El dopaje y las formas jur¨ªdicas

Muy a menudo se conocen noticias sobre actuaciones policiales y judiciales sobre temas de dopaje en el deporte. Pocos d¨ªas despu¨¦s de la alegr¨ªa que produce este hecho porque demuestra que el sistema funciona comienzan los problemas y los desasosiegos sobre qu¨¦ se puede hacer y, sobre todo, quien puede hacerlo.

El derecho penal sigue su curso lento y se sumerge en los vericuetos t¨¦cnicos del proceso. Frente a esto el reproche administrativo-deportivo se pone en marcha y busca obtener sus propios resultados fundado en los datos que se van obteniendo en el ¨¢mbito penal. Esta t¨¦cnica no est¨¢ siendo aceptada por los tribunales, lo que provoca una cierta sensaci¨®n de que nada se ha avanzado.

El C¨®digo Espa?ol no castiga el consumo ni la tenencia de productos prohibidos en el mundo del deporte

Hay que recordar que el reproche penal del C¨®digo espa?ol no alcanza al consumo ni a la posesi¨®n de sustancias susceptibles de producir dopaje en el deporte. Esta es la decisi¨®n del Parlamento espa?ol y, por tanto, nada hay que insistir. S¨®lo cabe indicar que la decisi¨®n era consecuencia de un contexto m¨¢s amplio en el que no se penaliza el consumo de drogas y no era razonable hacerlo de sustancias medicamentosas como ocurre en el dopaje.

A partir de ah¨ª la posesi¨®n y algunas otras conductas ligadas a la dispensaci¨®n y la obtenci¨®n irregular de las sustancias pueden ser una infracci¨®n administrativa en el marco de la Ley del Medicamento y/o una infracci¨®n en materia de dopaje deportivo.

Esta circunstancia es la que propicia que los "meros poseedores" no est¨¦n siendo imputados en los procesos penales (al no demostrarse que realizan algunas de las conductas contra la salud p¨²blica) y esto condiciona seriamente la viabilidad de las pruebas de posesi¨®n obtenidas en el ¨¢mbito de la instrucci¨®n penal y, en la mayor parte de los casos, con limitaci¨®n judicial de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Si los deportistas fueran imputados, la acci¨®n administrativa podr¨ªa iniciarse y suspenderse hasta la finalizaci¨®n de la acci¨®n penal, pero los hechos probados en el ¨¢mbito penal podr¨ªan ser utilizados en el ¨¢mbito administrativo. Cuando tal imputaci¨®n no se produce, la presencia de los deportistas en los procesos penales es referencial y no de responsabilidad directa, por lo que los instrumentos de convicci¨®n quedan vinculados, primero, al desarrollo del propio proceso penal y, posteriormente, a la limitaci¨®n de sus efectos entre las partes.

La soluci¨®n al problema no es sencilla pero, desde luego, no condiciona ni merma la efectividad de la regulaci¨®n actual, solo la sit¨²a en su dimensi¨®n correcta. La lucha en el marco de los delitos de salud p¨²blica est¨¢ asegurada y es la deportiva la que pasa problemas que, desde luego, no es f¨¢cil pensar que puedan solucionarse con aprovechamiento de los elementos penales de la instrucci¨®n. Muchos otros sectores de la potestad sancionadora p¨²blica ser¨ªan m¨¢s eficaces si se pueden utilizar las t¨¦cnicas penales pero es el legislador el que marca el l¨ªmite del reproche y, claro est¨¢, de las t¨¦cnicas para su represi¨®n.

Alberto Palomar es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III.