Justicia clim¨¢tica

Las dificultades para llegar a un acuerdo en materia de actuaciones contra el cambio clim¨¢tico tienen su origen en tres propiedades relativamente nuevas de este fen¨®meno: su car¨¢cter antropog¨¦nico, su universalidad y la densidad de interacciones que est¨¢n en juego. Debido a lo primero, ha surgido un nuevo ¨¢mbito de deliberaci¨®n e intervenci¨®n en lo que antes era una fatalidad sobre la que no hab¨ªa que tomar ninguna decisi¨®n. El tiempo y el clima, paradigmas de lo que viene dado, son actualmente unas realidades parcialmente modificables por los seres humanos y, por tanto, s¨®lo ahora objeto de controversia. El clima ha experimentado un cambio de naturaleza y apreciaci¨®n similar a otras realidades como la salud, la intimidad o las desigualdades: han pasado de ser hechos inevitables a constituirse en variables dependientes y, por tanto, en un asunto de ciudadan¨ªa democr¨¢tica como cualquier otro. El tiempo era antes, podr¨ªamos decir, un tema ins¨ªpido para las conversaciones de ascensor y ahora se ha convertido en objeto de debates apasionados.

El cambio clim¨¢tico es un asunto crucial, nadie puede permitirse el lujo de no ceder ni un ¨¢pice

La transferencia de tecnolog¨ªa a los pa¨ªses menos desarrollados es un instrumento ¨²til

La segunda caracter¨ªstica de este nuevo problema es su universalidad, es decir, el hecho de que afecte a todos indistintamente, que no haya espacios protegidos del cambio clim¨¢tico ni estrategias territoriales para limitar su alcance. Aunque tambi¨¦n es cierto que no afecta exactamente de la misma manera a quienes viven en un espacio u otro, a ricos y a pobres, o a pa¨ªses cuyo nivel de desarrollo puede o no permitirse determinadas autolimitaciones. Si la afectaci¨®n universal es un motivo para ponerse de acuerdo, la desigualdad en la afectaci¨®n es la causa de que haya distintos intereses que dificultan el acuerdo.

La tercera fuente de complejidad procede de la red global de interdependencias ante la que nos encontramos. No se trata tanto de la cantidad de autores que intervienen como de la complejidad de los criterios de justicia que se hacen valer en las negociaciones. Este tipo de acuerdos pone a prueba la capacidad de la humanidad para llegar a un compromiso en el que se equilibren intereses contrapuestos y distintas pretensiones de justicia. Y es que los da?os no est¨¢n geogr¨¢ficamente distribuidos con criterios de igualdad, no es un asunto neutral, sino que hay quien pierde m¨¢s que otros. De ah¨ª que el cambio clim¨¢tico se haya convertido en parte de la esfera pol¨ªtica.

En las negociaciones para los acuerdos sobre cambio clim¨¢tico no se discute propiamente sobre el clima, pues nadie cuestiona la necesidad de un acuerdo de intervenci¨®n para frenar el cambio clim¨¢tico. Los Estados parecen entenderse sobre el principio de una acci¨®n determinada contra el calentamiento del planeta, pero siguen profundamente divididos en cuanto al reparto de los esfuerzos entre los pa¨ªses avanzados y los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo. Lo que es objeto de controversia son los criterios de justicia a partir de los cuales se han de tomar las decisiones correspondientes, qui¨¦n, c¨®mo y cu¨¢ndo carga con qu¨¦ peso en favor de la protecci¨®n del medio ambiente, algo que no tiene tanto que ver con el agua, el aire y los ¨¢rboles como con el empleo y el bienestar. Los pa¨ªses menos desarrollados no entienden por qu¨¦ deben asumir los costes del desarrollo irresponsable de las naciones industriales. Los pa¨ªses de Asia o del antiguo bloque sovi¨¦tico no quieren amenazar su proceso de recuperaci¨®n econ¨®mica, mientras que las econom¨ªas m¨¢s avanzadas se resisten a ser quienes paguen por el resto del mundo. Y los m¨¢s desarrollados creen que ser¨ªan injustamente afectados por las restricciones. Los intereses contrapuestos apenas permiten avanzar en los compromisos.

