Torturadores sin castigo
Nada justificar¨ªa que quienes buscaron argumentos legales para perpetrar los cr¨ªmenes fueran castigados si quienes ordenaron su ejecuci¨®n y quienes los perpetraron no han sido castigados. ?sa es la conclusi¨®n pr¨¢ctica a la que ha llegado el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos en relaci¨®n con las torturas efectuadas contra sospechosos de terrorismo durante la presidencia de Bush por parte de agentes norteamericanos. Nadie ha perseguido ni perseguir¨¢ a los pol¨ªticos que dieron la orden de buscar todos los resquicios legales posibles para practicar torturas sobre los detenidos, empezando por el ex presidente Bush y siguiendo con su vicepresidente, Dick Cheney, y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El actual presidente, Barack Obama, se?al¨® acerca de estas escabrosas cuestiones, pocas semanas despu¨¦s de llegar a la Casa Blanca, que no pensaba mirar hacia el pasado.
La exoneraci¨®n de los abogados de Bush que autorizaron las torturas marca un punto final
Ser¨¢ muy dif¨ªcil que alguno de los torturadores sea conducido ante los tribunales, aunque el actual secretario de Justicia, Eric Holder, orden¨® en su d¨ªa una investigaci¨®n judicial sobre los m¨¦todos de interrogaci¨®n de la CIA. Despu¨¦s de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la agencia fue una de las primeras instituciones gubernamentales que solicit¨® a la Oficina de Asesor¨ªa Legal de la Casa Blanca que elaborara un dictamen proporcionando cobertura legal a sus interrogadores. Sucedi¨® en un clima de p¨¢nico antiterrorista, que aprovecharon quienes quer¨ªan reforzar los poderes del presidente, sustraerle del control del Parlamento y de la justicia, y contar con manos libres para detener indefinidamente e interrogar sin l¨ªmites a los sospechosos.
Fueron los abogados de la Casa Blanca quienes, en vez de se?alar a los pol¨ªticos los l¨ªmites de la ley, se dedicaron a forzar sus l¨ªmites para dar a los interrogadores permiso legal para someter a los interrogados a largas privaciones de sue?o, ahogamiento con agua hasta el l¨ªmite de la asfixia, lanzamiento violento contra la pared o utilizaci¨®n intimidatoria de perros. Consiguieron, adem¨¢s, que juristas y pol¨ªticos se enzarzaran en bizantinas e indecentes discusiones sobre los l¨ªmites de la tortura.
La realidad se fue ocupando, en paralelo con los informes legales, de desbordar esas fr¨¢giles fronteras, puesto que los interrogadores que reciben este tipo de autorizaciones las interpretan como una carta blanca para actuar sobre los interrogados sin otro l¨ªmite m¨¢s que el evitar infligirles la muerte. De esta lamentable pol¨ªtica contra los derechos humanos surgieron las torturas fotografiadas o filmadas de Abu Ghraib y las que no han dejado rastro perpetradas en las numerosas c¨¢rceles secretas abiertas por la CIA en distintos pa¨ªses.
En la Casa Blanca de Obama no hay unanimidad sobre los pecados del pasado. Algunos, como el director de la CIA Leon Panetta, quieren evitar cualquier acci¨®n que debilite a la agencia o desmoralice a sus agentes. Otros consideran que es imposible evitar el rendimiento de cuentas ante la justicia por parte de quienes han violado la ley desde el propio Gobierno. En caso contrario, aseguran, quedar¨ªa consagrado como un antecedente que sucesivos gobiernos podr¨ªan utilizar para regresar a estas pr¨¢cticas repugnantes.
Ahora, el caso ha quedado zanjado favorablemente para los r¨¢bulas que justificaron las torturas, sobre todo John Choo Yoo y Jay Bybee, los dos juristas m¨¢s preeminentes en estas sucias labores. El Departamento de Justicia ha decidido que no son "culpables de conductas incorrectas" a pesar de que utilizaron una forma de razonamiento legal err¨®nea, por lo que no corresponde comunicar las faltas a sus respectivos colegios de abogados para que procedan a su castigo profesional.
Obama ha conseguido restaurar parcialmente el equilibrio entre seguridad y libertad gravemente perturbado por su predecesor. Pero est¨¢ todav¨ªa muy lejos del simple cumplimiento de sus bellas y generosas promesas: Guant¨¢namo todav¨ªa funciona; hay asesinatos selectivos en Afganist¨¢n y Pakist¨¢n; quedan c¨¢rceles secretas como la de Bagram, gemela de la de Guant¨¢namo, en suelo afgano. La exoneraci¨®n de Yoo y Bybee, en consonancia con tales pr¨¢cticas, huele a punto final en la rendici¨®n de cuentas por las responsabilidades de Bush y los suyos. Hasta aqu¨ª ha llegado la ilusi¨®n creada por el orador inspirado que gan¨® las elecciones en noviembre de 2008.
(Bush se enfang¨® en estas monstruosidades porque cre¨ªa que as¨ª proteg¨ªa a sus conciudadanos frente al terrorismo. Son conocidos los efectos de tales pol¨ªticas, principalmente sobre la imagen y la voluntad de ejemplaridad ante los reg¨ªmenes que atentan sistem¨¢ticamente contra los derechos humanos. Distinto es el caso de Cuba, donde son sus ciudadanos quienes se hallan desprotegidos ante el terrorismo practicado por el Estado. Si hay que pedir cuentas por quienes cubrieron legalmente, ordenaron o practicaron torturas sobre extranjeros sospechosos de terrorismo, ?c¨®mo no habr¨ªa que pedir cuentas y exigir reparaciones de los dirigentes de un Gobierno que tortura directamente a sus ciudadanos, s¨®lo porque sospecha que disienten de las opiniones de los torturadores?)
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