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Reportaje:Vida&artes

Patrioterismo econ¨®mico a costa del accionista

El uso de la 'acci¨®n de oro' contra Telef¨®nica en Portugal Telecom, nuevo s¨ªntoma de los tics intervencionistas en Europa - La tutela estatal penaliza al valor y enturbia las reglas del juego

David Fern¨¢ndez

En 1984 estall¨® otra guerra fr¨ªa. Ese a?o, Reino Unido privatiz¨® British Telecom. La primera ministra brit¨¢nica, Margaret Thacher, hizo caja con el antiguo monopolio pero escondi¨® una mina en sus estatutos: la golden share o acci¨®n de oro. Este instrumento permit¨ªa a Londres vetar cualquier decisi¨®n estrat¨¦gica que afectase a la operadora. El invento brit¨¢nico no tard¨® en ser copiado por otros pa¨ªses. Fran?ois Mitterrand traslad¨® el modelo a Francia dos a?os despu¨¦s bajo el nombre de action sp¨¦cifique. En Espa?a la acci¨®n de oro lleg¨® en 1995 con las primeras privatizaciones de empresas p¨²blicas.

Este blindaje ten¨ªa un efecto disuasorio similar al de la escalada nuclear entre EE UU y la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica d¨¦cadas antes: nadie se atrev¨ªa a lanzar una opa sobre empresas con escudo. Este contexto empresarial de tregua militarizada fue desmoron¨¢ndose por la presi¨®n de la Comisi¨®n Europea, que ve¨ªa en este mecanismo una traba a la libertad de capitales. La situaci¨®n parec¨ªa normalizarse a golpe de sentencia, pero el pasado mi¨¦rcoles saltaron todas las alarmas: el Gobierno portugu¨¦s apretaba el bot¨®n rojo para impedir que Telef¨®nica se hiciese con la participaci¨®n que Portugal Telecom (PT) tiene en la empresa brasile?a Vivo.

"Se puede privatizar o no, pero no estar a los dos lados del r¨ªo", dice un experto
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"Los accionistas son los grandes perdedores de estos blindajes. La existencia de mecanismos de control como la acci¨®n de oro suele penalizarse en el mercado y hace cotizar a las compa?¨ªas con un descuento frente a sus hom¨®logos ya que disuade de lanzar una opa a otras rivales", se?ala Javier Garc¨ªa de Enterr¨ªa, catedr¨¢tico de Derecho Mercantil y socio de Clifford Chance.

Los expertos consultados consideran que la acci¨®n de oro es un elemento retr¨®grado condenado a desaparecer. Sin embargo, alertan de que el caso de PT pone de manifiesto hasta qu¨¦ punto a¨²n hay intervencionismo pol¨ªtico en el sector privado y avisan de que se trata de un p¨¦simo mensaje de la Uni¨®n Europea a los inversores en un momento en que la gesti¨®n de la crisis ya ha sembrado dudas sobre la unidad de acci¨®n en el continente.

"Nos encontramos ante un caso m¨¢s de injerencia de los poderes pol¨ªticos en el ¨¢mbito de decisi¨®n de las empresas que deben estar gobernadas por los principios de la l¨®gica econ¨®mica, seg¨²n los cuales las decisiones las tienen que tomar ¨²nica y exclusivamente quienes tienen atribuida esa competencia, es decir, los accionistas", explica ?ngel Fern¨¢ndez Albar, socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo y catedr¨¢tico de Derecho Mercantil.

La maniobra del Gobierno de Jos¨¦ S¨®crates ha sorprendido por varios motivos. En primer lugar, porque la propia PT no quer¨ªa que se ejerciera la acci¨®n de oro. Tambi¨¦n por el momento elegido, ya que el pr¨®ximo 8 de julio, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo decidir¨¢ sobre la demanda impuesta por Bruselas contra Portugal por la vigencia de este blindaje. Todo hace pensar que los jueces apoyar¨¢n la tesis de la Comisi¨®n. En tercer lugar, sorprende el caso elegido por Lisboa puesto que el uso de la acci¨®n de oro se hab¨ªa destinado tradicionalmente a proteger empresas de sectores estrat¨¦gicos, principalmente el energ¨¦tico, con el pretexto de garantizar el suministro. En este caso no es s¨®lo que el veto se ejerza en un sector liberalizado desde hace a?os, sino que lo que se traba es la adquisici¨®n de una filial en un tercer pa¨ªs (Brasil).

