El fiscal sugiere que el Ayuntamiento y la Generalitat dieron trato de favor a Millet

La fiscal¨ªa present¨® ayer una querella contra F¨¨lix Millet y Jordi Montull en la que se evidencia que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona dieron un supuesto trato de favor a los saqueadores confesos del Palau de la M¨²sica para facilitar la construcci¨®n de un hotel en tres parcelas de la calle de Sant Pere m¨¦s Alt que estaban destinadas a otros usos. El motivo de esa actuaci¨®n no se aclara en la querella, pero el fiscal asegura que se caus¨® a las arcas de la Generalitat una p¨¦rdida patrimonial por un valor m¨ªnimo de 3,6 millones de euros.

La querella imputa a Millet y Montull tr¨¢fico de influencias y apropiaci¨®n indebida, aunque la fiscal¨ªa record¨® que a lo largo de la investigaci¨®n se pueda imputar a m¨¢s personas y ampliar los cargos. En los pr¨®ximos d¨ªas, un juzgado de Barcelona asumir¨¢ la querella y resolver¨¢ la petici¨®n del fiscal de que declaren como testigos el consejero de Econom¨ªa y Finanzas, Antoni Castells; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Ram¨®n Garc¨ªa-Bragado, y el ex edil Carles Mart¨ª, por firmar convenios urban¨ªsticos para facilitar la operaci¨®n o impulsar su tramitaci¨®n.

En cuatro ocasiones la querella se refiere a que Millet y Montull "aprovecharon las relaciones personales generadas por su posici¨®n dentro de la sociedad civil y pol¨ªtica catalana con autoridades y funcionarios" de la Generalitat y el Ayuntamiento "para conseguir que estos colaborasen" en la operaci¨®n urban¨ªstica para beneficio de aquellos.

Sin informe jur¨ªdico

La Generalitat y el Ayuntamiento defendieron ayer la legalidad de su actuaci¨®n, aunque el fiscal asegura que el convenio que firm¨® el consejero Castells con Millet el 8 de marzo de 2006 era un compromiso escrito de la Administraci¨®n auton¨®mica para cambiar la calificaci¨®n de los solares "y poder gestionar con pocas limitaciones la cesi¨®n de sus derechos a favor de terceros". En la querella se recuerda que antes de que se firmase el convenio, el Departamento de Econom¨ªa tramit¨® un expediente administrativo sin el informe jur¨ªdico previo y preceptivo para evaluar la necesidad y utilidad de la operaci¨®n. La Generalitat anunci¨® ayer que si se detectara afectaciones del inter¨¦s p¨²blico, emprender¨ªa acciones legales.

El fiscal sostiene que para cerrar la operaci¨®n era necesario otro convenio, que firmaron el 24 de octubre de 2006 la Generalitat, el Ayuntamiento y el Orfe¨®, "con el clausulado que m¨¢s les interesaba" a los saquedadores.