"Merecemos estar bien gobernados"

Desde hace casi siete a?os, la ¨²nica acusaci¨®n constante en el caso Fabra ha sido la ejercida por la Uni¨®n de Consumidores (UCE). Pasaron uno, dos, tres y hasta cuatro fiscales que tuvieron que reaprenderse las voluminosas diligencias. Despu¨¦s, se incorpor¨® la Abogac¨ªa del Estado al detectarse la posible comisi¨®n de un fraude fiscal. Todos ellos han visto c¨®mo hasta nueve jueces se hac¨ªan cargo de un caso contra el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, imputado por tr¨¢fico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales.

Los letrados de la UCE, junto a algunos de las defensas, han sido los ¨²nicos que han visto c¨®mo frente a los juzgados de Nules, donde se ha instruido el caso, los huertos han pasado a convertirse en adosados habitados. "La justicia es muy lenta y no tiene sentido que cualquier reclamaci¨®n tarde a?os en resolverse", apunta la secretaria general de la UCE valenciana, Isabel Dolz. "La gente no entiende las tardanzas, pierde la esperanza y las ganas de denunciar", a?ade. Ahora, despu¨¦s de m¨¢s de seis a?os, cuando parece verse cerca el final y aunque todav¨ªa no hay fecha para que se celebre el juicio, la UCE tiene ganas "de que se acabe cuanto antes".

Fabra ha declarado que le ha tocado la loter¨ªa nueve veces entre 1999 y 2003

La asociaci¨®n se person¨® apelando a sus propios estatutos y a la Ley de Defensa de los Consumidores, que dice que las asociaciones de consumidores y usuarios tendr¨¢n como finalidad la defensa de los intereses de car¨¢cter general. "Nosotros estamos aqu¨ª para que las injusticias se puedan solucionar y, en muchas ocasiones, solo podemos hacerlo con la ayuda de la Administraci¨®n de Justicia". "Los ciudadanos tienen derecho a estar bien gobernados, tanto pol¨ªtica como administrativamente", afirma Dolz.

Aunque hoy la asociaci¨®n est¨¢ de actualidad por su personaci¨®n en este caso, no es la primera vez que el colectivo interviene en una causa judicial de calado. Con responsables pol¨ªticos de todos los colores, la UCE pele¨® en el caso del aceite de colza, contra el catastrazo en Valencia, en el caso del contagio masivo de la hepatitis C... "Los casos grandes siempre hacen que el nombre de la organizaci¨®n se conozca y haya a quien le parezca bien y a quien no", explica para insistir en la defensa del inter¨¦s general y en que "nosotros solos, sin la justicia, no podemos hacer nada". "Y para que se cumpla la ley, en muchos casos, hay que llegar a la v¨ªa judicial", matiza.

Carlos Fabra fue denunciado por un, hasta entonces, amigo suyo, Vicente Vilar. La amistad se rompi¨® en el momento en el que Fabra se puso del lado de la esposa de Vilar, cuando esta denunci¨® al empresario por agresi¨®n sexual. La cuesti¨®n personal trascendi¨® y se convirti¨® en uno de los casos m¨¢s sonados de corrupci¨®n de la Comunidad Valenciana. Vilar aport¨® documentos, facturas y una retah¨ªla de encuentros memorizados con los que respald¨® su afirmaci¨®n de que Fabra hab¨ªa mediado ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura con la intenci¨®n de tratar de agilizar licencias para la fabricaci¨®n de productos fitosanitarios. Y que hab¨ªa cobrado por ello. Eran tiempos de estrecha relaci¨®n y las esposas de ambos llegaron a ser socias en una mercantil que pretend¨ªa comercializar, precisamente, algunos de los productos autorizados. Pero lleg¨® el desencuentro y pasaron a ser enemigos judiciales.

La investigaci¨®n por el supuesto tr¨¢fico de influencias y el cohecho provoc¨® una investigaci¨®n tambi¨¦n tributaria, por lo que el juzgado mand¨® que dos peritos, inspectores de Hacienda, analizaran las cuentas y el patrimonio de Fabra. En el informe de conclusiones dijeron haber encontrado, en las cuentas del dirigente del PP y de su esposa, ingresos no justificados por valor de 3,7 millones de euros. Entre los que s¨ª ten¨ªan origen conocido se encontraban nueve premios de loter¨ªa. Los peritos destaparon as¨ª la posible comisi¨®n de hasta nueve delitos fiscales, por haber dejado de ingresar m¨¢s de 1,4 millones de euros a Hacienda, entre 1999 y 2003.

Las penas de c¨¢rcel que ha reclamado la acusaci¨®n popular, representada por la UCE, son muy semejantes a las solicitadas por la Fiscal¨ªa y por la Abogac¨ªa del Estado. Sin embargo, la organizaci¨®n s¨ª reclama un mayor castigo por el fraude fiscal y pide que Carlos Fabra pague una multa de la cantidad defraudada multiplicada por seis.