"La acci¨®n de oro es un mecanismo obsoleto que no tiene ning¨²n sentido", asegura Salvador Montejo, secretario general de Endesa y presidente de Emisores Espa?oles, asociaci¨®n que vela por los intereses de las compa?¨ªas espa?olas cotizadas. "Los Estados tienen derecho a mantener determinados sectores bajo el control p¨²blico. Eso nadie lo discute. Otra cosa distinta es cuando esos negocios se liberalizan", agrega.

En la ¨²ltima d¨¦cada muchos pa¨ªses comunitarios, entre ellos Espa?a, han ido suprimiendo (a rega?adientes, eso s¨ª) la acci¨®n de oro en su legislaci¨®n. Sin embargo, hay Estados en los que sigue d¨¢ndose una difusa convivencia entre sector p¨²blico y sector privado al margen de la utilizaci¨®n de este blindaje. Es el caso, por ejemplo, de Francia e Italia. Par¨ªs es el principal accionista de compa?¨ªas como France Telecom, Areva o EDF. Roma, por su parte, ejerce el control en grupos como ENI y Enel (propietaria de Endesa).

"Hay ciertas dosis de hipocres¨ªa. Algunos pa¨ªses no tienen que recurrir a la acci¨®n de oro porque gozan de participaciones p¨²blicas de car¨¢cter mayoritario en empresas estrat¨¦gicas", explica Garc¨ªa de Enterr¨ªa. "En este contexto, los que se encuentran en desventaja son aquellos pa¨ªses como Espa?a que han ido m¨¢s all¨¢ en su pol¨ªtica de privatizaci¨®n", a?ade.

Esta opini¨®n es compartida por Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de Esade: "Se trata de una asimetr¨ªa que puede provocar tensiones. Estas empresas medio p¨²blicas medio privadas gozan de ventajas que no tienen sus rivales. Hay que asegurarse de que todos compitan en igualdad de condiciones". Para este experto, este tipo de restricciones solo tienen sentido en aquellos pa¨ªses muy peque?os. "Andorra, por ejemplo, con un PIB aproximado de 3.000 millones de euros, podr¨ªa verse en la situaci¨®n extrema de que un gran fondo de inversi¨®n comprara todas las empresas del pa¨ªs", argumenta.

?ngel Fern¨¢ndez Albar, sin embargo, cree que hay que distinguir entre la acci¨®n de oro y la presencia del sector p¨²blico en el capital de una empresa. "En este ¨²ltimo caso, el Gobierno puede decidir, no porque representa al Estado, sino porque es el m¨¢ximo accionista. Un pa¨ªs est¨¢ en su derecho de no privatizar una empresa al 100%. Pero si lo hace, lo que no puede es estar en los dos lados del r¨ªo", se?ala.

No es la primera vez que Portugal amenaza con frenar la expansi¨®n de una compa?¨ªa espa?ola en su territorio. En su momento intent¨® impedir que el Banco Santander adquiriese parte del grupo financiero Champalimaud. Tambi¨¦n Italia ha puesto trabas en alguna ocasi¨®n, como cuando reformaron la ley de concesiones de autopistas de manera urgente para dificultar la entrada de Abertis.

Ahora bien, tampoco es muy decoroso, como recuerdan los expertos, que nuestros empresarios y pol¨ªticos se cuelguen ahora la medalla de la defensa del libre mercado. Espa?a tambi¨¦n ha sido protagonista de maniobras intervencionistas. "No podemos jugar a ser los reyes del juego limpio. Espa?a se resisti¨® en su momento a suprimir la acci¨®n de oro, se ha retocado la legislaci¨®n del mercado el¨¦ctrico...", recuerda Jordi Fabregat.

El Gobierno espa?ol derog¨® la acci¨®n de oro en 2005, diez a?os despu¨¦s de su entrada en vigor con la Ley de Privatizaciones. La decisi¨®n lleg¨® tras un largo pulso con la Comisi¨®n Europea. Desde 1998 Bruselas reclamaba a nuestro pa¨ªs la supresi¨®n de este blindaje. El Gobierno espa?ol nunca lleg¨® a utilizar la golden share, pero la posibilidad de hacerlo bast¨® para frustrar la fusi¨®n de Telef¨®nica con KPN, donde el Estado holand¨¦s ten¨ªa el 43% de las acciones, en 2000.

