El juez da un impulso al 'caso Terra M¨ªtica' y recupera el delito fiscal

El caso Terra M¨ªtica vuelve a tomar impulso. Se lo acaba de dar el juez que investiga el supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros cometido por una veintena de empresas a cuenta de las obras de construcci¨®n del parque tem¨¢tico Terra M¨ªtica, uno de los sue?os del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. El magistrado juez Francisco de As¨ªs Silla decidi¨® el pasado enero dar por nulas todas las actuaciones practicadas desde que se present¨® la denuncia en 2006 sobre el delito fiscal. Eso supuso un aut¨¦ntico varapalo: coloc¨® la causa al borde del archivo. La Fiscal¨ªa, el abogado del Estado y la representaci¨®n de los socialistas recurrieron esa decisi¨®n. La respuesta llega ahora: aquella decisi¨®n queda invalidada y se contin¨²a investigando el delito central de una trama que, a trav¨¦s de facturas falsas, estaf¨® supuestamente a la hacienda p¨²blica 4,4 millones de euros.

El magistrado ha resuelto, al menos de momento, un debate que recorre la causa en todos sus pasos. La Agencia Tributaria present¨® una denuncia a la Fiscal¨ªa de Valencia en 2005, al borde de la prescripci¨®n de los delitos que estaba investigando, y que se refiere a los ejercicios 2000 y 2001. Cuando esa denuncia se present¨®, los imputados no tuvieron oportunidad de alegar directamente ante Hacienda. Tuvieron, claro est¨¢, la oportunidad de dar todo tipo de explicaciones ante el juez.

La Ley General Tributaria, en el art¨ªculo 180.1 recog¨ªa entonces, en una confusa redacci¨®n, la necesidad de que, antes de cerrar un expediente para dar paso a una denuncia, se d¨¦ una ¨²ltima oportunidad a los implicados para que puedan, en su caso, explicar las irregularidades detectadas. Ese tr¨¢mite no se hizo. No era una novedad. Ejemplos, hay. Y sentencias en distintos ¨®rdenes que avalan que no se cercena derecho alguno por no cumplirse ese tr¨¢mite.

Pero los imputados (ahora 24, aunque llegaron a ser 32) persiguieron la nulidad hasta que la consiguieron de parte de la Audiencia de Valencia, que oblig¨® a Hacienda a dar ese tr¨¢mite. La Agencia Tributaria lo hizo, pero no para todos. Y volvi¨® a iniciarse el contencioso. En esa ocasi¨®n, darles la raz¨®n era admitir la prescripci¨®n. Y el magistrado del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 as¨ª lo hizo. Pero las argumentaciones de los recursos le han hecho recapacitar y considerar que, en efecto, no se vulner¨® nada y el delito se debe investigar.Estafa, malversaci¨®n, blanqueo de capitales y delito fiscal. Ese es el cat¨¢logo de delitos que ahora investiga el magistrado titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia. El magistrado entiende, despu¨¦s de atender las explicaciones de los recurrentes, que la Audiencia de Valencia no tiene una ¨²nica interpretaci¨®n. La Audiencia fue la que empez¨® el l¨ªo de los afectados por el expediente de la Agencia Tributaria, antes de que se presentara una denuncia. El juez considera no solo que han sido varias y diferentes las respuestas dadas, sino que desde que se reabriera el caso en 2006, la Audiencia ha tenido que responder a recursos varios y no ha considerado que el delito haya sido nulo. El magistrado juez estima uno de los recursos que normalmente tienen escaso recorrido: el de reforma, que supone el juez cambie su propia posici¨®n.

Entre los m¨¢s afectados por la recuperaci¨®n del delito fiscal est¨¢n el empresario Vicente Conesa y su familia. Conesa, amigo de Zaplana, est¨¢ acusado de defraudar 2,7 millones de euros de los 4,4 que se supone que la trama hurt¨® a Hacienda. El empresario ya fue investigado en los noventa por supuestas irregularidades en la adjudicaci¨®n de distintos trabajos por parte del Ayuntamiento de Benidorm cuando el alcalde era Zaplana.

Vivo el delito fiscal, est¨¢ igualmente viva la informaci¨®n incorporada a la causa de las liquidaciones de IVA y de impuesto de sociedades. Y lo est¨¢ el traj¨ªn de las facturas que la trama orquest¨® en distintos niveles para, supuestamente, cobrar trabajos no realizados o elevar al alza los que s¨ª se hicieron. En principio, todo ello, con la complicidad de Terra M¨ªtica, que de momento est¨¢ como imputada, aunque la representaci¨®n del parque aspire a ser damnificada y poder as¨ª reclamar el dinero que presumiblemente le quitaron.

Han quedado pues en papel mojado, al menos en este tr¨¢mite, los recursos que plantearon un error por parte de la Agencia Tributaria. Esos recursos defend¨ªan ante el juez que no se ajust¨® a derecho la denuncia, porque la denuncia hab¨ªa sido trasladada a la Fiscal¨ªa sin dar la oportunidad de alegar sobre las irregularidades que detect¨®.

El juez ha vuelto a la que fue su teor¨ªa, hasta que sorprendente el pasado enero tom¨® una decisi¨®n opuesta. Es decir, el magistrado considera que eso no era en modo alguno una vulneraci¨®n de un derecho porque cada uno de los imputados ha tenido y tiene a¨²n la posibilidad de explicarse y aportar la documentaci¨®n que consideraran oportuna a lo largo de la instrucci¨®n.

El magistrado deja claro que la decisi¨®n que ahora corrige no obedeci¨® a "seguidismo" de otros tribunales. Lo deja especialmente claro en referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la v¨ªa contencioso-administrativa, que consider¨® nulo el procedimiento. Cierto es que esa sentencia es contraria a otras dictadas por la misma sala. En cualquier caso, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia aclara que estima los recursos porque considera que incorporan argumentos que ¨¦l no contempl¨® en su decisi¨®n de nulidad ahora corregida.