Tres avisos para Aguirre

?Sab¨ªa Aguirre lo que se coc¨ªa entre sus distinguidos cargos electos? Lo que est¨¢ claro es que, al menos, pudo saberlo. Una primera pista fue el caso Majadahonda. La presidenta se enter¨® en 2004 de que el alcalde, Guillermo Ortega, pretend¨ªa subastar dos parcelas municipales por un precio irrisorio, muy inferior al de mercado. La alerta proced¨ªa de 12 de los 15 ediles del grupo municipal, a los que aquello les parec¨ªa un disparate. El esc¨¢ndalo urban¨ªstico acab¨® con Ortega obligado a dimitir y relegado a dirigir una empresa regional y dos concejales convertidos en ex ediles. "Lo hice sin saber nada de lo que hab¨ªa detr¨¢s", dijo Aguirre el viernes, rectific¨¢ndose a s¨ª misma y a su "yo destap¨¦" del d¨ªa anterior.

La l¨ªder orden¨® a L¨®pez Viejo en 2005 dejar de contratar a Special Events

Poco despu¨¦s de que estallara el caso Majadahonda, en marzo de 2005, Intervi¨² public¨® un reportaje en el que suger¨ªa que las "amistades peligrosas" de Alejandro Agag se estaban forrando con adjudicaciones de Majadahonda y de la Comunidad de Madrid. El art¨ªculo aseguraba que Alberto L¨®pez Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia, influ¨ªa para que las concesiones de la organizaci¨®n de actos se las llevaran Special Events y Down Town Consulting. Aguirre ha contado que orden¨® -con "instrucciones clar¨ªsimas"- a L¨®pez Viejo cortar por lo sano con Special Events. Seg¨²n dijo, el viceconsejero la enga?¨® luego al contratar a otras empresas del conglomerado G¨¹rtel. ?l les cambi¨® el nombre y en lugar de Special Events, adjudic¨® a Easy Concept y Servimadrid, entre otras, pero todas eran de la red de Correa.

Aguirre a¨²n tuvo una tercera ocasi¨®n de enterarse de que algo ol¨ªa a podrido entre sus filas. En septiembre de 2006, un concejal de Alternativa por Boadilla, ?ngel Galindo, escribi¨® a la presidenta para informarle de que el Ayuntamiento hab¨ªa adjudicado una parcela municipal a UFC por 35 millones de euros. Pretend¨ªa construir 135 viviendas de lujo. En el procedimiento "participaron diversas empresas que ofertaron m¨¢s de 39 millones", a?ad¨ªa. Y aportaba un certificado del Ministerio de Trabajo en el que constaba que UFC nunca hab¨ªa estado inscrita en la Seguridad Social, lo que impide que pueda lograr una adjudicaci¨®n p¨²blica. UFC pertenec¨ªa a Jos¨¦ Luis Ulibarri, el principal empresario imputado en el G¨¹rtel, al que se investiga por si pag¨® tres millones de comisi¨®n por otra concesi¨®n en el municipio (las viviendas de Boadilla Park).