El futuro de Espa?a
La sentencia del 'Estatut' ha producido un importante desgaste en la articulaci¨®n institucional entre Catalu?a y el Estado. Habr¨¢ que ver qu¨¦ cambios se introducen tras las elecciones auton¨®micas
Verano de sentencias. Despu¨¦s de la pronunciada contra el Estatut (Caminal dixit), lleg¨® el dictamen sobre Kosovo. Los juristas pueden aducir aqu¨ª que en el texto del Tribunal de La Haya no se reconoce el derecho de autodeterminaci¨®n y por consiguiente ese pronunciamiento no representa riesgo alguno para Estados sometidos a tensiones secesionistas. Caso de Espa?a. Solo que como en su precursora, la resoluci¨®n del Tribunal Supremo de Canad¨¢ sobre la posible separaci¨®n de Quebec, los matices y las condiciones no cuentan para quienes se fijan ante todo en las letras may¨²sculas de esta jurisprudencia. Adem¨¢s si bien la Corte de La Haya deslinda cuidadosamente el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de su dictamen respecto de la autodeterminaci¨®n, no deja de constatar los cambios registrados en el tratamiento del tema a lo largo del siglo XX. Del punto de partida inequ¨ªvoco en cuanto a su reconocimiento solo para los territorios sometidos a una dominaci¨®n y a una explotaci¨®n extranjera se ha pasado a plantear la cuesti¨®n a¨²n no resuelta del derecho para una poblaci¨®n de separarse del Estado del cual forma parte, aun cuando este se oponga. A?ade adem¨¢s la Corte el dato de que en los tres ¨²ltimos siglos proliferaron las declaraciones unilaterales de independencia, dando lugar a nuevos Estados.
La plurinacionalidad de Espa?a nada tiene que ver con la de Austria-Hungr¨ªa o la de Yugoslavia
Con la decisi¨®n de Kosovo avanza la idea de que una secesi¨®n unilateral democr¨¢tica es leg¨ªtima
El ¨²nico rechazo claro a una declaraci¨®n de ese tipo no proceder¨ªa de la unilateralidad, sino de que la misma estuviese acompa?ada de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, o de violaciones de las normas del Derecho Internacional: serbios de Bosnia, Chipre turco. En suma, "el Tribunal considera que el Derecho Internacional general no contiene una prohibici¨®n aplicable de las declaraciones de independencia". Ahora bien, la ausencia expl¨ªcita de negaci¨®n adquiere inevitablemente una connotaci¨®n positiva. Si por acuerdo de una autoridad municipal es retirada la se?al de prohibido aparcar, eso es interpretado por todo el mundo como que se autoriza el aparcamiento. La reacci¨®n de los tutores de Kosovo lo confirma al instar a todos los pa¨ªses a su pleno reconocimiento como Estado independiente.
La satisfacci¨®n al respecto de los independentistas catalanes y vascos se encuentra as¨ª plenamente justificada, por encima de que Kosovo nada tenga que ver con Catalu?a o Euskadi. Cobra fuerza la idea de que una secesi¨®n unilateral por v¨ªa democr¨¢tica resulta algo leg¨ªtimo, sin contar con la posici¨®n del Estado-matriz o con el respeto a las minor¨ªas (en el caso kosovar, el Tribunal ignora las exacciones ejercidas sobre la serbia, que por el contrario carece del derecho de autodeterminaci¨®n). Llegado el caso, los independentistas flamencos, padanos o los de nuestra periferia no van a detenerse en las advertencias formuladas sobre la secesi¨®n de Quebec por el Supremo canadiense o por St¨¦phane Dion en su esclarecedor La apuesta de la franqueza.
Respuesta inmediata: en Espa?a no existe problema alguno de ruptura, de manera que solo plantear tal comparaci¨®n equivale a sembrar un infundado alarmismo. Contrarr¨¦plica: de acuerdo en cuanto a la inminencia de semejante crisis, pero no es menos cierto que en los ¨²ltimos 15 a?os, despu¨¦s de un periodo de aparente consolidaci¨®n del Estado de las autonom¨ªas, la deriva de los continentes se ha acentuado en su interior. Gracias a haberlo planteado como un ¨®rdago, el plan Ibarretxe pudo ser abortado sin excesivas dificultades; en cambio, la nave de los locos en que se convirti¨® el asunto del Estatut ha producido un importante desgaste en la articulaci¨®n institucional entre Catalu?a y el Estado.
El vac¨ªo mental en que se mueve el presidente Rodr¨ªguez Zapatero al respecto, unido a su excelencia para la maniobra, permitir¨¢ tal vez un recosido celestinesco, a costa de que Artur Mas ocupe el Gobierno tras las inminentes elecciones, y confiando en el pragmatismo de CiU para que nada grave suceda.
