Derechos de autor, que no derecho al monopolio

Si alguien quiere explotar una finca, por ejemplo, de la duquesa de Alba, debe pagar un alquiler. El arrendatario no cuestiona c¨®mo obtuvo la duquesa esos terrenos, cu¨¢ntas veces los alquil¨® antes, y si es justo o no que los disfrute 500 a?os despu¨¦s de que Enrique IV de Castilla se los otorgara a sus antepasados. Paga y se acab¨®. Se llama derecho de propiedad y tiene casi la misma antig¨¹edad que la civilizaci¨®n.

Si alguien desea utilizar una canci¨®n, por ejemplo, de Serrat, para un spot publicitario o un programa de radio tambi¨¦n debe pagar un alquiler, al menos en teor¨ªa. Y es que en este caso, s¨ª hay muchos que se preguntan si es l¨ªcito que el cantante cobre por su obra cada vez que se emita, o si sus herederos tienen derecho a seguir haci¨¦ndolo una vez que fallezca. Se llaman derechos de autor y, aunque apenas existen desde hace 300 a?os, son permanentemente cuestionados.

Las licencias suman al a?o 500 millones, menos que el canon de TVE

Una gestora tuvo en exclusiva hasta 1987 todos los repertorios

Desde DAMA, se defiende el cobro s¨®lo por el uso efectivo de la obra

Kiko Veneno: "La gente percibe a la SGAE como a un banco"

Adem¨¢s de su propia existencia, se discute su cuant¨ªa y su forma de ser recaudados y repartidos por las sociedades de gesti¨®n de derechos. El debate a prop¨®sito de legislaci¨®n contra las webs de descargas de Internet no autorizadas que prepara el Gobierno y un reciente informe de la Comisi¨®n Nacional de Competencia (CNC), que acusa a las sociedades de gesti¨®n de ser un monopolio poco transparente, no han hecho sino poner al descubierto, una vez m¨¢s, las posturas irreconciliables (cuando no odio declarado) entre detractores y partidarios de los derechos de autor.

Lo encarnizado del debate resulta a¨²n m¨¢s sorprendente si se tiene en cuenta que los derechos de autor s¨®lo mueven en Espa?a alrededor de 500 millones de euros al a?o, menos que el canon que deben pagar las televisiones privadas y las operadoras de telefon¨ªa e Internet para financiar la ausencia de publicidad de TVE.

Ante el revuelo, desde todas las instancias se vuelve a pedir una reforma urgente de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), de 1987, aunque en muy diferentes sentidos. El Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero tiene ya su reforma en marcha: ha incluido en la Ley de Econom¨ªa Sostenible una modificaci¨®n parcial de la LPI para elevar la defensa de la propiedad intelectual a la categor¨ªa de derecho fundamental, y la creaci¨®n de un procedimiento de urgencia que permita cerrar webs de descargas de archivos sujetos a derechos de autor como pel¨ªculas, canciones o videojuegos.

Gran parte de la oposici¨®n -todos menos CiU y PP- piden la retirada de esa disposici¨®n y que el Parlamento, a trav¨¦s de la subcomisi¨®n creada hace un a?o, proponga una reforma completa de la LPI, que aborde otros aspectos como el papel de las sociedades de gesti¨®n. Una reforma completa que tambi¨¦n exige Competencia, el organismo dependiente de Econom¨ªa, que aboga por una liberalizaci¨®n de este mercado, ahora en manos de ocho sociedades de gesti¨®n, y que cualquiera pueda montar una gestora de derechos, sin necesidad de contar con la autorizaci¨®n administrativa del Ministerio de Cultura.

Las asociaciones de Internet, parte de la comunidad internauta m¨¢s activista y los abogados de los que explotan p¨¢ginas de descargas se suman a esa petici¨®n de liberalizaci¨®n, aunque su principal caballo de batalla es la eliminaci¨®n de la disposici¨®n final de la LES. Argumentan que el derecho de propiedad intelectual no puede justificar en ning¨²n caso la conculcaci¨®n de otros derechos, como el de expresi¨®n. Algunos van m¨¢s all¨¢ y apuestan por prescindir del copyright y buscar otras f¨®rmulas como el copyleft, que permite la libre (y gratuita) distribuci¨®n de obras con permiso del autor, con la consiguiente desaparici¨®n de las sociedades de gesti¨®n.

En Espa?a, estas sociedades sin ¨¢nimo de lucro son las ¨²nicas que pueden recaudar los derechos de autor. Sin embargo, no todas utilizan los mismos criterios. La SGAE, la m¨¢s grande y que hasta 1987 tuvo el monopolio absoluto de los derechos, recauda los derechos de televisiones, radios, discotecas, salones, y, en general, de cualquiera que reproduce la obra de sus asociados. Despu¨¦s de deducir los costes de administraci¨®n, que representan una media del 15,6%, la SGAE abona los derechos a sus socios. Para asignarles las cantidades seg¨²n la utilizaci¨®n de sus obras, utiliza dos m¨¦todos: el 80% se realiza a trav¨¦s de un programa inform¨¢tico que procesa los programas de los grandes usuarios (televisiones, radios, cine espect¨¢culos, venta de discos); el 15% se reparten mediante sondeos efectuados por una empresa especializada; y el 5% restante se reparte por analog¨ªa con alguno de los procedimientos anteriores.

