M¨¦xico bajo el asedio del crimen organizado

La ola de violencia que sacude a M¨¦xico, en medio de una guerra sin cuartel entre los poderosos carteles del narcotr¨¢fico, tiene amordazada a la prensa en un contexto de autocensura generalizada que est¨¢ diezmando al periodismo de investigaci¨®n. Para los reporteros que se dedican a cubrir temas vinculados con el crimen organizado, en especial aquellos que informan desde regiones controladas por el narcotr¨¢fico, la situaci¨®n se ha vuelto insostenible. Cumplir con la tarea informativa se ha convertido en una misi¨®n imposible en vastas regiones del pa¨ªs.

Frente a un Estado ausente y debilitado por el poder corruptor de las organizaciones criminales, periodistas y medios trabajan sin garant¨ªas m¨ªnimas de seguridad. La violencia ha crecido en forma progresiva en la ¨²ltima d¨¦cada. Desde 2005, M¨¦xico ha superado a Colombia como pa¨ªs de m¨¢s riesgo para el ejercicio de la profesi¨®n en Occidente. El registro, seg¨²n los datos compilados por el Comit¨¦ para la Protecci¨®n de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingl¨¦s), arroja resultados letales: 51 periodistas asesinados desde 1992, al menos 22 de ellos en represalia directa por su labor, y 10 reporteros desaparecidos desde 2005.

Miles de ciudadanos se ven privados de su derecho constitucional a la libertad de expresi¨®n

Vulnerables e indefensos, periodistas y medios de comunicaci¨®n recurren cada vez con mayor frecuencia al silencio como medida de seguridad. En la ciudad fronteriza de Reynosa, lindante con el Estado de Tejas en Estados Unidos, la lucha por el control territorial entre el cartel del Golfo y los Zetas -un grupo integrado por desertores del Ej¨¦rcito que se ha convertido en una poderosa organizaci¨®n criminal-, desat¨® un combate encarnizado con un saldo, seg¨²n informes de prensa y de inteligencia, de entre 200 y 250 homicidios en un periodo de tres semanas comprendido entre finales de febrero y comienzos de marzo. Los medios de Reynosa no informaron nada sobre las m¨²ltiples ejecuciones y la lucha cruenta entre sicarios de bandas rivales. Al menos cinco reporteros fueron secuestrados. De ellos, dos radicados en Ciudad de M¨¦xico fueron liberados tras una golpiza. Otros tres siguen desaparecidos. No se public¨® una l¨ªnea en los diarios ni tampoco se inform¨® en radio y en televisi¨®n. La informaci¨®n fue proporcionada por un corresponsal estadounidense radicado en el distrito capital y publicada en el diario Dallas Morning News. La prensa local, aterrorizada por una posible represalia de los carteles de la droga, opt¨® por el mutismo.

En M¨¦xico, el problema de la violencia no est¨¢ restringido a la libertad de prensa. Los n¨²meros son por lo dem¨¢s elocuentes: 28.000 asesinatos vinculados con el crimen organizado desde que asumi¨® el cargo de presidente Felipe Calder¨®n en diciembre de 2006, seg¨²n cifras oficiales proporcionadas por el Centro de Investigaci¨®n y Seguridad Nacional, un organismo de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano. Afecta a todos los sectores sociales, pero est¨¢ produciendo un efecto nocivo: impide a miles de mexicanos, incluyendo a los reporteros, ejercer el derecho humano b¨¢sico a la libertad de expresi¨®n. Un derecho constitucional consagrado en los art¨ªculos 6 y 7 de la Constituci¨®n pol¨ªtica de M¨¦xico que, por los niveles de violencia, no puede ser plenamente ejercido por miles de ciudadanos.

Los asesinatos y desapariciones de periodistas se siguen acumulando. Igual que los procesos en la justicia. No hay castigo para los responsables: la norma es la impunidad. La falta de procesamientos exitosos es producto de una combinaci¨®n de factores: un sistema de justicia sobrecargado, una corrupci¨®n generalizada y la falta de preparaci¨®n de polic¨ªas y fiscales, en particular a nivel estatal. La ausencia de resultados debilita a¨²n m¨¢s a una prensa asediada por la criminalidad y fomenta la autocensura. Para el crimen organizado, el fracaso de las autoridades judiciales es una luz verde, un est¨ªmulo para continuar con su accionar violento.

Las organizaciones criminales, ya transformadas en grupos transnacionales que operan en distintos pa¨ªses, manejan un poder de influencia cada vez mayor que abarca a todos los sectores sociales. El narcotr¨¢fico, que reconoce el valor que tiene la informaci¨®n, tambi¨¦n manipula a periodistas y medios para enviar mensajes a sus rivales. En ocasiones, utilizan a periodistas como portavoces. El reciente secuestro de cuatro periodistas y la exigencia de que dos cadenas de televisi¨®n difundieran v¨ªdeos como condici¨®n para liberarlos fue un hecho sin precedentes en esta escalada de violencia. El narcotr¨¢fico tambi¨¦n est¨¢ en guerra por el control de la informaci¨®n.

El Gobierno federal, consciente de la magnitud del problema pero agobiado por los niveles de violencia, se ha comprometido a crear un sistema de responsabilidad al m¨¢s alto nivel para proteger el derecho constitucional a la libertad de expresi¨®n. En el Congreso, mientras tanto, se encuentran estancadas iniciativas destinadas a que la federaci¨®n tenga jurisdicci¨®n amplia en la investigaci¨®n de casos involucrados con el ejercicio de la actividad period¨ªstica y la libre expresi¨®n. El Gobierno de Calder¨®n debe priorizar la protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n en su agenda porque la violencia, el miedo y la autocensura est¨¢n socavando un derecho humano fundamental y poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia mexicana.

Carlos Laur¨ªa es el coordinador senior del Programa de las Am¨¦ricas del Comit¨¦ para la Protecci¨®n de Periodistas de Nueva York (CPJ).