, sin primeras ni segundas divisiones, y en todos los momentos temporales, y que ante la ley la reputaci¨®n, la dignidad, el honor, la imagen de cualquier ciudadano ha de situarse en un plano de igualdad sin distinciones, basadas en estatus o condiciones sociales.

En 1966, Arthur Penn dirigi¨® con su habitual sabidur¨ªa un escalofriante drama, La jaur¨ªa humana. En aquella pel¨ªcula, sin duda obra maestra, se retrat¨® a una sociedad vengativa, que descargaba en el sospechoso todas sus frustraciones y vanidades, y que respiraba aliviada cuando ejecutaba su particular sentido de la justicia.

Con la l¨®gica distancia del tiempo, de la ¨¦poca, de la propia ficci¨®n (inolvidables interpretaciones de los actores Marlon Brando y de Robert Redford), los ciudadanos hemos reaccionado aplicando tambi¨¦n un particular -y cambiante, seg¨²n uno sea ciudadano "de primera" o "de segunda"- sentido de justicia, y hemos tenido que esperar para siquiera m¨ªnimamente disculparnos al momento en el que ya no hay un "culpable" medi¨¢tico, sino un ciudadano en libertad porque as¨ª lo ha dispuesto quien lo tiene que hacer, un juez.

Cuando, si se me permite el t¨®pico, el menos com¨²n de los sentidos -en la sociedad y en cada uno de nosotros- es el sentido com¨²n, cuando la cultura tiene mucho de sentimiento populista tradicional y poco, desgraciadamente, de cultivo para el conocimiento y el an¨¢lisis cr¨ªtico, cuando pasa todo eso, sucede que los ciudadanos andamos despistados, esclavos como somos de una realidad medi¨¢tica absorbente.

Se est¨¢, entonces, cerca del linchamiento y de la venganza, lejos, por tanto, de la Justicia.

Gabriela Bravo Sanestanislao es vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial.