La insostenible hipoteca del cementerio nuclear

La radiactividad, y por tanto la peligrosidad, de los residuos nucleares persiste por miles de a?os. Cuando uno pregunta qu¨¦ hacer con dichos residuos, la fe pro nuclear obliga a responder lo que se respond¨ªa hace 30 a?os: de aqu¨ª a 20 a?os ya se encontrar¨¢ una soluci¨®n, perpetu¨¢ndose as¨ª la inmadurez tecnol¨®gica de la energ¨ªa nuclear al no saber qu¨¦ hacer con los residuos que genera. Quiz¨¢s por eso, mientras no se sabe c¨®mo eliminar esa radiactividad, en los pa¨ªses europeos m¨¢s avanzados el pacto sobre d¨®nde albergar los desechos radiactivos se ha construido consensuando una fecha l¨ªmite para dejar de generar esos residuos.

En este contexto, s¨®lo desde el rigor pod¨ªamos abordar el espinoso debate de los residuos nucleares con un cierto sentido del equilibrio territorial, con la informaci¨®n y el tiempo precisos para conseguir el consenso social, pol¨ªtico y ambiental. ?stos fueron los requisitos que pedimos cuando, en el a?o 2006, la Comisi¨®n de Industria aprobaba una Proposici¨®n No de Ley que abr¨ªa el proceso para la construcci¨®n del Almac¨¦n Temporal (por 60 a?os) Centralizado de Residuos Radioactivos de Alta Actividad (ATCRRAA), en una denominaci¨®n sin eufemismos.

Sin conocer el futuro de las centrales, se ha forzado una salida a los residuos carente de consenso

No era la primera vez que se quer¨ªa resolver qu¨¦ hacer con los residuos radiactivos, pero de nuevo se volv¨ªa a reproducir el mismo error: decidir d¨®nde albergar todos los residuos sin consensuar previamente un calendario que determinase hasta cu¨¢ndo generar residuos. ?se fue el motivo principal por el que dicha propuesta cont¨® con la oposici¨®n de ICV e IU.

Quiz¨¢s a sabiendas de ese pecado original -la falta de consenso-, el presidente del Gobierno me contestaba, en el debate del Estado de la naci¨®n del mismo a?o, que el tema de los residuos nucleares exig¨ªa un amplio consenso social y pol¨ªtico, incluidas las organizaciones defensoras del medio ambiente, y el mayor consenso territorial posible. Por aquel entonces el presidente se hab¨ªa comprometido a consensuar un calendario de cierre, hoy por hoy descartado por el mismo Gobierno, siendo ¨¦ste el espacio para construir el acuerdo social, pol¨ªtico y ambiental.

A ¨¦ste se le deb¨ªa sumar el imprescindible consenso territorial. Con este ¨²ltimo objetivo, el decreto que abre el proceso en verano del 2006 da la capacidad de propuesta a las Comunidades Aut¨®nomas, en correspondencia con el mandato del Congreso, en el que se hablaba de la adecuada concertaci¨®n con ¨¦stas.

Pero el proceso se precipita el pasado 23 de diciembre, cuando se aprueba la orden que abre la convocatoria para decidir d¨®nde ir¨ªan a parar todos los residuos nucleares de Espa?a. En dicha convocatoria se cambian las reglas del juego, no dejando a las CC AA papel decisivo alguno. Sin calendario de cierre, se renunciaba al consenso social y ambiental, pero con la resoluci¨®n se prescind¨ªa del consenso territorial.

En la Espa?a de las autonom¨ªas, ¨¦stas no ten¨ªan nada que decir, como bien ilustr¨® el ministro Sebasti¨¢n al declarar que no importaba para nada la opini¨®n de un presidente auton¨®mico. Se pretend¨ªa as¨ª construir candidatos haciendo que la exclusiva voluntad de una localidad pueda condicionar las voluntades de toda una comarca o una comunidad y establecer estrategias de desarrollo que van mucho m¨¢s all¨¢ de su propio t¨¦rmino municipal.

A esto se le a?ade que el procedimiento dif¨ªcilmente permite informar y hacer participar de modo suficiente, y ello por su car¨¢cter abreviado -un mes para presentar candidaturas, 20 d¨ªas para alegaciones-, lo que podr¨ªa contravenir la Directiva de Aarhus en materia de participaci¨®n e informaci¨®n ambiental.

La primera pregunta que se plantea es por qu¨¦ se han hecho tan mal las cosas, llegando a romper las reglas de un Estado que se llama auton¨®mico. Y otra, a¨²n m¨¢s relevante: ?estamos a tiempo de arreglarlo? Las prisas se explican, dicen, por la saturaci¨®n en las piscinas de las centrales, y sobre todo, porque los residuos de Vandell¨®s I, depositados en Francia, tendr¨¢n un coste a partir de 2011 de 60.000 euros diarios. Pero no explican que la mayor parte de ese dinero se dejar¨¢ en r¨¦gimen de dep¨®sito, volviendo a disponer de los recursos una vez hayamos hecho el proceso con el tiempo y con las formas que se necesitan.

Quiz¨¢s, la respuesta m¨¢s solvente para explicar tantas prisas y tan malas maneras est¨¢ en que la pretensi¨®n de resolver d¨®nde poner los residuos sin decidir hasta cu¨¢ndo seguir¨¢n operando las centrales, solventa el principal problema de la energ¨ªa nuclear: ?qu¨¦ hacer con los residuos? A las empresas no se les exige nada a cambio y se permite que las plantas puedan operar m¨¢s all¨¢ de los a?os para los que fueron dise?adas. Conocemos las consecuencias: un proceso que hoy ya no se puede resolver con consenso social y pol¨ªtico, un proceso en el que ni tan siquiera cabe el consenso territorial.

El Gobierno puede optar por forzar las cosas y encontrar una ubicaci¨®n, pero un proceso con tan pocas garant¨ªas y en el que se han cambiado las reglas del juego a mitad de la partida, adem¨¢s de ser inaceptable pol¨ªticamente, es recurrible judicialmente. La otra opci¨®n es poner el contador a cero, parar el proceso y empezar a hacer las cosas bien desde un principio.

Joan Herrera es secretario general y diputado de ICV.