Catral reclama hasta 20.000 euros para legalizar casas en la huerta

Cuatro a?os despu¨¦s de que el Consell se hiciera cargo del urbanismo en Catral, la huerta de esta poblaci¨®n de La Vega Baja alicantina presenta el mismo paisaje. Centenares de casas unifamiliares (1.272 viviendas) levantadas ilegalmente sin los m¨¢s elementales servicios m¨ªnimos. Carecen de una trama urbana definida y siguen sin disponer de alcantarillado y de alumbrado. En el entorno s¨®lo destaca un elemento nuevo: taquillas postales, por las que el Ayuntamiento cobra un alquiler de 50 euros al a?o.

Los propietarios de las casas, en su mayor¨ªa residentes ingleses, denuncian que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende repercutirles el coste de la "regularizaci¨®n" de viviendas, alrededor de unos 20.000 euros por due?o. Los afectados estudian presentar una demanda contra el Consistorio de Catral para exigir su responsabilidad civil subsidiaria y que los gastos corran a cargo de las arcas municipales.

Los propietarios pagaron hasta 400.000 euros por una vivienda ilegal

La proliferaci¨®n de casas ilegales en la huerta de Catral motiv¨® que el Consell interviniera el planeamiento del municipio en octubre de 2006. El ejecutivo valenciano ya ha devuelto las competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento, pero a¨²n no se ha aprobado el proyecto definitivo para regularizar las casas. El caso es tambi¨¦n objeto de una investigaci¨®n judicial, que tampoco avanza.

Las quejas y malestar de los due?os de las casas ilegales de Catral est¨¢n reflejadas en las actas de las reuniones peri¨®dicas que el colectivo celebra en la localidad a instancias de la Asociaci¨®n Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), entidad que llev¨® el caso a los tribunales en 2004. "Los compradores hemos pagado entre 100.000 y 400.000 euros por nuestra vivienda ilegal, carente de servicios b¨¢sicos y de c¨¦dula de habitabilidad. Hemos comprado muy caro, y hemos pagado todo. Nadie nos puede obligar a pagos adicionales ni de 10.000 ni 20.000 ni 30.000 euros. Pagamos impuestos como los del casco urbano, y tenemos derecho a reclamar y exigir responsabilidades y soluciones a los responsables y a su costa", recoge el acta de la reuni¨®n celebrada el pasado 17 de febrero.

Otra constante en las reuniones de los afectados es la impunidad en la que permanecen los, en su opini¨®n, verdaderos "culpables" de ese claro ejemplo de urbanismo salvaje, es decir, los constructores y promotores; el Ayuntamiento de manera directa; y el Consell por obviar su funci¨®n de supervisar la legalidad actividad urban¨ªstica en el municipio."Los verdaderos culpables de las irregularidades son las inmobiliarias que se presentaron como promotores y constructores y que nos ocultaron las informaciones esenciales para el comprador, y el Ayuntamiento y el Consell por no cumplir ni hacer cumplir la ley y la disciplina urban¨ªstica", se?ala el documento referido.

Entre los gastos que el Ayuntamiento pretende repercutir a los afectados, se encuentra la tasa municipal del 1% por actividad urban¨ªstica. A juicio del Honorio Fern¨¢ndez, presidente de AECU, est¨¢ iniciativa es ilegal. "Esa tasa municipal est¨¢ prevista para las construcciones levantadas en el marco de la legalidad, y no para las irregulares. El Ayuntamiento ha modificado la ordenanza para intentar cobrar ese impuesto, cuando ni tan siquiera ha sido aprobada por el Consell la revisi¨®n del nuevo PGOU ni el convenio urban¨ªstico para la regularizaci¨®n de las casas", explica. "El Ayuntamiento, no puede obligar a pagar una tasa por un servicio que a¨²n no prestado", a?ade.

Los afectados, en una de sus ¨²ltimas reuniones celebradas en marzo, y ante la inoperancia municipal y lentitud en la instrucci¨®n del sumario acordaron acudir tambi¨¦n a la v¨ªa de lo contencioso-administrativo. De hecho, el pasado 10 de febrero AECU present¨® un escrito de queja al juzgado n¨²mero 5 de Orihuela por falta de informaci¨®n en la que solicitan informaci¨®n sobre la situaci¨®n actual del proceso judicial.

Y tambi¨¦n remitieron al Ayuntamiento un escrito exigiendo una a serie de documentos sobre sus demandas. Entre ¨¦stas destacan las siguientes: listado de expedientes sancionadores abiertos a los promotores y constructores; lista de las 251 viviendas que el Consell propon¨ªa demoler, pero ahora en suspenso; o destino de las cantidades que en su d¨ªa los due?os de las casas entregaron en el Ayuntamiento por agua (100 euros por vivienda). Tambi¨¦n piden una lista de las dotaciones que el Ayuntamiento pretende subsanar a fin de que los afectados puedan estimar cuales ser¨ªan los costes totales y negociar el pago. Y exigen conocer las condiciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local para instalar "aceleradamente" unos casilleros postales pluridomiciliarios que ahora no pueden utilizar.

Por su parte, el alcalde de Catral, Aurelio Albero, del PP, rechaza de plano todas estas acusaciones de los vecinos afectados. Sobre la tasa del 1% sobre actividad urban¨ªstica el regidor asegura que es legal: "Se trata de una tasa por un servicio que estamos realizando, es decir, verificar sobre el terreno el estado urban¨ªstico de la zona, y para ello hemos tenido que contratar a dos t¨¦cnicos. El porcentaje se aplica sobre el techo construido, no m¨¢s de 1.200 euros por vivienda".

En cuanto a la aportaci¨®n de los due?os a la regularizaci¨®n de las casas, Albero subraya que no hay nada cerrado. "No hay un presupuesto elaborado, porque tampoco el concierto previo est¨¢ aprobado. Y todo depender¨¢ de la situaci¨®n de cada grupo de viviendas", explica el regidor.