Cat¨¢logo de corrupci¨®n
Matas arriesga hasta 24 a?os de prisi¨®n por nueve presuntos delitos cometidos desde la presidencia
Entre los a?os 2003 y 2007 hubo motivos en Baleares para que se abrieran 19 causas penales por corrupci¨®n con imputados de los dos partidos que gobernaron sus instituciones principales: siete de Uni¨®n Mallorquina y 12 del Partido Popular. Entre estos ¨²ltimos, el entonces presidente balear, Jaume Matas, pendiente de las medidas cautelares que decida el juez pero para quien la fiscal¨ªa ha solicitado prisi¨®n provisional eludible mediante fianza de tres millones, la mayor conocida para delitos de este tipo.
La fiscal¨ªa argumenta esta decisi¨®n por el riesgo de fuga derivado de la entidad de las penas que arriesga Matas, hasta 24 a?os de c¨¢rcel; y de las evidencias incluidas en el propio sumario sobre el importante patrimonio generado y tratado de ocultar, que podr¨ªa favorecer el intento de fuga. Matas ha prestado declaraci¨®n como imputado en nueve delitos que compendian casi todo el arco potencial de la corrupci¨®n, desde la malversaci¨®n al tr¨¢fico de influencias pasando por blanqueo, prevaricaci¨®n, cohecho, falsedad en documento oficial, etc¨¦tera. Pero como en otros casos que afectan a miembros del PP, la l¨ªnea de defensa seguida por los abogados parece orientarse antes a buscar la anulaci¨®n de algunas pruebas (y a desacreditar la instrucci¨®n) que a refutar las acusaciones.
Y cuando se intenta esto ¨²ltimo es, significativamente, mediante la admisi¨®n de otros delitos considerados menores; por ejemplo, contra la Hacienda: alega que dispon¨ªa de otros ingresos no declarados con los que pagaba en negro las compras que se consideraron signos externos de enriquecimiento il¨ªcito. O por la v¨ªa de eludir su responsabilidad culpando a sus subordinados de las irregularidades (en el caso Palma Arena, en el que se investiga el sobrecoste de esa obra y su eventual relaci¨®n con la financiaci¨®n del partido).
El abogado de Matas ha anunciado recurso para instar la anulaci¨®n de las grabaciones de conversaciones con su defendido de las que se deducir¨ªa un intento de enmascarar sus cuentas personales. La ley es estricta en la prohibici¨®n de intervenciones telef¨®nicas en la relaci¨®n abogado-cliente, pero admite excepciones; si son aplicables al caso es algo que habr¨¢ de dilucidarse en el proceso. En todo caso, esas grabaciones apenas a?aden elementos nuevos a lo averiguado por otras v¨ªas, seg¨²n se refleja en el informe de la fiscal¨ªa.
De ese informe y lo que ha trascendido de las declaraciones del ex presidente y su entorno, se deduce una permanente confusi¨®n entre lo p¨²blico y lo privado: un cu?ado que a la vez era gerente del PP y en cuyo despacho se pagaban cuentas de la familia Matas; un ex consejero del Gobierno balear convertido en testaferro de las compras inmobiliarias de su presidente. Y, en general, una actitud propia de quien cree gozar de impunidad: ?c¨®mo, si no, pudo considerar normal pagar en cinco a?os m¨¢s de cuatro millones de euros en efectivo en casas (y sus remodelaciones), muebles y joyas, habiendo sacado de sus cuentas bancarias en ese tiempo menos de 500 euros?
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