Los expertos constatan el debilitamiento del Estatuto por la sentencia

Los partidos catalanes ya tienen sobre la mesa el dictamen que los expertos han redactado acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Catalu?a. Los juristas Carles Viver Pi-Sunyer (director del Instituto de Estudios Econ¨®micos), Antoni Bayona (profesor de Derecho Administrativo de la UPF) y Jaume Galofr¨¦ (director del Gabinete Jur¨ªdico de la Generalitat) interpretan duramente la sentencia y consideran que "debilita significativamente la funci¨®n constitucional del Estatuto". Es decir, que elimina varias garant¨ªas que blindaba el Estatuto y lo circunscribe a la interpretaci¨®n constitucional del propio tribunal. En el informe se lamenta que el TC trate el Estatuto como "una ley meramente auton¨®mica", olvidando que surge de un pacto pol¨ªtico con el Estado, y se denuncia que toda la sentencia est¨¢ impregnada de una "prevenci¨®n injustificada" respecto al contenido del Estatuto.

La Generalitat usar¨¢ este infome para negociar con el Estado las reformas que pueden disminuir el efecto del recorte del TC. Los expertos avalan en su informe esta v¨ªa e incluyen en varios preceptos las modificaciones que pueden facilitar a la Generalitat su objetivo inicial. Tambi¨¦n certifican que muchos de los preceptos reinterpretados por el tribunal quedan desvirtuados.En s¨ªntesis, los expertos consultados por la Generalitat explican en todo su an¨¢lisis que el Tribunal Constitucional interpreta el Estatuto como el intento de una comunidad aut¨®noma de imponer obligaciones al Estado. El informe ha estado coordinado por la secretaria del Gobierno, Laia Bonet, y han participado en su elaboraci¨®n, adem¨¢s de los juristas, representantes de los partidos que defienden el Estatuto: PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA. Estos son algunos de los puntos analizados.

- Naci¨®n. El informe enmarca la restricci¨®n del t¨¦rmino naci¨®n, que se considera sin efectos jur¨ªdicos, en un intento del tribunal de rebajar el alcance del Estatuto. "M¨¢s all¨¢ de pretender evitar la colisi¨®n del concepto de naci¨®n con el principio de unidad de la naci¨®n espa?ola, el TC tambi¨¦n busca, con esta interpretaci¨®n, evitar que este concepto sirva para interpretar extensivamente el resto de los preceptos del Estatuto", advierten los expertos.

- Lengua. Los juristas consideran que las interpretaciones del TC en materia de lengua no rebajan ni modifican el actual modelo ling¨¹¨ªstico catal¨¢n. En el texto, sin embargo, expresan su sorpresa por la "radicalidad" de los magistrados al proclamar la igualdad entre la lengua catalana y la espa?ola. Este principio, advierten los expertos, queda abierto "a diferentes matizaciones" que mitigan sus efectos. La inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en la educaci¨®n era uno de los puntos que m¨¢s preocupaban a los partidos. El modelo de educaci¨®n que gravita en torno al catal¨¢n no queda blindado, pero la interpretaci¨®n del Constitucional no lo cuestiona. As¨ª, la sentencia indica que el castellano tambi¨¦n puede ser vehicular, lo que significa que se abre la puerta a una nueva regulaci¨®n que modifique la actual inmersi¨®n, que en cualquier caso ninguno de los dos grandes partidos, el PSC y CiU, quiere modificar.

- Instituciones. Los juristas plantean soluciones para tres instituciones previstas en el Estatuto y recortadas por el TC: el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, el S¨ªndic de Greuges y las veguer¨ªas. Sobre el primero, el ¨®rgano consultivo de la Generalitat, acepta que las limitaciones del TC (que elimina el car¨¢cter vinculante de sus dict¨¢menes sobre leyes) son inamovibles. Pero abre la puerta a un acuerdo entre los partidos para respetar en el Parlament los informes del consejo sin una norma que obligue a ello. Sobre el S¨ªndic, al que el tribunal quita las competencias exclusivas que se le otorgaban en el Estatuto, los juristas proponen modificar la Ley Org¨¢nica del Defensor del Pueblo para convenir las competencias de ambos en Catalu?a. En el caso de las veguer¨ªas, la sentencia no da opci¨®n: deben prevalecer las provincias; por tanto, consideran los juristas, o las veguer¨ªas se crean en paralelo a las provincias o simplemente se produce un cambio de nombre de estas divisiones administrativas.

- Poder Judicial. El informe explica que el tribunal se ha confundido al declarar inconstitucional el Consejo de Justicia de Catalu?a. Entienden los juristas que este ¨®rgano era, simplemente, un organismo interno del Consejo General del Poder Judicial. Para remediar este punto, los expertos plantean una modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que concrete las funciones del Consejo de Justicia.

- Competencias. El dictamen es desolador en el punto referido a competencias. Consideran los juristas que, con la reinterpretaci¨®n de varios preceptos, el tribunal ha dilapidado uno de los objetivos del Estatuto: aumentar el techo competencial catal¨¢n. "La sentencia frustra el objetivo estatutario de ampliar las competencias exclusivas. Parece claro que el Estado podr¨¢ continuar ejerciendo las mismas competencias que ejerc¨ªa hasta ahora sin limitaci¨®n", se?ala el texto en el caso de las competencias exclusivas, cuyo precepto queda "vac¨ªo de contenido". Sobre las competencias compartidas con el Estado, la Generalitat tambi¨¦n "fracasa" en su intento de tener margen para fijar sus propias pol¨ªticas, puesto que el Estado no tendr¨¢ l¨ªmites para regular.

- Relaciones Estado-Generalitat. La sentencia deja en el mismo punto la comisi¨®n bilateral Estado-Generalitat, pese a la interpretaci¨®n del tribunal de que solo es un organismo de cooperaci¨®n. Los juristas concluyen que, "pese al lenguaje preventivo, cauteloso y desconocedor del valor pol¨ªtico de este instrumento de colaboraci¨®n", la sentencia no merma el esp¨ªritu del Estatuto.

- Financiaci¨®n. En el tema de la financiaci¨®n, el informe de los juristas es claro: el Estatuto pretend¨ªa ser la norma b¨¢sica del sistema de financiaci¨®n de la Generalitat y no lo ha logrado: prevalece lo que diga la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA). El informe hace referencia a la disposici¨®n adicional tercera, que resarc¨ªa a Catalu?a y fijaba inversiones en infraestructuras. Este punto queda supeditado, tambi¨¦n, a la voluntad del Estado central.