La convenci¨®n marco de Naciones Unidas sobre el cambio clim¨¢tico ha sido construida sobre la base de un principio de responsabilidad com¨²n pero diferenciada seg¨²n las circunstancias de cada pa¨ªs (art¨ªculo 4). Esta disposici¨®n ha supuesto de hecho una coartada para la falta de compromiso de reducci¨®n por parte de los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo y emergentes, posici¨®n que ha sido confirmada en el Protocolo de Kyoto. Estados emergentes como China -y m¨¢s a¨²n India- no han mostrado hasta ahora ninguna disposici¨®n a renunciar a las ventajas que de este modo se les conceden, incluso aunque un compromiso de este tipo no deber¨ªa efectuarse antes de un plazo de 10 o 20 a?os. Al mismo tiempo, han suspendido cualquier iniciativa en esta direcci¨®n condicion¨¢ndola a que los pa¨ªses industrializados -y especialmente Estados Unidos- demuestren que van a realizar esfuerzos sustanciales para disminuir las emisiones.

Los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo han desarrollado dos l¨ªneas de argumentaci¨®n a este respecto. La primera concierne a la "responsabilidad hist¨®rica" por el carbono que han emitido hasta ahora las econom¨ªas desarrolladas. Estos pa¨ªses avanzados han agotado una gran parte de la capacidad de la atm¨®sfera para absorber el carbono y deber¨ªan compensar a los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo por esta "expropiaci¨®n". El argumento es serio pero cabr¨ªa plantearle ciertas objeciones. Los pa¨ªses ricos no han actuado con conocimiento de causa; se han desarrollado con la convicci¨®n -hasta hace poco casi universal- de que la atm¨®sfera era un recurso infinito. Adem¨¢s, los "expropiadores" est¨¢n muertos y enterrados. Sus descendientes, aunque pudieran ser identificados, no deber¨ªan ser considerados como responsables de actos que no han cometido. Estas objeciones no anulan del todo el argumento de la "responsabilidad hist¨®rica" ya que las econom¨ªas desarrolladas se benefician enormemente de su industrializaci¨®n pasada.

La segunda l¨ªnea de argumentaci¨®n de los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo concierne a la justa distribuci¨®n de las emisiones futuras de carbono. Supongamos que las emisiones globales sean controladas gracias a los permisos de emisi¨®n. Los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo consideran que esos permisos deber¨ªan ser distribuidos sobre la base de la poblaci¨®n o de la renta per c¨¢pita. Si se toma como criterio la poblaci¨®n, el razonamiento es de orden jur¨ªdico: cada ser humano tiene el mismo derecho a utilizar el carbono global. Sobre la base de la renta per c¨¢pita, el argumento es igualitarista: los permisos deber¨ªan concederse a los m¨¢s pobres para que alcancen el nivel de los otros. Estos dos principios implican que tales permisos deben ser concedidos a las econom¨ªas en v¨ªas de desarrollo, ya sea porque ellas representan la mayor parte de la poblaci¨®n mundial, o bien porque representan a la mayor parte de los pobres del mundo. El problema es que estos principios mencionados no son generalmente reconocidos en las relaciones internacionales. Si no existe, por ejemplo, acuerdo alguno sobre el principio de reparto de los recursos naturales, ?por qu¨¦ va a haberlo en lo que se refiere a la atm¨®sfera?

Para salir de este laberinto el economista Vijay Joshi propon¨ªa aplicar en este asunto un principio que es ampliamente aceptado como condici¨®n m¨ªnima de imparcialidad: actuar sin hacer da?o. En el contexto del cambio clim¨¢tico, la aplicaci¨®n de este principio equivaldr¨ªa a permitir que los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo reduzcan sus esfuerzos hasta que hayan eliminado la miseria. Se tratar¨ªa de consentir que mantengan su actual ritmo de crecimiento durante alg¨²n tiempo (m¨¢s amplio para ?frica que para China, por ejemplo), tras el cual la concesi¨®n de esos permisos ser¨ªa progresivamente reducida. Para acelerar el movimiento de convergencia se podr¨ªa favorecer la transferencia de ciertas tecnolog¨ªas a los pa¨ªses menos desarrollados de manera que ¨¦stos puedan reducir el coste de sus esfuerzos.

Las negociaciones sobre el cambio clim¨¢tico son tan importantes que nadie se puede permitir el lujo de instalarse en las propias posiciones. Para el ¨¦xito de las negociaciones son clave las cuestiones de adaptaci¨®n, si es que se quiere incluir en los acuerdos a pa¨ªses como China, India o Brasil, ya que ellos representar¨¢n en un futuro pr¨®ximo una gran parte de las emisiones mundiales. Y para ello es esencial realizar el reparto en un esp¨ªritu de justicia. Por supuesto que las concepciones de la justicia son tan diversas y controvertidas como los intereses. Precisamente por eso la habilidad pol¨ªtica es insustituible a la hora de construir un compromiso entre las diferentes partes.

Daniel Innerarity es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa en la Universidad de Zaragoza.