El TSJ antepone la protecci¨®n al desarrollismo en el plan Rabassa

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha esgrimido el inter¨¦s general de la defensa y protecci¨®n del medio ambiente frente al modelo desarrollista a la hora de acordar la suspensi¨®n cautelar del Plan Rabassa (macroproyecto en la periferia norte de Alicante que prev¨¦ 13.503 casas sobre 4,1 millones de metros cuadrados). La paralizaci¨®n temporal del pol¨¦mico y ambicioso plan fue acogida con satisfacci¨®n por los colectivos contrarios al programa y con cautela por el Ayuntamiento y el adjudicatario, el promotor Enrique Ortiz. La decisi¨®n afecta de lleno a la intenci¨®n de Ikea de instalarse all¨ª.

El auto, dictado el 9 de diciembre, responde a un recurso de la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana a la aprobaci¨®n definitiva del plan por parte del Consell el pasado mayo. El Gobierno exigi¨® la suspensi¨®n cautelar porque el proyecto no ten¨ªa garantizados los recursos h¨ªdricos y se ha tramitado al margen del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). La sala da la raz¨®n al Ejecutivo en los dos apartados: en cuanto al agua se?ala que no est¨¢ "especificado ni determinado" c¨®mo se van a obtener los 5,5 hect¨®metros que la zona necesitar¨¢ al a?o. Y respecto al segundo, el auto prima los criterios de sostenibilidad sobre los desarrollistas y se?ala que "no es aceptable" una reclasificaci¨®n de suelo no urbanizable como plantea el plan fuera del PGOU.

Enrique Ortiz recurrir¨¢ y critica la indefensi¨®n jur¨ªdica de los promotores

El PAI tambi¨¦n est¨¢ recurrido por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), el PSPV a trav¨¦s del grupo parlamentario en las Cortes e Izquierda Unida. Los tres acogieron con satisfacci¨®n la decisi¨®n judicial y coincidieron al criticar la gesti¨®n urban¨ªstica del gobierno del PP, seg¨²n ellos en funci¨®n de los intereses de unos pocos y de espaldas al inter¨¦s general.

La PIC se?al¨® que la suspensi¨®n cautelar "es el principio del fin del secuestro de la ciudad por la especulaci¨®n urban¨ªstica". El colectivo lament¨® el "empecinamiento" del gobierno local del PP en defensa del plan.

Mientras, el PSPV a trav¨¦s de su portavoz municipal en Alicante, Roque Moreno, resalt¨® la oposici¨®n de su grupo al proyecto por su "insostenibilidad" y la "irresponsabilidad" de tramitarlo al margen del PGOU.

Y el coordinador de EU en Alicante, Jos¨¦ Antonio Fern¨¢ndez Cabello, se?al¨® que la suspensi¨®n del PAI es una "buena noticia" porque queda protegido el territorio y el espacio natural Las Lagunas de Rabassa.

Frente a estas cr¨ªticas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunci¨® que buscar¨¢ que Ikea mantenga su compromiso de instalarse en Rabassa, pero de no lograrlo plantear¨¢ otras alternativas.

La decisi¨®n fue un jarro de agua fr¨ªa para el promotor Enrique Ortiz, que anunci¨® un recurso: "Lo sentimos much¨ªsimo, e intentaremos resolver los flecos que apunta el auto", dijo. El contratista defendi¨® la legalidad del programa y resalt¨® que los recursos h¨ªdricos est¨¢n garantizados. Tambi¨¦n que la tramitaci¨®n al margen del PGOU es legal. Ortiz dijo contar ya con la financiaci¨®n para comenzar las primeras 3.000 casas y lament¨® la "indefensi¨®n jur¨ªdica" que sufren los promotores.