La interventora de Mislata denunci¨® un lucro injusto

El Ayuntamiento de Mislata, gobernado por el PP, decidi¨® ayer de manera fulminante suspender de manera provisional a su interventora municipal, la funcionaria Herminia Llop, "por incumplimiento de las funciones esenciales en su puesto de trabajo". Los desencuentros de la funcionaria con el Ayuntamiento vienen de lejos.

En agosto de 2009 la interventora ya present¨® un informe en el que expresaba que no se pod¨ªa "pronunciar respecto a la proporcionalidad" de un convenio firmado con Lubasa para la construcci¨®n de unos aparcamientos y si se hab¨ªa producido "enriquecimiento injusto para alguna de las partes".

Todo empez¨® en septiembre de 2006 con la decisi¨®n del alcalde de Mislata, el popular Manuel Corredera, de construir cuatro aparcamientos. La empresa adjudicataria de las obras, por valor de 16,8 millones de euros, fue Lubasa, a la que tambi¨¦n se le concedi¨® la explotaci¨®n administrativa de los aparcamientos. Pero un a?o m¨¢s tarde, la empresa decidi¨® paralizar la obra del ¨²ltimo aparcamiento (lo que provoc¨® un socav¨®n de 10.000 metros cuadrados que todav¨ªa existe en el centro de la localidad) porque s¨®lo se vendieron ocho plazas de las 1.064 construidas.

La funcionaria se opuso a la cantidad que el PP quer¨ªa pagar a Lubasa

Llop insisti¨® en que deb¨ªa ser la empresa la que indemnizara al Ayuntamiento

Tras dos a?os, el PP rescindi¨® el contrato con Lubasa y decidi¨® pagar 17,6 millones de euros por los tres aparcamientos terminados y el inconcluso, un precio superior al de la licitaci¨®n inicial.

Empez¨® entonces la guerra entre la intervenci¨®n municipal, que no ve¨ªa nada clara la operaci¨®n, y la alcald¨ªa. La funcionaria lleg¨® a enfrentarse al PP y mientras tanto el PSPV exig¨ªa la revisi¨®n de la liquidaci¨®n.

A partir de ah¨ª la situaci¨®n se fue enquistando y lleg¨® incluso a intervenir la Delegaci¨®n del Gobierno solicitando a la interventora municipal diversos informes cuyo contenido no agrad¨® a Corredera.

Los desencuentros arreciaron. Por una parte, en diversos plenos la funcionaria manifest¨® su disconformidad con lo que el PP pretend¨ªa pagar a Lubasa, un coste mucho mayor del establecido inicialmente y que el PSPV cifr¨® en 24,5 millones de euros, fruto de sumar al coste de toda la operaci¨®n los intereses generados por la misma. Pero adem¨¢s la interventora ha insistido en que Lubasa deber¨ªa indemnizar al Ayuntamiento por la paralizaci¨®n del cuarto aparcamiento, cosa que el PP ha ignorado.

La sorpresa fue may¨²scula ayer en el Ayuntamiento de Mislata porque Corredera, a trav¨¦s de un decreto, suspend¨ªa de manera provisional a la interventora, por un plazo m¨¢ximo de seis meses.

La funcionaria, que estaba muy afectada por lo inesperado de la situaci¨®n, no sali¨® de su despacho hasta pasadas las siete de la tarde. Algunos funcionarios afirman que durante su encierro estuvo fotocopiando documentos para su defensa, un extremo que ella neg¨® a este peri¨®dico. Custodiada todo el tiempo por siete polic¨ªas locales para evitar, seg¨²n diversas fuentes, que la interventora municipal saliera del Ayuntamiento con documentaci¨®n, la acci¨®n de Herminia Llop provoc¨® un tenso clima que acab¨® con la presencia de su abogado.

Corredera, que no quiso hacer declaraciones "porque es un tema meramente administrativo", justific¨® la presencia policial por "controlar a un trabajador en su despacho fuera de horario".

Los socialistas de Mislata, a trav¨¦s de su secretario general, Carlos Fern¨¢ndez Bielsa, advirtieron: "No van a callarnos por decreto a quienes estamos defendiendo el dinero de los ciudadanos, a quienes denunciamos el derroche y el despilfarro del PP y a quienes hemos denunciado, una y otra vez, el gran pelotazo del PP con los aparcamientos de Lubasa". Los socialistas tacharon la decisi¨®n del alcalde de "dictatorial porque castiga a quienes no hacen informes como ¨¦l quiere, con claros s¨ªntomas de abuso de poder, simplemente por defender la legalidad" y le exigieron que "revoque la decisi¨®n de fulminar a la interventora municipal y paralice el decreto ya que no existe ninguna raz¨®n".