Adem¨¢s, cuando Espa?a no ha contado con la acci¨®n de oro, se ha valido de otros instrumentos. Rodrigo Rato, ministro de Econom¨ªa con el PP, vet¨® en mayo de 2001 la compra de Hidrocant¨¢brico por parte de la alemana EnBW y la portuguesa EDP. Para ello recurri¨® a una disposici¨®n adicional de la Ley de Presupuestos de 2000, que fijaba que cuando una empresa con capital p¨²blico entraba en el capital de una empresa energ¨¦tica espa?ola, sus derechos pol¨ªticos se limitaban al 3%. En el caso de la opa de E.On sobre Endesa, el entonces ministro de Industria, el socialista Jos¨¦ Montilla, reforz¨® las competencias de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa para que pudiera analizar la operaci¨®n bajo el prisma de la denominada Funci¨®n 14. Bruselas se pronunci¨® en contra de esta maniobra. Otra situaci¨®n de blindaje, esta a¨²n en vigor, se da en el gestor burs¨¢til Espa?ol, BME: toda adquisici¨®n de acciones superior al 1% del capital debe contar con el visto bueno de la Comisi¨®n Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

"No conviene echar la vista atr¨¢s. La memoria hist¨®rica no sirve de mucho en estos casos. Lo que hay que plantearse es qu¨¦ hacer en cada caso concreto. En este sentido, el veto a Telef¨®nica por parte de Portugal va en contra del derecho comunitario", seg¨²n Salvador Montejo.

Lo que ocurri¨® en la junta de PT no afecta solo a las compa?¨ªas involucradas; tambi¨¦n erosiona la confianza sobre el tejido empresarial europeo en su conjunto. "No podemos jugar con distintas reglas en un mercado com¨²n. Eso traslada a los potenciales inversores una imagen de desuni¨®n y de falta de madurez", reconoce ?ngel Fern¨¢ndez Albar.

Los tics intervencionistas, sin embargo, no son exclusivos de los Gobiernos europeos. Iberdrola, por ejemplo, tambi¨¦n sufre restricciones p¨²blicas en EE UU. Tras la adquisici¨®n de Energy East , la Comisi¨®n de Servicio P¨²blico del Estado de Nueva York se autoconcedi¨® la facultad de aprobar cualquier adquisici¨®n que diera lugar a la titularidad de un porcentaje igual o superior al 10% del capital social de Ibedrola, seg¨²n reconoce la compa?¨ªa espa?ola en su informe de gobierno corporativo.

En 2007, la Comisi¨®n Europea encarg¨® un extenso estudio a diferentes consultoras sobre los blindajes en las compa?¨ªas cotizadas. Se hicieron encuestas a 445 inversores institucionales que gestionaban en ese momento activos conjuntos por valor de cinco billones de euros. Estos profesionales reconoc¨ªan que entre los blindajes que menos gustaban al mercado est¨¢ el uso de la acci¨®n de oro. Los inversores institucionales avisaban adem¨¢s de que los blindajes influyen en sus decisiones y de que las compa?¨ªas que los poseen deben cotizar con un descuento entre el 10% y el 30% para entrar en su capital.

En el caso de PT, la oferta que hizo Telef¨®nica (aprobada por el 74% de la junta) y que, de momento se pierden sus accionistas, asciende a 7.150 millones de euros, m¨¢s del doble de lo que vale en Bolsa todo Vivo. A primera vista la compa?¨ªa espa?ola parece la gran perdedora de este pulso que dura ya meses. Sin embargo, una lectura m¨¢s sosegada de los acontecimientos lleva a pensar que quiz¨¢s la verdadera damnificada es Portugal. Quiz¨¢s Lisboa se haya dado un tiro en el pie.

El uso de la <i>acci¨®n de oro </i>en la venta de Vivo, filial  de Portugal Telecom, cuestiona el l¨ªmite entre 
lo p¨²blico y lo privado.
El uso de la acci¨®n de oro en la venta de Vivo, filial de Portugal Telecom, cuestiona el l¨ªmite entre lo p¨²blico y lo privado.AFP

Blindajes con los d¨ªas contados

El uso de la acci¨®n de oro en Portugal Telecom por parte del Estado portugu¨¦s con el fin de frenar la oferta de Telef¨®nica coincide en el tiempo con un agitado debate en Espa?a acerca del uso de blindajes estatutarios en las compa?¨ªas cotizadas (preferentemente la limitaci¨®n de los derechos de voto). Esta acalorada discusi¨®n empez¨® en el ¨¢mbito privado con los pulsos entre los Consejos de dos compa?¨ªas, Iberdrola y Repsol con sus principales accionistas, ACS y Sacyr, respectivamente, y acab¨® traslad¨¢ndose a la arena pol¨ªtica.

