La lista de espera de dependientes amenaza con colapsar el sistema

La lista de espera de la dependencia se incrementa a?o tras a?o. El n¨²mero de personas con derecho a una ayuda que no acaba de llegar era de 216.000 en el verano de 2008 y ahora son 252.000 los que esperan en lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia. Este a?o, 2010, era clave para desatascar ese tap¨®n porque no entra en el sistema ning¨²n grupo nuevo de dependientes. Pero en enero de 2011, decenas de miles de personas calificadas con dependencia moderada se incorporar¨¢n con pleno derecho; ya hay m¨¢s de 100.000 valorados con ese grado de discapacidad. Eso supondr¨¢ un incremento de la lista de espera si las administraciones no reaccionan. Y algunas lo van a tener dif¨ªcil; demasiados deberes atrasados.

La tardanza para resolver los expedientes genera m¨¢s y m¨¢s deuda

En Canarias, un 60% de los usuarios con derecho no recibe su prestaci¨®n

Un nuevo estudio de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pone cifras a esta suerte de colapso en que parece haber entrado la gesti¨®n de la ley. En 2008, cada mes se firmaban 28.847 ayudas (PIA) como media, que pasaban de inmediato a percibirse. En lo que va de 2010, esa media ha ca¨ªdo a 18.000. "Esto deja ver con claridad que el sistema en algunas comunidades no tiene capacidad de entrega de los servicios y prestaciones a los que las personas tienen derecho; o quiz¨¢ es una cuesti¨®n de voluntad, al menos en algunas comunidades", concluye el informe. "Pero si esto sigue as¨ª el sistema podr¨ªa entrar en colapso", advierte Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n.

Efectivamente, a todas estas medias, tanto la de las listas de espera como los plazos para atender a los ciudadanos, contribuyen en mayor medida algunas autonom¨ªas, que est¨¢n, desde el inicio de la ley, superando siempre la l¨ªnea roja. Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Catalu?a, por ese orden, son las que acumulan hoy m¨¢s lista de espera. Todas est¨¢n por encima de la media nacional, que se sit¨²a en un 31,3% de personas desatendidas. En Canarias, un 60% de los beneficiarios a¨²n no recibe la prestaci¨®n, y un 51% en Valencia. Y en la tasa de atendidos respecto a la poblaci¨®n, pr¨¢cticamente las mismas comunidades est¨¢n a la cola. De nuevo, Canarias, Madrid, Valencia y Baleares son las que muestran peores datos.

En el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social suelen decir que no es una cuesti¨®n de voluntad o prioridad pol¨ªtica, sino que justifican estas enormes diferencias entre comunidades, entre otras cosas, por la situaci¨®n de partida de cada territorio antes de implantar este sistema, es decir, la cobertura de servicios sociales de que dispon¨ªan con anterioridad.

"El problema es que esta tardanza en resolver los expedientes no hace m¨¢s que generar deuda en unos casos, cuando se trata de prestaciones econ¨®micas, y en otros, dada la precaria salud de muchos ancianos, condenarlos a no recibir nunca el servicio al que tienen derecho", dice Ram¨ªrez.

No es f¨¢cil determinar de qu¨¦ manera se va a ahorrar con las medidas tomadas recientemente por el Gobierno para contener el d¨¦ficit en lo que a dependencia se refiere. Lo que s¨ª es cierto es que las comunidades que tienen m¨¢s deuda acumulada recibir¨¢n un alivio para pagar en plazos durante cinco a?os. Y a todas se les exime de abonar atrasos por las prestaciones econ¨®micas concedidas durante los seis primeros meses de los tr¨¢mites.

El Gobierno pretende con ello desincentivar la preferencia de los ciudadanos por la prestaci¨®n econ¨®mica, para que, en su lugar, soliciten un servicio. Pero, si bien es cierto que muchas personas optan por la paga para el cuidador familiar porque llegaba con un regalo en forma de pagos atrasados, tambi¨¦n lo es que la escasez de servicios hac¨ªa inviable cualquier otra opci¨®n. Y que, tal y como se financia ahora esta ley -las comunidades reciben lo mismo por un gran dependiente tanto si es atendido en casa como en un geri¨¢trico-, sale mucho m¨¢s caro de lo que posiblemente puedan afrontar los Gobiernos aut¨®nomos si se concedieran tantos servicios como los ciudadanos solicitan. Son muchos los que, queriendo una plaza en un geri¨¢trico, desisten ante la espera que tendr¨¢n que afrontar. Pero no hay datos oficiales sobre esto.

En todo caso, ?est¨¢n las comunidades preparadas para resolver los expedientes en seis meses y dejar de generar m¨¢s y m¨¢s deuda? Tampoco parece que esto vaya a ser pan comido. Los plazos de espera desde la solicitud hasta que la ayuda se hace efectiva se alargan entre 10 y 17 meses de media, seg¨²n el informe de la asociaci¨®n de gerentes, muy lejos de los seis meses que ha fijado el Gobierno y que habr¨¢n de cumplir las comunidades. Como siempre, no todas van tan atrasadas.

Porque las solicitudes no dejan de entrar. En los primeros meses de 2010, sin que se haya incorporado al sistema ning¨²n grado m¨¢s de dependencia, han crecido hasta un promedio de 40.000 al mes. "Esto puede deberse a un espejismo inform¨¢tico: algunas comunidades podr¨ªan estar dosificando los datos. La ausencia de un registro ¨²nico de solicitudes impide comprobar nada", lamenta Luis Barriga, coautor del estudio presentado por la asociaci¨®n.