Varios juristas ven el decreto ley de El Cabanyal como un disparate

El conflicto en torno a la prolongaci¨®n de la avenida de Blasco Ib¨¢?ez a trav¨¦s de El Cabanyal, que dura ya m¨¢s de una d¨¦cada, ha rebrotado con fuerza esta semana. A la orden de paralizaci¨®n del plan del Ministerio de Cultura por considerarlo un expolio del patrimonio hist¨®rico del barrio, le ha seguido un decreto ley con el que el Consell pretende burlar la decisi¨®n del Gobierno y dar v¨ªa libre a los derribos. La Generalitat defiende que la orden del ministerio -en cumplimiento de un fallo del Tribunal Supremo que exig¨ªa un dictamen sobre el posible expolio- supone una invasi¨®n de su autonom¨ªa. El Consell asegura que su decreto ley, aprobado por urgencia el jueves, "prevalece" sobre la orden y autoriza as¨ª la demolici¨®n de casas dentro de la zona declarada Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC).

La degradaci¨®n del barrio se ha agudizado en los ¨²ltimos a?os

La plataforma y los vecinos insisten en que se invierta en rehabilitaci¨®n

El PP sostiene que su proyecto es la soluci¨®n para revitalizar la zona

Orden y decreto ley est¨¢n sobre la mesa y acabar¨¢n en los tribunales. La situaci¨®n jur¨ªdica que se genera es nueva y en buena medida abre caminos inexplorados. Varios juristas consultados, que piden el anonimato, no se atreven a dise?ar un itinerario ¨²nico. Pero s¨ª coinciden en la sorpresa y asombro: "El decreto ley es un disparate"; "la Generalitat busca un subterfugio para no cumplir una sentencia" y "comete errores elementales en la redacci¨®n del decreto"; "el ministerio ha sido poco h¨¢bil porque el informe parece una maniobra pol¨ªtica"; "la respuesta del Consell es propia de una dictadura, que hace la ley a capricho, sin importarle que no se ajuste a derecho, como es el caso". Estas son algunas de las afirmaciones de juristas consultados al respecto, que, adem¨¢s, discuten que la Generalitat haya incluido en el decreto ley una disposici¨®n que pretende devolver la situaci¨®n a 1993, cuando se aprob¨® el BIC, y a 2001, a?o de la aprobaci¨®n definitiva del plan de El Cabanyal. Desde entonces, entre otras cosas, se han producido derribos imposibles de ignorar ni de restituir.

Hay cosas en las que coinciden. La m¨¢s elemental: que un decreto ley est¨¢ por encima de una orden ministerial. Pero la discusi¨®n no est¨¢ en si una norma es superior a otra. Est¨¢ en qui¨¦n tiene competencias sobre qu¨¦ materia. La Constituci¨®n recoge que el Estado tiene competencias exclusivas en la "defensa del patrimonio cultural, art¨ªstico y monumental espa?ol contra la exportaci¨®n y la expoliaci¨®n". El ministerio afirma que el plan de El Cabanyal es un expolio. La Generalitat, lo contrario. Todo apunta que ser¨¢ el Tribunal Constitucional el que decida qui¨¦n es competente en el asunto.Est¨¢ claro que el Estado tiene competencias para proteger de un expolio. Y lo est¨¢ que la Generalitat tiene en materia de protecci¨®n del patrimonio. Pero es la Generalitat la que se siente invadida y propone seguir adelante a pesar de la resoluci¨®n judicial y la orden ministerial. El Gobierno ya anunci¨® el pasado viernes que estudia un posible recurso de inconstitucionalidad. Con ¨¦l, tal como recoge el art¨ªculo 161 de la Carta Magna, la paralizaci¨®n del decreto ley ser¨ªa autom¨¢tica durante cinco meses prorrogables por el propio tribunal. Por su parte, el Ayuntamiento y la Generalitat preparan recursos contra la orden ante la Audiencia Nacional y por un conflicto de competencias ante el Constitucional.

Los juristas consultados ven varios argumentos para un recurso gubernamental ante el Constitucional. El m¨¢s obvio es que la Generalitat aprueba una ley -el decreto pasar¨¢ a ser ley en un plazo m¨¢ximo de un mes- tratando de legislar sobre una materia de la que no es competente.

Pero hay m¨¢s. El Consell ha optado por un decreto ley, que se suele utilizar para decisiones que son urgentes y de necesidad, como lo ser¨ªan unas inundaciones, un devastador incendio o un terremoto. El decreto ley no est¨¢ previsto para cuestiones ordinarias como ¨¦sta, seg¨²n ha establecido por diversos motivos el Constitucional en varias sentencias.

Hay alg¨²n motivo m¨¢s. Varios juristas se?alan que el hecho mismo de dictar una norma como el decreto ley para evitar cumplir una orden ministerial que emana de una sentencia del Tribunal Supremo vulnera la Constituci¨®n. "Es obligado cumplir las sentencias y dem¨¢s resoluciones firmes de los jueces y tribunales, as¨ª como prestar la colaboraci¨®n requerida por ¨¦stos en el curso del proceso y en la ejecuci¨®n de lo resuelto", afirma el art¨ªculo 118.

