Una realidad en marcha

La Ley de R¨¦gimen Local, aprobada en las Cortes Valencianas, es un instrumento fundamental para mejorar muy sustantivamente la Administraci¨®n de nuestros 542 municipios, donde viven m¨¢s de cinco millones de ciudadanos. De los que debe resaltarse que un mill¨®n son extranjeros y otro mill¨®n espa?oles procedentes del resto de comunidades aut¨®nomas.

La nueva norma recoge muchas mejoras y precisiones y es profundamente innovadora. Su contenido es extenso, pero podr¨ªamos resumir su esp¨ªritu -y su articulado- resaltando que es una ley que intensifica la democracia y autonom¨ªa municipales y que, adem¨¢s, mejora la financiaci¨®n.

La norma tambi¨¦n trabaja por la cohesi¨®n de las entidades locales. Por ello, tiene muy en cuenta un dato que, probablemente, no es tan conocido por la ciudadan¨ªa. Me refiero a que de los 542 municipios de nuestra comunidad, 234 tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, en un territorio no muy extenso como el nuestro, pero muy poblado, se da el hecho casi sorprendente de que existan muchos t¨¦rminos municipales con pocos habitantes, la mayor¨ªa situados en el interior.

La nueva ley tambi¨¦n aborda novedosas f¨®rmulas de colaboraci¨®n entre municipios

Y si bien su peso demogr¨¢fico es exiguo, para el Gobierno valenciano los poco m¨¢s de 100.000 habitantes que viven en esos municipios, son ciudadanos de primera categor¨ªa, como las dem¨¢s personas de nuestra Comunidad. La nueva ley incide de un modo especial en un objetivo plenamente democr¨¢tico: el de garantizar la igualdad de oportunidades tanto entre ciudadanos como entre corporaciones locales.

El Consell trabaja por la igualdad efectiva entre todos los valencianos. Para que no suponga un h¨¢ndicap para nadie, ni en el ¨¢mbito sanitario, ni educativo ni en el de las prestaciones sociales, el hecho de vivir en un municipio peque?o, rural o apartado.

Con el fin de llevar a cabo tan ambicioso e irrenunciable objetivo, la ley fortalece el principio de suficiencia financiera, creando el Fondo de Cooperaci¨®n Municipal. Herramienta que servir¨¢ para paliar los desequilibrios financieros y socioecon¨®micos municipales.

A trav¨¦s de este fondo se financiar¨¢n servicios, infraestructuras y equipamientos b¨¢sicos de los municipios. Novedades que, unidas a una serie de medidas que permiten un mayor poder de autoorganizaci¨®n, refuerzan el principio de autonom¨ªa municipal.

Debe tambi¨¦n subrayarse que la ley profundiza en la democracia participativa y fomenta la intervenci¨®n activa de los ciudadanos en la vida local. Ello se favorece con la creaci¨®n de figuras como el Defensor del Vecino, la Comisi¨®n de Sugerencias y Reclamaciones o el Consejo Social del Municipio. Instrumentos todos pensados para que los ciudadanos valencianos puedan hacer llegar su voz y sus preocupaciones a alcaldes y concejales.

Los municipios de la Comunidad Valenciana prestan una gran cantidad de servicios a los ciudadanos. Y los prestan, en muchos casos, con grandes dificultades materiales y econ¨®micas. Circunstancias que se agravan en la actualidad, debido a la grav¨ªsima crisis que padece nuestro pa¨ªs como consecuencia de los reiterados errores del Gobierno Zapatero. De ah¨ª que sea m¨¢s necesario que nunca mantener la calidad de los servicios, as¨ª como lograr la mayor eficacia en su prestaci¨®n.

La nueva ley tambi¨¦n aborda novedosas f¨®rmulas de colaboraci¨®n entre municipios, tales como la creaci¨®n del r¨¦gimen de gesti¨®n compartida. Un mecanismo gestor destinado a peque?os ayuntamientos que permite, a trav¨¦s de convenios y acuerdos con otras Administraciones, la prestaci¨®n de servicios obligatorios particularmente onerosos. Tambi¨¦n la posibilidad de sostenimiento en com¨²n del personal a su cargo.

La puesta en marcha de este tipo de f¨®rmulas supondr¨¢ la generaci¨®n de econom¨ªas de escala que paliar¨¢n, en parte, las duras condiciones econ¨®micas por las que atraviesan muchos de nuestros municipios y que est¨¢ atajando el Gobierno valenciano gracias, entre otros, a iniciativas como el Plan Confianza con una inversi¨®n superior a los 1.020 millones de euros.

En definitiva, estamos ante una ley muy relevante. Una norma que fija las herramientas y las reglas de juego para que la Administraci¨®n local, la m¨¢s cercana al ciudadano, pueda cumplir los objetivos que la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa le marcan. Una ley para todos los Ayuntamientos, sean del signo pol¨ªtico que sean, y que surge de la propuesta conjunta de todos los grupos pol¨ªticos municipales representados en la Federaci¨®n Valenciana de Municipios y Provincias. Tambi¨¦n cuenta en su articulado con las aportaciones del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administraci¨®n Local, as¨ª como enmiendas presentadas en las Cortes por el Grupo Comprom¨ªs y la Agrupaci¨®n de los no Adscritos.

En definitiva, una ley hija del di¨¢logo, y de un moderno y loable criterio integrador y de cohesi¨®n, hoy m¨¢s necesario que nunca y que constituye la respuesta adecuada al reto municipalista por parte del Gobierno de la Generalitat.

Pues bien, pese a todo ello, el PSPV se ha descolgado de este proceso unitario y democr¨¢tico, que beneficia tan sustantivamente a los ayuntamientos valencianos. Esgrimiendo razones absurdas, incurriendo en lastimosas actitudes y, sin duda -y sobre todo-, obedeciendo a las instrucciones de la c¨²pula socialista nacional, el PSPV se ha descolgado de una iniciativa justa, de gran calado, que alcanza el m¨¢ximo normativo posible sobre la materia dentro de las competencias auton¨®micas.

Circunstancias que se a?aden al incumplimiento del Gobierno del se?or Rodr¨ªguez Zapatero, quien prometi¨® una nueva financiaci¨®n municipal, al igual que una ley b¨¢sica de R¨¦gimen Local ya en el a?o 2006, sin que hasta estos momentos haya cumplido su palabra como desgraciadamente han podido comprobar los ciudadanos.

Rafael Blasco es portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y consejero de Inmigraci¨®n y Ciudadan¨ªa.