Finalmente, y tras un pacto del PSOE con CIU en el Congreso de los Diputados, el pasado 1 de julio el Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® la norma que reforma la Ley de Auditor¨ªas y Sociedades An¨®nimas, que incluye la supresi¨®n de las limitaciones de derechos de voto en empresas cotizadas, si bien esta disposici¨®n no entrar¨¢ en vigor hasta julio de 2011. Entre las compa?¨ªas afectadas por las modificaciones se encuentran Telef¨®nica, Banco Popular, Repsol o Iberdrola.

Los cambios en la legislaci¨®n tambi¨¦n contemplan que las empresas que salgan a Bolsa en el futuro dispongan de un tiempo no superior a un a?o para adaptar sus estatutos a la supresi¨®n de estas limitaciones, contando a partir de la fecha de admisi¨®n a negociaci¨®n de sus t¨ªtulos.

En el asunto de los blindajes han vuelto a quedar patentes los l¨ªmites de la autorregula-ci¨®n. El C¨®digo Unificado de Buen Gobierno, vigente desde el a?o 2006, recomienda que los estatutos de las sociedades "no limiten el n¨²mero m¨¢ximo de votos que pueda emitir un mismo accionista". A pesar de este consejo, hasta 14 compa?¨ªas cotizadas (seis en el Ibex 35) a¨²n mantiene estos instrumentos.

As¨ª como sobre la acci¨®n de oro hay unanimidad entre los expertos acerca de su car¨¢cter obsoleto y perjudicial para los accionistas, sobre los blindajes estatutarios existe disparidad de opiniones. "No tenemos una postura oficial sobre este tema, hay asociados a favor de su mantenimiento y otros en contra", reconoce Salvador Montejo, presidente de Emisores Espa?oles, la asociaci¨®n de las compa?¨ªas cotizadas.

"Los blindajes estatutarios no tienen nada que ver con la acci¨®n de oro", argumenta ?ngel Fern¨¢ndez Albar, de Cremades & Calvo Sotelo. "Si lo que persiguen estos mecanismos es que la junta no pueda cambiar a los administradores, estar¨ªamos hablando de un mal uso de los mismos. Pero si se trata de fomentar la igualdad, es decir, que no haya socios oligarcas que intenten que una gran minor¨ªa se comporte como una gran mayor¨ªa, tienen su raz¨®n de ser", a?ade este experto.

"Yo s¨ª creo que la acci¨®n de oro y la limitaci¨®n de los derechos de voto tienen cosas en com¨²n", indica Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de Esade. "Estoy de acuerdo en la eliminaci¨®n de ambos y en extender a todas las empresas el principio de una acci¨®n, un voto. Hay que proteger a los accionistas minoritarios y no al Consejo de Administraci¨®n", concluye.

Una pol¨¦mica sin resolver

- La Corte Europea de Justicia dio la raz¨®n al Estado de B¨¦lgica y determin¨® conforme a derecho comunitario el uso de la acci¨®n de oro en las compa?¨ªas Soci¨¦t¨¦ Nationale de Transport par Canalisation y Distrigaz con el argumento de que lo que se persigue es

- La Comisi¨®n Europea solicit¨® a Alemania la modificaci¨®n de la ley de 1960 con la que se privatiz¨® Volkswagen, ya que considera que atribuye unos derechos de voto "injustificables" a las autoridades p¨²blicas alemanas, en concreto al Estado de Baja Sajonia y, potencialmente, al propio Gobierno federal.

- En mayo de 2008, Bruselas envi¨® una petici¨®n formal al Gobierno griego para que eliminara algunas de las restricciones contempladas en la nueva legislaci¨®n respecto a la inversi¨®n en compa?¨ªas consideradas "estrat¨¦gicas".

- La Comisi¨®n Europea cerr¨® un procedimiento de sanci¨®n al Reino Unido despu¨¦s de que este pa¨ªs eliminara la reestricci¨®n para adquirir acciones con derecho de voto en el gestor aeroportuario BAA, empresa que ahora pertenece a Ferrovial.

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Sobre la firma

David Fern¨¢ndez
Es el jefe de secci¨®n de Negocios. Es licenciado en Ciencias de la Informaci¨®n y tiene un m¨¢ster en periodismo por EL PA?S-UAM. Inici¨® su carrera en Cinco D¨ªas y desde 2006 trabaja en EL PA?S, donde se ha especializado en temas financieros. Ha ganado los premios de periodismo econ¨®mico de la CNMV, Citigroup, Aecoc y APD.

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