Es cierto, por otra parte, que hay juristas que discuten la cuesti¨®n de las competencias en contra del Estado. Interpretan que el sentido de la competencia del expolio no es el literal; es m¨¢s laxo y se refiere m¨¢s a una alteraci¨®n incluso de ubicaci¨®n de un bien de una singularidad extraordinaria y con una protecci¨®n superior. El Ministerio de Cultura no lo entiende as¨ª. Es excepcional la orden ministerial porque lo es que un poder p¨²blico supuestamente cometa un expolio. Un antecedente parecido ocurri¨® con un retablo visigodo en la provincia de Toledo, a cuyo rescate tambi¨¦n sali¨® Cultura.

Pero, ?qu¨¦ pasa mientras se aclara la disputa en los tribunales? La Generalitat se propone validar el decreto ley a trav¨¦s de la comisi¨®n permanente de las Cortes y el Ayuntamiento quiere proseguir los derribos en ¨¢reas del plan. Como hasta ahora, los afectados tienen la opci¨®n de recurrir las demoliciones en los juzgados. El Estado podr¨ªa pedir a la Polic¨ªa que evite la actuaci¨®n por incumplir una orden ministerial resultado del fallo de un tribunal.

M¨¢s all¨¢ del debate jur¨ªdico, la paralizaci¨®n del plan por parte del Ministerio de Cultura se presenta al Consell como una oportunidad para afilar su perfil de v¨ªctima frente al Gobierno central. Sin dinero y ni iniciativa pol¨ªtica por el impacto del esc¨¢ndalo del caso G¨¹rtel, la paralizaci¨®n del plan ha permitido al PP enfatizar la "valencianofobia" de Rodr¨ªguez Zapatero, seg¨²n el t¨¦rmino acu?ado por el portavoz parlamentario de los populares, Rafael Blasco.

La apuesta hacia el adversario es fuerte. La Generalitat s¨®lo ha aprobado otro decreto ley para la vivienda y nunca ha adoptado una medida legislativa tan claramente dirigida a sortear una disposici¨®n gubernamental. Pero, adem¨¢s, la acci¨®n salda deudas internas. La alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, ha sido el m¨¢s firme apoyo de Francisco Camps durante su calvario judicial por aceptar regalos de la trama corrupta G¨¹rtel. Ahora Camps le devuelve el favor cambiando la legalidad para que el proyecto estrella de la alcaldesa siga adelante.

Y mientras arrecia esta tormenta pol¨ªtica, El Cabanyal aguarda expectante el desenlace de la nueva situaci¨®n. Y sigue en pie, de momento. El hecho de que la prolongaci¨®n de la avenida de Blasco Ib¨¢?ez a trav¨¦s del BIC no se haya ejecutado desde que se aprob¨® en 2001 se debe, en buena medida, al tes¨®n de la plataforma ciudadana Salvem El Cabanyal, que desde el barrio ha combatido el proyecto en los tribunales y cuya denuncia por expolio ha desembocado esta semana en el dictamen del ministerio. Su posici¨®n, secundada por una asociaci¨®n de vecinos que no se cansa de denunciar la degradaci¨®n urbana y social de El Cabanyal, ha concitado a lo largo de la ¨²ltima d¨¦cada numerosos apoyos del mundo del arte y la cultura, de arquitectos y urbanistas, y cuenta con el respaldo de la oposici¨®n socialista en el consistorio y de otros partidos de la izquierda.

La decisi¨®n del gobierno municipal del PP de prolongar Blasco Ib¨¢?ez hizo surgir las primeras protestas vecinales ya en 1996. Pronto se recogieron varios miles de firmas en contra de todas las opciones que implicaran derribos en el singular entramado urbano de El Cabanyal. El PP las desech¨® y apost¨® por una avenida de 48 metros de ancho -m¨¢s los que ocupan los nuevos edificios en sus laterales- que implicar¨¢ el derribo de m¨¢s de 450 inmuebles (unas 1.650 viviendas), una parte de ellas en el BIC. La movilizaci¨®n acab¨® por desbordar a la asociaci¨®n de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar y desemboc¨® en la creaci¨®n de la plataforma Salvem El Cabanyal en 1998, a la que se sumaron vecinos y comerciantes del barrio, con apoyo de la oposici¨®n del PP.

Arranc¨® con la celebraci¨®n de tres cenas populares en el barrio y desde entonces no ha dejado de plantear iniciativas contra el plan. Entre ellas destaca la edici¨®n anual de Portes Obertes, en la que los vecinos que participan muestran sus casas y las abren a la exposici¨®n de obras de arte. "La cultura ha sido una v¨ªa importante para visualizar el problema del barrio y resaltar su vertiente de conjunto hist¨®rico", recuerda Maribel Dom¨¦nech, portavoz de la plataforma. Portes Obertes, entre otras actividades, tambi¨¦n ha sido el veh¨ªculo para pedir el apoyo de m¨²sicos como Enrique Morente, que cerr¨® con su actuaci¨®n la edici¨®n de este a?o, o de escritores como Jos¨¦ Luis Sampedro y Fernando Delgado, que participaron en 2007, y de Manuel Vicent, que colabor¨® en una exposici¨®n del fotoperiodista Agust¨ª Centelles.

