Companys sigue condenado

Resumen del cap¨ªtulo anterior: cuando, con una demora de tres d¨¦cadas, la actual democracia espa?ola se decidi¨® por fin a promulgar una Ley de la Memoria Hist¨®rica, el socialismo gobernante no quiso que la citada ley conllevase la nulidad de las condenas dictadas por los consejos de guerra y otros tribunales franquistas, arguyendo que ello podr¨ªa crear "inseguridad jur¨ªdica". As¨ª, pues, la conocida como Ley 52/2007 se limita a declarar aquellas sentencias "injustas" e "ileg¨ªtimas", lo cual otorga a las v¨ªctimas o a sus descendientes una reparaci¨®n moral, pero no tiene consecuencias revocatorias.

En vista de ello, la Generalitat decidi¨® ladear la alicorta Ley de la Memoria Hist¨®rica y, el 15 de octubre de 2009, a instancias del Parlament, el Gobierno de Montilla anunci¨® solemnemente que pondr¨ªa todo su empe?o en conseguir la anulaci¨®n expresa de la condena a muerte contra Llu¨ªs Companys, s¨ªmbolo y paradigma de todos los dem¨¢s fusilados y perseguidos por la dictadura en Catalu?a. ?C¨®mo? Del ¨²nico modo posible: instando a la Fiscal¨ªa General del Estado a plantear ante el Tribunal Supremo un recurso de revisi¨®n de esa condena. Medio a?o despu¨¦s, a finales del pasado mes de marzo, la Junta de Fiscales de Sala del Supremo rechazaba por "improcedente" la petici¨®n del Ejecutivo catal¨¢n, con el falaz argumento de que todas las sentencias condenatorias de la represi¨®n franquista ya estaban anuladas por la Ley de la Memoria Hist¨®rica.

Gobernantes y legisladores no han llevado la condena de la dictadura hasta sus ¨²ltimas consecuencias jur¨ªdicas

Las novedades del caso son varias. De un lado los tribunales militares territoriales, requeridos en estos meses por hijos o nietos de v¨ªctimas a certificar la nulidad de algunas condenas, no han admitido a tr¨¢mite tales peticiones, remitiendo a los solicitantes a los tibios efectos "reparadores" de la Ley de la Memoria. En el terreno pol¨ªtico, dos de los tres socios del tripartito parecen haberse contentado con eso y dan por cerrado el asunto.

No es el caso de Esquerra Republicana. El 8 de septiembre, el diputado Joan Tard¨¤ interpelaba en el Congreso al ministro de Justicia acerca del laberinto jur¨ªdico-procedimental que el Estado ha puesto en pie para evitar la anulaci¨®n de las condenas franquistas. Francisco Caama?o respondi¨® atrincher¨¢ndose en el sofisma de que, "en un sistema democr¨¢tico, no hay mayor sanci¨®n que la declaraci¨®n de ilegitimidad. (...) Jur¨ªdicamente, no existe declaraci¨®n con m¨¢s valor en nuestro ordenamiento". Entonces -replic¨® el diputado Tard¨¤-, si, seg¨²n el Gobierno, "la ilegitimidad es un plus de sanci¨®n frente a la nulidad", la soluci¨®n no puede ser m¨¢s simple; modif¨ªquese el art¨ªculo 3 de la Ley de la Memoria y que esta recoja expl¨ªcitamente lo dicho por el ministro: que, siendo ileg¨ªtimas, las sentencias de los tribunales represivos de Franco son tambi¨¦n "nulas de pleno derecho".

El martes 14, la moci¨®n presentada en este ¨²ltimo sentido por Esquerra fue objeto de una enmienda-subterfugio por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Subterfugio, porque insist¨ªa en el "car¨¢cter radicalmente injusto" (que es una categor¨ªa moral, no jur¨ªdica) de las condenas en general y, en cuanto a la de Companys, sosten¨ªa la falsa nulidad sobre el criterio expresado en marzo por la Fiscal¨ªa General del Estado, un ¨®rgano sin competencias para anular sentencia alguna. Al fin, la n¨ªtida moci¨®n de ERC -que no se avino a trapicheos- fue rechazada con 312 votos en contra, los del PP, los del PSOE y el de UPyD.

Cuando, dentro de un par de meses, Baltasar Garz¨®n se siente en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de prevaricaci¨®n, muchos de los diputados y hasta ministros socialistas que esta semana votaron contra la moci¨®n de Esquerra derramar¨¢n l¨¢grimas de cocodrilo y se preguntar¨¢n escandalizados c¨®mo es posible que se juzgue a un juez por haber querido investigar los cr¨ªmenes del franquismo. Cabr¨ªa recordarles entonces que ellos, gobernantes y legisladores, no han sido capaces de llevar la condena de la dictadura hasta sus ¨²ltimas consecuencias jur¨ªdicas.

Joan B. Culla i Clar¨¤ es profesor de Historia Contempor¨¢nea de la UAB.