Aborto: tercer asalto

El partido de Mariano Rajoy ha cumplido su promesa y ha presentado ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la ley del aborto que entra en vigor el pr¨®ximo 5 de julio. Reabre as¨ª el PP una batalla cuya finalidad se desconoce, dado que si su objetivo fuera impedir la interrupci¨®n voluntaria del embarazo habr¨ªa derogado la ley que lo permiti¨® en 1985 cuando tuvo el poder para hacerlo desde el Gobierno durante ocho a?os. El coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, ha asegurado esta vez que Rajoy tendr¨¢ que derogarla. Por si acaso, en vez de esperar su retorno al poder, ha presentado el tercer recurso ante el Constitucional con argumentos similares a los que el alto tribunal ya ha desechado por dos veces. No parece que ni las resoluciones jur¨ªdicas anteriores ni la dif¨ªcil situaci¨®n del Constitucional preocupen con exceso al principal partido de la oposici¨®n.

En 1983, la entonces Alianza Popular (germen del PP) intent¨® tumbar la despenalizaci¨®n del aborto ante el Constitucional reclamando el derecho del no nacido. El Gobierno socialista, siguiendo las indicaciones de los jueces, a?adi¨® ciertas garant¨ªas (que los abortos se practicaran en centros acreditados) para sacar su norma adelante dos a?os m¨¢s tarde. El PP, capitaneado por Trillo, hizo un segundo intento en 1989 aprovechando la Ley de Reproducci¨®n Asistida. El Constitucional resolvi¨® que los no nacidos no son titulares del derecho fundamental a la vida. Ahora se vuelve a la carga y, adem¨¢s, se recurre el art¨ªculo que permite a las j¨®venes de 16 y 17 a?os abortar sin el permiso parental (si bien exige que est¨¦ informado uno de los progenitores). El Constitucional tendr¨¢ que analizar el recurso, que es complementario al presentado por el Gobierno de Navarra.

En este asunto, el PP exhibe una cerraz¨®n y una hipocres¨ªa que restan cr¨¦dito a sus convicciones. Produce estupor que entre los art¨ªculos recurridos se encuentre el dedicado a la educaci¨®n sexual con perspectiva de g¨¦nero. En general, el rechazo a conceder a la mujer libre capacidad de decisi¨®n gracias a una ley de plazos similar a la de los pa¨ªses de nuestro entorno evidencia la visi¨®n retr¨®grada de la derecha espa?ola. Porque como bien dice el pre¨¢mbulo de la ley, la protecci¨®n del no nacido debe articularse a trav¨¦s de la voluntad de la mujer, no contra ella.

El PP est¨¢, dentro de su l¨®gica, en contra del reglamento de la ley. El asunto m¨¢s espinoso es la soluci¨®n propuesta en los casos en los que las menores aleguen no poder informar a sus padres de su aborto por "grave conflicto". Dar la ¨²ltima palabra al m¨¦dico es, sin duda, a?adir responsabilidad al facultativo, pero es el m¨¦dico el que, por su propio inter¨¦s, ha de garantizarse la veracidad de las alegaciones (mediante informes de otros profesionales) y decidir sobre la idoneidad de la intervenci¨®n. Es exigible que tal decisi¨®n est¨¦ basada en estrictos criterios m¨¦dicos. Para los ¨¦ticos ya se contempla la objeci¨®n de conciencia.