"Somos un movimiento no jer¨¢rquico, muy din¨¢mico que siempre ha sido una esponja, que ha ido sumando gente e ideas para hacer cosas", afirma Faustino Villora, miembro de Salvem El Cabanyal desde el principio (como Dom¨¦nech) y su voz m¨¢s visible durante a?os. Importante ha sido destacar la defensa del conjunto hist¨®rico de El Cabanyal, pero "la visi¨®n social siempre ha ido por delante", asegura Villora. La defensa de la gente que no lo quiere abandonar, en muchos casos con pocos recursos o de avanzada edad.

Especialmente desde que el barrio empez¨® a deslizarse por la pendiente de la degradaci¨®n urban¨ªstica y econ¨®mica, y de las drogas en muchas esquinas. Una situaci¨®n que ha dividido al barrio, en el que conviven vecinos contrarios al plan con los que defienden que la situaci¨®n no puede seguir as¨ª, como una mujer que preguntaba esta semana a los periodistas: "?Usted cree que se puede vivir con lo que hay aqu¨ª?". Los problemas se han agudizado en los ¨²ltimos a?os, apunta Vicente Gallart, vicepresidente de la asociaci¨®n de vecinos, que coincide con la plataforma en que el Ayuntamiento ha permitido y hasta provocado esa degradaci¨®n mientras esperaba la bendici¨®n de los tribunales para desarrollar el plan. La asociaci¨®n ha puesto el acento estos a?os en exigir la rehabilitaci¨®n e inversiones para mejorar el barrio. Tambi¨¦n ha denunciado que el convenio firmado con el Ministerio de Vivienda para dar ayudas a la rehabilitaci¨®n no se cumple. "Hemos intentado tender la mano y nos hemos reunido con el Ayuntamiento, pero no han cumplido sus compromisos", asegura Gallart.

El Ayuntamiento insiste en que la prolongaci¨®n de Blasco Ib¨¢?ez hasta el mar es una antigua aspiraci¨®n de la ciudad que permitir¨¢ revitalizar la zona. "El plan va a seguir adelante", ha subrayado la alcaldesa, que exhibe la fuerza de los votos y de la mayor¨ªa absoluta del PP para rechazar las cr¨ªticas de la asociaci¨®n y de Salvem El Cabanyal. De la mano del nuevo decreto ley, anuncia que ahora impulsar¨¢ el plan aprobado en 2001, pero que hasta ahora apenas se ha desarrollado -de los m¨¢s de 300 millones que cuesta la operaci¨®n, se han invertido 46,4-. M¨¢s all¨¢ de la pol¨¦mica prolongaci¨®n, cuyas obras no se han iniciado estos a?os a la espera de una resoluci¨®n judicial definitiva, el plan prev¨¦ dotaciones socioculturales, deportivas, zonas verdes y viviendas nuevas que no se han construido. Y una promesa de amplia regeneraci¨®n urbana y econ¨®mica que tampoco se ha cumplido, si bien el Ayuntamiento ha rehabilitado dos museos y un teatro, y ha renovado calles, entre otras actuaciones. Adem¨¢s, ha comprado una cuarta parte de las m¨¢s de 1.600 viviendas que quiere demoler. Barber¨¢ mantiene su convicci¨®n de que la prolongaci¨®n y su plan son la soluci¨®n para el barrio.

"Con la paralizaci¨®n [por la orden ministerial] el barrio seguir¨¢ sufriendo una degeneraci¨®n y degradaci¨®n", opina tambi¨¦n Alejandro Escribano, arquitecto y autor del principal informe en el que se bas¨® el Tribunal Superior de Justicia para dar v¨ªa libre al plan en 2004.

Barber¨¢ esgrime a favor de su plan esa y otra decena de sentencias favorables, entre ellas la que confirm¨® ese fallo en el Supremo. Sin embargo, el mismo tribunal reabri¨® el caso para que se determinara si el proyecto supone un expolio, una cuesti¨®n que se hab¨ªa tratado gen¨¦ricamente, pero que ten¨ªa pendiente de cerrar el procedimiento de Cultura que tanta pol¨¦mica ha generado esta semana. La ministra, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, destac¨® ayer que hay formas de regenerar un barrio "sin necesidad de demoler bienes culturales" y critic¨® el proceder del Consell. El ministerio considera que el plan es "incompatible" con la preservaci¨®n del patrimonio hist¨®rico y exige que se cambie. En esa l¨ªnea se sit¨²an tambi¨¦n las iniciativas del grupo municipal socialista. Su portavoz, Carmen Alborch, ha pedido un plan que respete la singularidad del barrio.

Las dos posturas frente al proyecto est¨¢n tan alejadas como hace una d¨¦cada. El Ayuntamiento seguir¨¢ con su ejecuci¨®n, y Salvem El Cabanyal intentar¨¢ parar los derribos.