Derechos y deberes

Hay un malentendido a prop¨®sito de la ley de muerte digna, como llaman a la futura Ley de Derechos y Garant¨ªas de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte. Creo que esa ley proteger¨¢ esencialmente a los m¨¦dicos frente al C¨®digo Penal, d¨¢ndoles respaldo en una pr¨¢ctica m¨¢s o menos hip¨®critamente aceptada: ayudar a los pacientes a morir sin dolor. Es algo que, por lo que s¨¦ desde ni?o, han hecho siempre los m¨¦dicos. La nueva ley no legaliza la eutanasia, y el propio proyecto de ley lo deja claro: seguir¨¢n yendo a la c¨¢rcel quienes, m¨¦dicos o no, ayuden a morir a un enfermo que, por sufrimiento o por la gravedad de su situaci¨®n, quiera morirse y lo pida expl¨ªcitamente.

Con esta ley el enfermo no tendr¨¢ derecho a que le quiten la vida a su gusto, pero s¨ª a una habitaci¨®n individual con acompa?ante mientras agoniza, y esto me parece mucho. Tendr¨¢ derecho a que le digan lo que hacen con ¨¦l en el hospital, y derecho a rechazar el tratamiento prescrito, aunque ponga en peligro la poca salud que le quede. En el proyecto de ley abundan los derechos de los pacientes, pero a los profesionales sanitarios s¨®lo se les reconocen deberes. Es como si el legislador hubiera valorado el peso del voto y, calculando que los que van a morir son muchos m¨¢s que todos los m¨¦dicos de la tierra, quisiera presentar la ley como un paquete de derechos del moribundo, solo, ignorante e indefenso ante a la tradicional grandeza y omnipotencia del m¨¦dico sabio.

No s¨¦ si esto es lo que irrita a las jerarqu¨ªas de los colegios profesionales: que les presenten como deberes lo que podr¨ªa tomarse tambi¨¦n como derechos: el derecho del m¨¦dico a informar al paciente sobre su enfermedad y sobre los remedios posibles, por ejemplo. (Es obvio que el paciente puede rechazar esos remedios: ser¨ªa un delito contra su integridad moral forzarlo a aceptar medicinas o intervenciones cl¨ªnicas, aunque de ellas dependa su vida y la buena conciencia del m¨¦dico). Y no s¨¦ por qu¨¦ la ley presenta como deber el poder inmenso que otorga a los m¨¦dicos de "limitar el esfuerzo terap¨¦utico", es decir, seg¨²n la jerga de los legisladores, el poder de suspender el tratamiento (y cualquier "medida de soporte vital") cuando, a su juicio, "dado el mal pron¨®stico del paciente en t¨¦rminos de cantidad y calidad de vida futuras", la terapia "s¨®lo contribuye a prolongar en el tiempo una situaci¨®n cl¨ªnica carente de expectativas razonables de mejor¨ªa".

Esto es algo que siempre ha sido facultad de los m¨¦dicos, aunque ninguna ley lo consagrara expl¨ªcitamente ni lo convirtiera en deber. Lo que siempre ha sido potestad del m¨¦dico se ha transfigurado en un derecho del paciente, gracias al arte de unos legisladores prodigiosos, y en una orden a los m¨¦dicos: se acabaron los tratamientos terminales in¨²tiles. Pero esta ley de la buena muerte s¨®lo parece contemplar los derechos de aquellos pacientes que, colaborando con la administraci¨®n sanitaria, quieran morir con dignidad y r¨¢pido. ?Qu¨¦ pasar¨ªa si un enfermo pide digna, consciente, expresa y reiteradamente que se obstinen con ¨¦l, que contin¨²en el esfuerzo terap¨¦utico, el tratamiento para mantenerlo vivo, aunque se le vaya la vida y no tenga mejora posible? ?Es deber del m¨¦dico dejarlo morir? Creo que los autores de la ley nos sugieren una respuesta cuando explican sus motivos: "Los avances de la medicina y otras ciencias afines permiten la prolongaci¨®n de la vida o el mantenimiento de funciones vitales hasta l¨ªmites insospechados hace pocos a?os", mientras envejece la poblaci¨®n y aumenta el n¨²mero de personas con enfermedades cr¨®nicas, degenerativas o irreversibles, incurables, "con frecuencia en un contexto de atenci¨®n sanitaria intensiva altamente tecnificada". Suena a p¨¢rrafo farragoso de sombr¨ªa novela de ciencia-ficci¨®n futurista, pero es el presente.