Los municipios tratan de aunar criterios sobre la venta ambulante
La FAMP har¨¢ unas ordenanzas tipo, como pide el sector
La Federaci¨®n Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se ha comprometido con los colectivos de comerciantes ambulantes de las ocho provincias a elaborar unas ordenanzas tipo sobre la actividad que pondr¨¢ a disposici¨®n de los ayuntamientos para que las apliquen en sus t¨¦rminos municipales. De esta forma, se trata de propiciar que existan unos criterios comunes sobre las concesiones de licencia y el tiempo de duraci¨®n de las mismas, aunque l¨®gicamente el papel de la FAMP se limita a sugerir y recomendar, ya que cada municipio ser¨¢ soberano para estipular sus normas.
La reforma de la Ley de Comercio Ambulante, aprobada el pasado d¨ªa 22 por el Consejo de Gobierno para adaptarla a la Directiva Europea de Servicios, elimina la obligatoriedad del registro auton¨®mico de comercio ambulante, y otorga a los ayuntamientos la facultad de regular mediante ordenanzas la actividad, fijando en caca caso unos l¨ªmites de licencias por raz¨®n de espacio, los criterios para obtenerla, y un tiempo limitado para las mismas. Pero este no est¨¢ fijado, de forma que se da el caso de que hay ayuntamientos que han planteado expedir permisos por 15 a?os y otros por uno.
Los comerciantes exigen un criterio homog¨¦neo tanto en el tiempo de duraci¨®n de las licencias como en los requisitos para obtenerla, y que se pueda considerar en ¨¦stos la antig¨¹edad de quienes ya disponen de licencia. Uno de los objetivos de la ley es abrir el comercio ambulante a la libre competencia. El presidente de la plataforma de comerciantes de M¨¢laga, Manuel Huertas, salud¨® la disposici¨®n de la FAMP, pero pidi¨® cautela ver como se concreta en las ordenanzas y mantiene que si no tienen respuesta satisfactoria los comerciantes se movilizar¨¢n en febrero.
La alcaldesa de Lebrija, Mar¨ªa Jos¨¦ Fern¨¢ndez (PSOE), que propici¨® la reuni¨®n entre la FAMP y los comerciantes al haberse constituido la asociaci¨®n en esta ciudad, apel¨® a la responsabilidad de los municipios para regular un sector del que dependen 30.000 familias en Andaluc¨ªa.
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