?Qu¨¦ hacer con la AP-7?

De tarde en tarde, con diferentes protagonistas, aparece el debate sobre el peaje de las autopistas y, en concreto, sobre nuestra mediterr¨¢nea AP-7. Recientemente, en La Plana: construir una variante de la carretera N-340 o eliminar del peaje en la AP-7 para el tramo Castell¨®-Orpesa. Las relaciones hist¨®ricas entre la empresa concesionaria de esta autopista de peaje y la Comunidad Valenciana no han sido, digamos, mod¨¦licas: ni en la transparencia, ni sobre la optimizaci¨®n de la funcionalidad de la v¨ªa, ni en el control de la misma por las diferentes administraciones. Ahorraremos al lector enumerar algunos episodios que ilustran estos desajustes.

Digamos que la AP-7 nunca ha alcanzado niveles de ocupaci¨®n acordes con su dise?o y capacidad, lo que la convierte, desde el punto de vista estrictamente t¨¦cnico, en una v¨ªa escandalosamente infrautilizada, una cuesti¨®n que cualquier usuario habitual de la misma constata. No es, ciertamente, el ¨²nico caso en la red espa?ola. El modelo de gesti¨®n elegido por la concesionaria se ha basado en mantener la rigidez del dise?o inicial, con accesos limitados (la ¨²nica excepci¨®n, el nuevo enlace construido para el fracasado parque Terra M¨ªtica) y en una pol¨ªtica tarifaria que disuade a muchos potenciales usuarios, aunque fideliza a los de largo recorrido, estimulados por la tolerancia con los excesos de velocidad, un aut¨¦ntico para¨ªso legal para algunos conductores. Todo ello ha generado escasa inversi¨®n y reducido mantenimiento.

La verdadera apuesta de futuro radica en un cambio de planteamientos en las administraciones

La ampliaci¨®n de la concesi¨®n en 13 a?os por parte del Gobierno de Aznar (de 2006 a 2019), aunque "obligaba" a una reducci¨®n de tarifas de un 30%, todo indica que ha supuesto mayores beneficios. Si como parece, la construcci¨®n ya estaba de sobra amortizada para 2006, el regalo habr¨ªa sido sustancioso. Resulta l¨ªcito, por tanto, cuestionar tanta indemnizaci¨®n como se insin¨²a en caso de rescate, as¨ª como pedir claridad en las cuentas pues estamos hablando, aunque no lo parezca, de un servicio p¨²blico.

En cuanto a su rentabilidad social, el hecho de que la AP-7 sea todav¨ªa de peaje y de gesti¨®n privada, introduce una fuerte distorsi¨®n en el planeamiento de carreteras, ya que se utiliza por Fomento y la Generalitat para justificar numerosos proyectos de nuevas circunvalaciones, autov¨ªas y duplicaciones, redundantes entre s¨ª y con la AP-7, que como hemos dicho, est¨¢ infrautilizada.

La multiplicaci¨®n de autov¨ªas por el mismo corredor, lejos de suponer una ventaja competitiva, causar¨ªa graves perjuicios, como la fragmentaci¨®n y destrucci¨®n de tierras f¨¦rtiles, m¨¢s emisiones contaminantes, m¨¢s expansi¨®n de la urbanizaci¨®n dispersa y el reforzamiento de un sistema de transportes insostenible, basado abusivamente en la carretera y que es responsable, entre otras cosas, de una menor competitividad de nuestra econom¨ªa (por el mayor coste energ¨¦tico incorporado al transporte) y de una mayor inflaci¨®n (por la dependencia del petr¨®leo).

Habr¨ªa que recortar los excesivos planes de carreteras, buscando con el rescate de la AP-7 el mejor aprovechamiento de esa potente infraestructura. No parece sin embargo que los vientos soplen en esa razonable direcci¨®n, ya que el fest¨ªn de las infraestructuras viarias contin¨²a a toda m¨¢quina, sin contemplaciones con sus impactos sociales o medioambientales.

Y en caso de rescate por el Estado, ?qu¨¦ hacer con el peaje? A nuestro juicio, resulta improcedente plantear su eliminaci¨®n completa. En realidad, hace ya tiempo que algunos analistas sugieren la extensi¨®n del peaje a casi toda la red de autov¨ªas. Ya tenemos el r¨¦cord de kil¨®metros por habitante de toda Europa, lo que genera elevados costes de mantenimiento, que absorber¨¢n en un futuro inmediato la mayor parte del presupuesto de Fomento.

Las pol¨ªticas p¨²blicas europeas van incorporando los costes de las infraestructuras y sus impactos al transporte, imponiendo tasas generalizadas a las mercanc¨ªas por carretera. Los camiones que atraviesan Alemania llevan un chip, controlado por sat¨¦lite, que cobra autom¨¢ticamente un peaje. En Francia se presiona al transporte por carretera a subirse al ferrocarril (ferroutage), y recientemente el Gobierno conservador ha decidido no construir m¨¢s autov¨ªas.

En la AP-7, la soluci¨®n deber¨ªa llevar a la suspensi¨®n inmediata del peaje en algunos tramos comarcales, como La Plana y La Safor, y a revisar la prolongaci¨®n de la concesi¨®n para solicitar el rescate por el Estado.

Pero la verdadera apuesta de futuro radica en un cambio de planteamientos en las administraciones espa?olas, sustituyendo los planes actuales de infraestructuras (de injustificada rentabilidad) por una verdadera pol¨ªtica de transportes, por una mayor sostenibilidad, m¨¢s basada en el transporte p¨²blico y en el ferrocarril que en la carretera. Y que incorpore peajes seg¨²n el tipo de transporte, y no seg¨²n la v¨ªa concreta, en la l¨ªnea de los pa¨ªses m¨¢s avanzados de Europa.

Joan Olmos es doctor ingeniero de Caminos. Vicente Torres es doctor en Econom¨ªa.