G¨¹rtel y otros

Mariano Rajoy se ha visto obligado a aplicar el elemental principio de precauci¨®n en sus relaciones con Camps: ha pospuesto su decisi¨®n sobre la candidatura del presidente de la Generalitat valenciana en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas hasta ver en qu¨¦ queda su situaci¨®n procesal por el asunto de los trajes. El trato de favor del partido a Camps respecto de otros imputados en el caso G¨¹rtel persiste, pero la espera viene aconsejada por el alto riesgo que corre el pol¨ªtico valenciano de sentarse en el banquillo ante un jurado popular.

De no haber actuado as¨ª Rajoy, habr¨ªa sido tan imprudente su actitud como clamoroso ha sido su silencio ante el nuevo foco de corrupci¨®n de miembros de su partido descubierto en la Vega Baja (sur de Alicante), en relaci¨®n con la adjudicaci¨®n de contratas p¨²blicas de recogida y tratamiento de basuras. La investigaci¨®n judicial viene de 2007, pero ha adquirido una dimensi¨®n inesperada con la implicaci¨®n del presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, y de tres concejales del PP de Orihuela y otros tantos empresarios, uno de ellos se?alado por el juez del caso G¨¹rtel en Madrid como uno de los financiadores de actos electorales del PP valenciano en contraprestaci¨®n por contratos p¨²blicos obtenidos a trav¨¦s de Orange Market.

Que entre los implicados figure Ripoll, alineado con los zaplanistas en la vieja pugna por el poder que mantienen los seguidores de Zaplana y los del actual presidente de la Generalitat valenciana, ha a?adido relevancia pol¨ªtica y medi¨¢tica al caso. Se ha puesto de manifiesto que las pr¨¢cticas corruptas en las instituciones que gobierna el PP en la Comunidad Valenciana no hacen distingos entre campistas y zaplanistas y que el nuevo foco de corrupci¨®n en Alicante se a?ade al que protagoniza Fabra en Castell¨®n o al de la trama G¨¹rtel en Valencia.

Eso es lo que deber¨ªa preocupar a la direcci¨®n nacional del PP, en lugar de crear dudas sobre la actuaci¨®n de la Polic¨ªa Judicial en la leg¨ªtima b¨²squeda de pruebas en registros de domicilios y despachos de los implicados, incluido el presidente de la Diputaci¨®n alicantina. Como no puede ser de otro modo, la polic¨ªa ha actuado en el marco de una investigaci¨®n judicial sobre posibles delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, fraude y encubrimiento, y a las ¨®rdenes del juez que instruye el caso y del fiscal anticorrupci¨®n que impulsa la investigaci¨®n. ?Qu¨¦ pretende el PP implicando a Rubalcaba en todo esto?

El extra?o comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en s¨ª mismo confuso adem¨¢s de inoportuno, solo ha servido -quiz¨¢ era ese su objetivo- para alimentar la ceremonia de la confusi¨®n pretendida por el PP. De haber dudas fundadas, y no inventadas, sobre la actuaci¨®n policial, el ¨®rgano indicado para aclararlas ser¨ªa el fiscal anticorrupci¨®n de Alicante. Si las tienen los implicados, tendr¨¢n ocasi¨®n de solventarlas en su comparecencia ante el juez.