Dejad trabajar a los jueces

La semana pasada el Congreso rechaz¨® la toma en consideraci¨®n de las dos proposiciones de ley presentadas por CiU y por ERC para reformar la norma reguladora del Tribunal Constitucional (TC) con el prop¨®sito de limitar la continuidad en sus cargos -hoy por hoy indefinida- de los magistrados cuando su mandato preceptivo de nueve a?os haya vencido. Los cuatro magistrados que fueron elegidos en 1998 por el Senado -incluida su actual presidenta- han disfrutado ya de una pr¨®rroga de dos a?os y tres meses por la incapacidad de los grupos del PSOE y del PP en la C¨¢mara alta para ponerse de acuerdo sobre los nombres de los candidatos sustitutos. La plaza de otro juez designado en 2001 por el Congreso y fallecido en mayo de 2008 no ha sido cubierta a causa de la misma raz¨®n.

Socialistas y populares sabotean en el Congreso la reforma del Tribunal Constitucional

Aunque las proposiciones de CiU y ERC no solucionaban de manera completa el bloqueo de las renovaciones provocado por el incumplimiento de los deberes constitucionales obligatorios para los grupos parlamentarios socialista y popular (ser¨ªa necesaria una mini-reforma constitucional para conseguirlo), ten¨ªan el m¨¦rito de plantear el problema y de sugerir una f¨®rmula de arreglo: la limitaci¨®n a seis meses de la pr¨®rroga en el ejercicio de sus funciones de los magistrados cesantes. Si los portavoces del PSOE y del PP no hubiesen impedido -como guardias jurados de una finca de caza propiedad en condominio de los dos partidos- la toma en consideraci¨®n de ambas iniciativas, tal vez el debate posterior habr¨ªa engendrado nuevas propuestas.

Es bien sabido que la hipocres¨ªa inspira las actitudes de los dirigentes de los partidos respecto a la justicia, una instituci¨®n ante cuyo retablo hacen sumisas reverencias pero tratan siempre de manipular. El llamamiento a que la opini¨®n p¨²blica calle y deje trabajar en paz a los jueces cuando los conflictos llegan a los tribunales es un latiguillo habitual de los pol¨ªticos si se sienten amenazados -en el poder o la oposici¨®n- por alguna futura resoluci¨®n judicial. "Es la hora de los jueces", suele pontificar la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega. Pero esas manifestaciones de humilde acatamiento suelen ir acompa?adas de soterradas presiones sobre los jueces y de escandalosas campa?as intimidatorias en los medios de comunicaci¨®n. Sirvan de ejemplo las operaciones puestas en marcha por el PP durante las ¨²ltimas semanas en cuatro sumarios -el caso Camps, el caso G¨¹rtel, el caso Garz¨®n y el caso B¨¢rcenas- ¨ªntimamente conectados entre s¨ª.

En el caso del TC, los partidos ni siquiera necesitan actuar desde fuera: cuentan dentro de la casa con gente dispuesta a complacerles. El procedimiento de designaci¨®n de los 12 miembros del TC distribuye la capacidad de nombramiento entre los tres poderes del Estado: ocho magistrados corresponden al Poder Legislativo (el Congreso y el Senado a partes iguales) y dos al Poder Judicial (a trav¨¦s de su Consejo General); los dos reservados al Poder Ejecutivo corren a cargo del Gobierno. Ese sistema de reclutamiento convierte el TC en dominio exclusivo de socialistas y populares por el peso de sus votos electorales: ambos partidos se alternan al frente del Gobierno desde 1982, en tanto que sus grupos parlamentarios (que ocupan las 4/5 partes del Congreso y el Senado) resultan imprescindibles para reunir los 3/5 de esca?os requeridos para elegir los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y los 12 magistrados del TC.

Aunque la Constituci¨®n de 1978 daba por descontado que los partidos respetar¨ªan el criterio de probada independencia y reconocida competencia exigidos a los magistrados del TC, la historia del alto tribunal est¨¢ dominada -salvo en su etapa inicial y con honrosas excepciones posteriores- por la sectaria aplicaci¨®n de ese procedimiento para conseguir la disciplinada lealtad de los candidatos electos a sus padrinos pol¨ªticos.

El reverso de ese oligopolio compartido por el PSOE y por el PP sobre el Constitucional es la capacidad de cualquiera de los dos partidos -los populares son los boicoteadores por antonomasia- para sabotear dolosamente la renovaci¨®n del TC (y del CGPJ) siempre que lo estimen favorable a sus intereses partidistas. De ah¨ª que el veto de ambos grupos a las proposiciones de CiU y ERC para erradicar ese bloqueo no haya sido m¨¢s que un miserable ejercicio de matoner¨ªa pol¨ªtica. En cualquier caso, los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal deber¨ªan ser conscientes de que sus manipulaciones y ventajismos han situado al TC en una situaci¨®n l¨ªmite: la eventual quiebra de esa instituci¨®n crucial para nuestro sistema pol¨ªtico podr¨ªa arrastrar en su ca¨ªda a todo el Estado de derecho.