El TSJ sopesa si deja que el juez de Madrid siga investigando a Camps

Tres meses despu¨¦s de que cuatro diputados socialistas presentaran una querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos, cinco supuestos miembros de la trama de corrupci¨®n que afecta al PP y cinco conocidos empresarios, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) est¨¢ a punto de decidir si acepta a tr¨¢mite la querella por financiaci¨®n irregular del PP valenciano o deja que el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el conjunto del caso G¨¹rtel, siga investigando al jefe del Consell.

Tras intentar sin ¨¦xito que Pedreira le comunicara el estado de las investigaciones, en su mayor parte bajo secreto de sumario, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que preside Juan Luis de la R¨²a, tiene varias opciones: aceptar a tr¨¢mite la querella y, si es necesario, plantear ante el Tribunal Supremo un conflicto de competencias; declararse temporalmente incompetente; archivar provisionalmente la querella a la espera de que Pedreira levante el secreto del sumario, o archivar sin m¨¢s.

Cinco empresarios figuran entre los 17 implicados en la querella

Consultada por el tribunal, la fiscal¨ªa se ha pronunciado a favor de que se declare temporalmente incompetente mientras Pedreira culmina su investigaci¨®n y levanta el secreto del caso. Los diputados socialistas, en cambio, han recordado al TSJCV que el informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales en el que se basa la querella contiene suficientes elementos de prueba como para emprender la investigaci¨®n.

Tras archivar en agosto pasado, contra la opini¨®n del juez instructor, Jos¨¦ Flors, la imputaci¨®n por cohecho a Camps en el caso de los trajes regalados por la trama, el TSJ valenciano puede ahora quedarse al margen del resto de la investigaci¨®n.El portavoz parlamentario de los socialistas, ?ngel Luna, que firma la querella con los diputados Joaquim Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno, ha explicado que, tarde o temprano, el caso, dado que afecta a cargos aforados, tendr¨¢ que resolverse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. "Por eso lo hemos presentado aqu¨ª", a?adi¨®. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, a su vez, afirm¨® hace unos d¨ªas que, se investigue donde se investigue, lo importante es que se llegue al fondo del asunto.

La querella va dirigida contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, diputado y ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente del Consell; David Serra y Yolanda Garc¨ªa, ambos diputados auton¨®micos, el primero vicesecretario general y la segunda tesorera del PP regional; Dora Ibars, directora general de Promoci¨®n Institucional de la Generalitat y responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estrat¨¦gica y Promocional de la Comunidad Valenciana, y Pedro Garc¨ªa, ex director general de R¨¤dio televisi¨® Valenciana. Tambi¨¦n apunta a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta actualmente en prisi¨®n, ?lvaro P¨¦rez, el hombre en Valencia de la trama y presidente de Orange Market; C¨¢ndido Herrero, de esta misma empresa; Pablo Crespo y Jos¨¦ Luis Izquierdo, el hombre de confianza y el contable de la trama, respectivamente, seg¨²n la investigaci¨®n policial. Finalmente, la querella implica a los empresarios Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons, presidente de Piaf; Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente del Consell Juan Cotino y administrador del grupo Sedesa, y Luis Batalla, del grupo Lubasa.

El informe de la Brigada Policial de Blanqueo se?ala que estos ¨²ltimos empresarios habr¨ªan pagado, a trav¨¦s de Orange Market, facturas correspondientes al PP valenciano. Por otra parte, los socialistas se apoyan en otro informe policial del caso G¨¹rtel, que revela que la trama de corrupci¨®n cobr¨® m¨¢s de un mill¨®n de euros en comisiones ilegales por la sonorizaci¨®n y la instalaci¨®n de pantallas para la visita del Papa a Valencia en 2006, gracias a un contrato adjudicado por RTVV. Los socialistas consideran que hay indicios de "delito continuado de falsedad, financiaci¨®n ilegal de partido pol¨ªtico, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, cohecho y delito fiscal".

La opini¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupcci¨®n, en el sentido de que el TSJCV debe declararse "por el momento incompeteente" para no incurrir en "una duplicidad de procedimiento" confirma indirectamente que estos mismos hechos est¨¢n siendo investigados por el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira. La fiscal¨ªa tiene acceso a las actuaciones que desarrolla el juez.