Derechos al castellano y al concierto
El PP present¨® ayer un documento para un "pacto por la reforma y la mejora de la educaci¨®n en Espa?a" que recoge buena parte del programa electoral del partido para las elecciones de 2008, como reforzar el ingl¨¦s en todas las etapas educativas, un fondo de cohesi¨®n para compensar las desigualdades territoriales, o ex¨¢menes de diagn¨®stico al final de cada etapa, iguales en toda Espa?a, y cuyos resultados se publiciten. ?stas son algunas de sus iniciativas.
- Castellano. Garantizar la ense?anza del espa?ol y en espa?ol en todas las comunidades. Tradicionalmente, el PP ha reclamado que en cualquier autonom¨ªa un alumno pueda usar el castellano como lengua vehicular. Habr¨¢ que ver c¨®mo casa esta propuesta con la de la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que quiere dar un 30% de clases en espa?ol, otro 30% en gallego y el resto en ingl¨¦s. El documento popular aporta un matiz: que en las comunidades biling¨¹es, los idiomas sean impartidos "en rango de igualdad".
- Libertad para los padres. El l¨ªder del PP, Mariano Rajoy, insisti¨® ayer mucho en esta idea. Proponen, como en las pasadas elecciones, asegurar por ley el derecho al concierto, es decir, que cualquier colegio privado, si tiene demanda, deber¨¢ ser subvencionado.
- Jornada escolar. Quieren estudiar y debatir un tema pol¨¦mico que enfrenta a profesores y padres: si es mejor la jornada continua o la partida en la escuela.
- Cualificaci¨®n profesional. Sin mucha concreci¨®n, plantea reforzar los programas de cualificaci¨®n profesional inicial para chavales de 15 o 16 a?os que no van a sacarse la ESO, donde aprenden un oficio, reciben un certificado de profesionalidad y la posibilidad seguir estudiando despu¨¦s la ESO.
- Repetici¨®n en bachillerato. Se podr¨¢ pasar de curso con dos suspensos s¨®lo si los profesores emiten un informe favorable. Actualmente, con dos suspensos se pasa de curso, sin informe, y con tres o m¨¢s se repite.
- Profesorado. Apuestan por mantener los cuerpos nacionales de profesores y que los docentes sean considerados autoridad p¨²blica, como se ha hecho en Madrid.
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