Fatiga de los materiales

Si en la pasada legislatura fue la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial la que gravit¨® de una manera enormemente perturbadora sobre nuestro sistema pol¨ªtico, en esta ha sido la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional la que ha venido a actuar de una manera similar. Los cambios en el Consejo se pactaron de una manera que no se puede considerar satisfactoria pero que, dada la situaci¨®n en que se encontraba la instituci¨®n y la crispaci¨®n reinante, fue la menos mala de las posibles. Con el Tribunal Constitucional parece que va a ocurrir lo mismo. Si se confirman las noticias que anticipan los medios de comunicaci¨®n, se va a proceder de manera inmediata a la renovaci¨®n del tercio de magistrados cuya designaci¨®n corresponde al Senado, que van a haber visto prorrogado su mandato en pr¨¢cticamente tres a?os; adem¨¢s, parece que existe ya un principio de acuerdo para hacer lo propio con los magistrados cuya designaci¨®n corresponde al Congreso de los Diputados, cuyo mandato finaliza en noviembre. Tambi¨¦n parece existir un principio de acuerdo para reformar la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de reducir el mandato de los pr¨®ximos magistrados designados por el Senado en tres a?os, de tal manera que se pueda continuar produciendo en el futuro la renovaci¨®n por tercios prevista en la Constituci¨®n.

Los magistrados del Tribunal Constitucional deber¨ªan aprovechar estos seis a?os para relegitimar la instituci¨®n

Si todo esto se produce, y perdonen el condicional pero en este terreno hasta que no haya decisiones firmes e irrevocables no se puede dar nada por cierto, tendremos asegurado que no se podr¨¢ plantear otra crisis de renovaci¨®n hasta dentro de seis a?os, ya que la designaci¨®n de los magistrados cuyo mandato tiene que ser renovado dentro de tres a?os corresponde al Gobierno y al CGPJ y en ellos no es necesario el acuerdo del PP y el PSOE que resulta imprescindible en Congreso y Senado.

El Tribunal Constitucional va a disponer, pues, de seis a?os de normalidad en lo que a su composici¨®n se refiere para desempe?ar la important¨ªsima tarea que tiene constitucionalmente encomendada. Podr¨¢ gustar m¨¢s o menos la designaci¨®n que se haga de los magistrados por el Senado o por el Congreso o la que se haga dentro de tres a?os por el Gobierno o por el CGPJ, pero los elegidos tienen un horizonte de seis a?os de normalidad institucional, lo que no es poco para que puedan poner en marcha un proceso de recuperaci¨®n de la legitimidad del alto tribunal, que se ha visto muy disminuida en estos ¨²ltimos a?os.

Porque hay que insistir en que esta depende ante todo del ejercicio que hacen los magistrados de la funci¨®n que tienen constitucionalmente encomendada. No puede olvidarse que no se les puede responsabilizar de las crisis de renovaci¨®n, ya que esta depende formalmente del Congreso y del Senado y materialmente de los dos grandes partidos espa?oles, que son los ¨²nicos que disponen de los tres quintos en ambas C¨¢maras exigidos por la ley fundamental; pero tampoco se puede pasar por alto que la conducta de los magistrados puede constituir un incentivo muy poderoso para que no se alcance un acuerdo entre estos partidos para proceder a su renovaci¨®n. A buen entendedor, con pocas palabras bastan.

En todo caso, en los pr¨®ximos seis a?os el Tribunal Constitucional puede desempe?ar su tarea sin interferencias que no sean perfectamente resistibles y va a depender, en consecuencia, b¨¢sicamente de ¨¦l que la opini¨®n p¨²blica lo reconozca como lo que realmente debe ser, el guardi¨¢n de la Constituci¨®n, protegi¨¦ndola frente a la erosi¨®n que pueda producirse por quienes pueden hacerlo.

Pero no solamente los magistrados deber¨ªan aprovechar estos seis a?os para relegitimar la instituci¨®n, sino que tambi¨¦n las Cortes Generales deber¨ªan hacer uso de los mismos, a fin de impedir que, cuando hayan transcurrido, pueda volver a plantearse otra crisis de renovaci¨®n. Ahora se dispone de tiempo para poder pactar una reforma de la LOTC que permita evitar que vuelva a ocurrir lo que viene ocurriendo desde la primera renovaci¨®n, aunque cada vez con m¨¢s intensidad.

La crisis de esta legislatura no ha sido la primera, aunque s¨ª ha sido, con mucha diferencia, la m¨¢s grave de todas las que se han vivido. Justamente por eso, porque hemos visto el potencial tan intensamente destructor que tiene una crisis de este tipo, se deber¨ªa hacer todo lo posible para que no pueda producirse de nuevo. Esta vez se ha evitado una crisis sist¨¦mica por los pelos. No se deber¨ªa permitir que se pudiera producir en el futuro. La fatiga de los materiales tambi¨¦n se produce en las instituciones.