Paloma Llaneza, abogada experta en propiedad intelectual, entiende que con esta f¨®rmula internamente el peso de las distribuidoras o editores con derecho de voto es muy superior al de los autores independientes, lo que determina que los acuerdos y normas internas de reparto sean decididos por aqu¨¦llos. "Es un sistema muy poco pensado para un entorno como el de Internet en el que se comparte y se difunde en tiempo real desde la mesa camilla de tu casa. La existencia de sistemas de gesti¨®n digital de los derechos (DRM) har¨ªa posible la entrada de nuevos actores que permitir¨ªan una gesti¨®n online de derechos barata y sencilla".

Las sociedades de gesti¨®n se sienten amenazadas. Atribuyen el informe del CNC a "intereses ocultos" y recuerdan que un informe encargado por el Ministerio de Administraciones P¨²blicas en 2008 dejaba claro que la gesti¨®n colectiva era el mejor de los sistemas posibles. Manuel Medina, el presidente de la reci¨¦n constituida Ibercrea, que agrupa a cuatro sociedades de gesti¨®n -AGEDI, AIE, CEDRO y SGAE- se?ala que se trata en todo caso de un "monopolio impropio", es decir, s¨®lo este tipo de entidades pueden gestionar colectivamente estos derechos de propiedad intelectual, pero no existe n¨²merus clausus, puesto que Cultura puede autorizar nuevas entidades y la asociaci¨®n a las mismas no es obligatoria.

"Es obvio que hay intereses en que la gesti¨®n colectiva desaparezca porque, al no tener ¨¦stas ¨¢nimo de lucro ocupan un espacio que otros desear¨ªan copar pero con ¨¢nimo de ganancia. Por otra parte, las sociedades asumen la responsabilidad de recaudar, conforme a determinados criterios, el importe de los derechos de sus socios y eso constituye un coste que algunos negocios desean disminuir y, si fuese posible, eliminar. La creaci¨®n de un clima hostil hacia la recaudaci¨®n de derechos est¨¢ alentada por esos intereses y se alimenta de forma muy demag¨®gica", asegura Medina.

La SGAE, la principal sociedad ya que gestiona m¨¢s del 70% de los derechos de autor en Espa?a, est¨¢ en entredicho permanentemente. Su particular cruzada por el cobro de derechos en cualquier ¨¢mbito (bodas, fiestas populares, peluquer¨ªas, etc¨¦tera), aunque amparada por la LPI, y sus inversiones para crear una red de teatros le han creado una imagen de recaudador voraz y le han hecho blanco favorito de las cr¨ªticas de internautas, hasta la obsesi¨®n.

En los ataques furibundos a la SGAE, coinciden ins¨®litamente personajes muy distantes desde el punto de vista ideol¨®gico como el locutor Federico Jim¨¦nez lo Santos o el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, por poner un ejemplo. Frente a esos detractores, la SGAE cuenta con defensores a ultranza, algunos con tan mala prensa como los cantantes Ramonc¨ªn o V¨ªctor Manuel, y otros que parecen contar con el favor internauta como el showman Gran Wyoming, entre otros muchos.

Pese a la creaci¨®n de Ibercrea, lo cierto es que no existe unidad entre las sociedades de gesti¨®n. Algunas como DAMA, de directores y guionistas audiovisuales, defienden otra forma de gesti¨®n. Esta sociedad, que estuvo pleiteando durante cinco a?os con SGAE con quien compite, s¨®lo cobra por el uso efectivo de las obras, todo el dinero que recauda va ¨ªntegramente a los socios (no hace inversiones en otras actividades) y los votos de todos ellos valen lo mismo (no existe voto ponderado como en la SGAE).

Enrique Urbizu, presidente de DAMA, piensa que la gesti¨®n debe seguir siendo colectiva, pero que las entidades no deben tener limitaciones en un determinado ¨¢mbito de los derechos (directores, guionistas, artistas, m¨²sicos, etc.), sino que puedan gestionar cualquier derecho de propiedad intelectual, sin especializaciones, lo que salvar¨ªa el problema del monopolio del que habla CNC. Al margen de las diferencias, Urbizu s¨ª cree que detr¨¢s de esa presi¨®n por la gratuidad de los derechos de autor, hay determinados "grupos econ¨®micos".

La rebeli¨®n contra la SGAE se hace a veces desde el interior. Como el cantante Kiko Veneno, fundador de la Plataforma de Autoeditores (PAE). "La gente percibe hoy a la SGAE como un banco, y es muy dif¨ªcil ocultar que se defienden antiguos privilegios, los privilegios hay que democratizarlos y tienen que fluir el aire y las explicaciones. Lo principal, lo gordo, todos necesitamos la m¨²sica. Mucha de la lucha de la derecha es contra la cultura, a secas. No s¨¦ si estamos a tiempo de crear alternativas, en un mundo que acelera hacia el monopolio. Sin la SGAE estar¨ªamos jodidos", indica en su blog.