Soluciones, hay

Observando el lamentable panorama proporcionado por esa creciente multitud de ciudadanos entrando y saliendo de los juzgados como si se tratara de su casa, podr¨ªa llegarse a la razonable conclusi¨®n de que la corrupci¨®n en Espa?a no s¨®lo est¨¢ muy extendida, sino que resulta ya a estas alturas totalmente inevitable.

Sin embargo, esto ser¨ªa cierto solo de manera parcial, porque si bien la progresi¨®n de la corrupci¨®n en suelo patrio es un hecho contrastado desde hace a?os, gracias a la organizaci¨®n Transparency International, que, ya en 2009, situaba a Espa?a en el puesto 32 en el IPC, ?ndice de Percepci¨®n de la Corrupci¨®n (?el n? 20, en 2000!), no ocurre lo mismo con la presunta inevitabilidad de aqu¨¦lla. Es muy evidente que, a poco que existiera una decidida voluntad pol¨ªtica por parte de los principales partidos, la corrupci¨®n ligada al manejo indecente del dinero p¨²blico podr¨ªa ser erradicada de manera tan contundente como definitiva.

Naturalmente, no hay que ser un lince para comprender que la f¨¦rrea resistencia que ¨¦stos muestran ante un asunto de tama?o calado tiene que ver, sobre todo, con la p¨¦rdida del poder de decisi¨®n en aquellos aspectos relacionados directamente con el movimiento final del dinero p¨²blico, lo que, parad¨®jicamente, es la principal raz¨®n que aconsejar¨ªa una delimitaci¨®n precisa del genuino campo de acci¨®n de la esfera pol¨ªtica (establecimiento de prioridades presupuestarias y asignaciones del gasto a cada uno de los proyectos de inversi¨®n) del de su ejecuci¨®n efectiva. En el caso de los planes generales de urbanismo, por ejemplo, una de las principales fuentes del trapicheo nacional, el asunto podr¨ªa solucionarse creando sendas comisiones territoriales de expertos de reconocido prestigio en la materia (elegidos por acuerdo de, al menos, dos tercios de los parlamentos respectivos), cuya funci¨®n fuera la de dictaminar, con car¨¢cter vinculante, la idoneidad y viabilidad t¨¦cnica de aquellos, eliminando de paso cualquier margen a la discrecionalidad en las futuras concesiones de licencias. En el bien entendido que sus miembros deber¨ªan rendir cuentas al parlamento correspondiente y estar sujetos a fiscalizaci¨®n y control de los diversos tribunales de cuentas; los cuales, a su vez, deber¨ªan ser totalmente independientes y actuar en tiempo real (no como ahora).

Otro tanto ocurrir¨ªa con las licencias y contrataciones de servicios y obra p¨²blica evitando que fuera la Administraci¨®n afectada la que tomara la decisi¨®n final sobre las empresas adjudicatarias. Y, en cualquier caso, siempre debiera exigirse que los procedimientos, ofertas y criterios empleados por las respectivas comisiones fueran p¨²blicos y accesibles a los ciudadanos a trav¨¦s de la correspondiente p¨¢gina web. As¨ª ocurre, por ejemplo, en el caso de Noruega con la Base Nacional de Datos para la Contrataci¨®n P¨²blica (DOFFIN), gestionada por la Agencia de Gesti¨®n P¨²blica y Administraci¨®n Electr¨®nica, o de otros sistemas de control similares establecidos por Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur o Suecia. Con resultados m¨¢s que evidentes puesto que copan los primeros puestos del IPC.

O sea que soluciones, hay. Lo que no parece que haya es muchas ganas de solucionarlo.