?Expulsar a los antisistema de Internet?

Los incidentes del 29-S en Barcelona han puesto en la diana a los colectivos antisistema, acusados de provocar -y, en algunos casos, de alentar- los disturbios que durante nueve horas pusieron el centro de la ciudad patas arriba. A la persecuci¨®n policial (43 detenidos) y judicial (dos en prisi¨®n provisional por causar da?os y agredir a antidisturbios) el Ayuntamiento de Barcelona sum¨® ayer un tercer frente de lucha: el virtual.

La concejal de Seguridad del Consistorio, Assumpta Escarp, apost¨® por clausurar algunas p¨¢ginas web creadas por grupos antisistema porque, a su juicio, "hacen apolog¨ªa de la violencia". En una entrevista a la emisora RAC-1, Escarp solo expres¨® su deseo de que estas p¨¢ginas de Internet "se tendr¨ªan que cerrar", pero no explic¨® qu¨¦ har¨¢ el Ayuntamiento para conseguirlo. Un portavoz asegur¨® m¨¢s tarde que el Consistorio no ha presentado denuncia alguna sobre contenidos que, supuestamente, "ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor", que es como describe el C¨®digo Penal el delito de apolog¨ªa de la violencia.

"Tumbar y quemar contenedores es muy bonito, pero no asusta a nadie. Hay que ir hacia objetivos m¨¢s contundentes, como tomar una emisora de televisi¨®n y emitir en directo nuestras reivindicaciones". Escarp lanz¨® la idea tras escuchar este y otros fragmentos, publicados en una de las webs de "contrainformaci¨®n" m¨¢s popular: Kaos en la Red. El citado medio, de extrema izquierda, se defendi¨® y afirm¨®: "jam¨¢s hemos incitado a ninguna violencia ciudadana. Escarp: somos gente de paz"."La democracia espa?ola ha situado kaosenlared.net en su punto de mira y, como es bien sabido, una vez ocurre eso, nos podemos esperar cualquier cosa", reza el comunicado que ayer colg¨® ese medio alternativo y que culpaba a Escarp de "matar al mensajero". El efecto multiplicador de Internet hizo que la propuesta de la concejal hallara un fuerte rechazo en otros portales.

El pl¨¢cet de Escarp a poner coto a las p¨¢ginas antisistema que conminen a usar la violencia no va acompa?ado de ninguna acci¨®n concreta por parte del Consistorio. Expertos en delitos inform¨¢ticos y asociaciones de usuarios de Internet criticaron precisamente eso: que se trate de una declaraci¨®n de intenciones y que el Ayuntamiento haya puesto a cierta clase de webs en la diana sin aportar pruebas. Tambi¨¦n alertaron de que cerrar una p¨¢gina es un proceso complejo que puede chocar con un derecho fundamental: la libertad de expresi¨®n.

"Si el Ayuntamiento piensa que est¨¢ ante un delito, entonces que lo lleve ante un juez. Pero un concejal no es nadie para hablar de cerrar webs que, adem¨¢s, tienen matices pol¨ªticos. Si empezamos a cerrar cosas que no nos gustan, imag¨ªnate la que se puede montar", opin¨® el presidente de la Asociaci¨®n de Internautas, V¨ªctor Domingo. En una l¨ªnea similar se expres¨® Juli¨¢n Inza, responsable del Foro de Evidencias Electr¨®nicas. "No soy muy partidario de limitar muestras de la libertad de expresi¨®n. Sobre todo, porque es muy dif¨ªcil saber d¨®nde acaba esta y d¨®nde empieza la comisi¨®n de un delito". "Puede que se trate de un delito muy claro, pero, en todo caso, eso corresponde decidirlo a los tribunales", a?adi¨® Inza.

El abogado Carlos S¨¢nchez Almeida tambi¨¦n denuncia el trazo grueso con el que el Ayuntamiento se ha referido a este asunto. "El problema es criminalizar toda una web; habr¨ªa que analizar cada art¨ªculo que es objeto de la denuncia y ver qui¨¦n es su autor, porque en derecho penal se persigue a personas f¨ªsicas", argument¨® S¨¢nchez Almeida, quien advirti¨® que "puede resultar peligroso" ilegalizar todo un medio de comunicaci¨®n aunque, como en el caso de las webs que manejan los antisistema, tengan un alcance efectivo limitado.

El letrado advierte de que atribuir un delito -seg¨²n Escarp, los contenidos que oy¨® en la emisora suponen apolog¨ªa de la violencia- puede ser objeto de una querella por calumnias por parte de los afectados.

El Ayuntamiento, en cualquier caso, no es competente para cerrar p¨¢ginas. Hay dos v¨ªas: la administrativa (solicitar, a trav¨¦s del Ministerio de Industria, que se retiren contenidos supuestamente il¨ªcitos) y la judicial, que tambi¨¦n puede ordenar el cierre cautelar de una p¨¢gina a la espera de que haya sentencia.