Una estructura jer¨¢rquica dirigida por Roberto Luengo
Blood and Honour se estruc-tur¨® desde sus inicios de forma jer¨¢rquica. El m¨¢ximo dirigente era Roberto Luengo Usano. ?l, junto a Francisco Jos¨¦ L¨®pez Perea, fund¨® el grupo en diciembre de 1999 en Getafe.
En a?os posteriores esta organizaci¨®n protagoniz¨® varios cambios, entre ellos el de su presidente, que pas¨® a ser Alberto Luengo Usano, hermano de Roberto, aunque este segu¨ªa manteniendo de hecho su supremac¨ªa en el colectivo, tal y como demuestran las transcripciones de las llamadas telef¨®nicas decretadas por el juez.
La sede central de Blood and Honour se traslad¨® a un apartamento de San Sebasti¨¢n de los Reyes, que fue cedido por el partido Movimiento Social Republicano (MSR), de cuya formaci¨®n fueron candidatos a las elecciones generales en 2004 la mayor parte de los condenados.
La organizaci¨®n manten¨ªa fuera de Madrid varios delegados territoriales: Luis Gonzaga Ruiz Marcos, en Sevilla; Sergio Real D¨ªaz, en Zaragoza; y Francisco Jos¨¦ L¨®pez Perea, en Ja¨¦n.
Para financiarse, los dirigentes de Blood and Honour organizaban conciertos y distintos eventos para obtener ingresos, procedentes de las entradas y de la venta de todo tipo de material vinculado con la asociaci¨®n o su imaginario nacionalsocialista, como toallas, cazadoras, sudaderas, camisetas, jarras de cerveza y carteras con el anagrama de la asociaci¨®n, o con frases como "Heil Hitler", con su foto o la del dirigente nazi Rudolf Hess, o im¨¢genes que negaban el Holocausto contra los jud¨ªos.
Un polic¨ªa condenado
Otro medio para obtener recursos, seg¨²n los magistrados, era la venta de defensas extensibles, el¨¦ctricas y aerosoles de defensa personal, de la que se encargaba Roberto Luengo.
Entre los miembros de Sangre y Honor que los jueces consideran que han tenido un papel activo se encuentra Jorge Vivar Casal, polic¨ªa local en San Sebasti¨¢n de los Reyes. Este agente ha sido condenado a un a?o de prisi¨®n como autor de un delito de asociaci¨®n il¨ªcita, as¨ª como a una multa de 1.960 euros. Un portavoz del Ayuntamiento de la localidad asegur¨® a este peri¨®dico que el agente, que se incorpor¨® al puesto despu¨¦s de haber sido detenido, ya ha sido apartado del servicio. Tras abrir un expediente, los servicios jur¨ªdicos del Consistorio est¨¢n analizando los t¨¦rminos de la sentencia y sus efectos sobre el polic¨ªa, que desde hace varios d¨ªas viene desarrollando labores de oficina.
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