Pero el mal de fondo est¨¢ hecho y no solo porque en la gran manifestaci¨®n de julio proliferasen los gritos a favor de la independencia, o porque Laporta proponga la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum independentista. M¨¢s grave es que en todas las declaraciones de pol¨ªticos e intelectuales catalanes no hay la menor consideraci¨®n a lo que puede ocurrir con el Estado tras el vaiv¨¦n iniciado en 2004. Espa?a ha sido borrada del horizonte pol¨ªtico catalanista, salvo como obst¨¢culo o como ente hist¨®ricamente incapaz de entender la singularidad y la capacidad de sufrimiento de Catalu?a. Ejemplo: la ¨¢spera reacci¨®n de Montilla frente a la Defensora del Pueblo, acusada de ataque al Estatut, por cuestionar al catal¨¢n como idioma exclusivo para integraci¨®n de los inmigrantes.
La t¨¢ctica es bien conocida de los estudiosos de los movimientos sociales y consiste en suscitar un efecto-mayor¨ªa, sin importar que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Incluso que exista esa Catalu?a o esa Euskadi enterizas que asumen en su totalidad las premisas del discurso nacionalista. Como la Espa?a del PP, tanto da. Una vez sentado el dogma sigue la exigencia dirigida al otro por quienes personifican a la Naci¨®n ?nica de una actitud reverencial, con renuncia a cualquier an¨¢lisis que pudiera colorear las im¨¢genes en blanco y negro. Fue significativo hasta qu¨¦ punto los medios de comunicaci¨®n controlados por el Gobierno respondieron d¨®cilmente a tal requerimiento tras la sentencia. Ya antes, desde que se calentaron los ¨¢nimos con la filtraci¨®n sobre el "juez irreductible" negador de la naci¨®n catalana, los medios y los partidos catalanistas se convirtieron en un coro un¨¢nime y excluyente por la intangibilidad del Estatut. ?nicamente el impulso competitivo ante las pr¨®ximas elecciones quebr¨® la unanimidad despu¨¦s de la manifestaci¨®n de Barcelona.
A partir de ah¨ª, la cuesti¨®n es c¨®mo escapar de este c¨ªrculo vicioso que se ver¨¢ alimentado cada vez que alguien toque los intereses o los s¨ªmbolos definidos como sagrados. La premisa inicial puede consistir en la puesta en tela de juicio de lo sagrado. No se trata de negar la naci¨®n catalana o la vasca, sino de percibir que ambas naciones no son esencias inmutables, sino resultados de un secular proceso hist¨®rico en el curso del cual se han imbricado con la naci¨®n espa?ola. La doble identidad que asumen hoy la mayor¨ªa de los ciudadanos en ambas comunidades es la resultante de ese medio milenio de construcci¨®n de Espa?a, no simplemente del Estado espa?ol, con la consecuencia bien precisa de que hasta ahora la divisi¨®n pol¨ªtica entre nacionalistas y no nacionalistas se situaba en torno al 50%.
La plurinacionalidad de Espa?a nada tiene que ver con la de Austria-Hungr¨ªa o con la de Yugoslavia. Es comprensible que los nacionalistas prefieran la homogeneidad de tipo esloveno, pero esta hoy por hoy no existe y resulta antidemocr¨¢tico forzarla con medidas excluyentes.
La sorpresa es que tanto los intelectuales como los pol¨ªticos catalanistas, Montilla incluido, lamentan que haya sido arruinada la perspectiva federal que al parecer estaba incluida en el Estatut. Sorprende porque las grandes federaciones como la norteamericana o la alemana siguen la trayectoria opuesta: conjugan autogobierno de los Estados miembros con un poder fuerte en el v¨¦rtice: "el poder federal asume todas las competencias necesarias para garantizar la independencia del Estado", resume Miguel Artola. A nadie se le ocurre que California o Sajonia sean naciones, ni multar all¨ª a un tendero porque rotule su establecimiento solo en ingl¨¦s. Claro que para los constitucionalistas militantes de nuestra periferia existen otras federaciones llamadas a asumir la plurinacionalidad. Cabr¨ªa a?adir que un ¨®ptimo ejemplo fue Yugoslavia y que el criterio de bilateralidad, aplicado a la relaci¨®n entre comunidades y Estado, determina confederaci¨®n. Las razones que desaconsejan tales ensayos fueron ya expuestas hace m¨¢s de dos siglos por Alexander Hamilton en El federalista, vista la imposibilidad de una confederaci¨®n para resolver conflictos: "de ser posible construir un Gobierno federal capaz de regular los intereses comunes y mantener la tranquilidad general, debe ser fundado". A ello tend¨ªa la federalizaci¨®n propuesta por el PSOE en Santillana, hoy ya olvidada.
Antonio Elorza es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica.
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