Chiringuitada

Las terrazas (en realidad, sendas ampliaciones de los locales hechas con materiales desmontables) de los chiringuitos de la Malva-rosa han sido finalmente retiradas por sus propietarios. Finaliza as¨ª uno de los espect¨¢culos pol¨ªticos del a?o, a cuenta de una cuesti¨®n aparentemente menor, pero que simb¨®licamente ha tenido gran importancia, en la medida en que ha servido a los dos grandes partidos para exhibir sus se?as de identidad. El PP, defendiendo a los hosteleros, habr¨ªa mostrado su preocupaci¨®n por la generaci¨®n de riqueza y empleo, mientras la gesti¨®n de Costas ser¨ªa un ejemplo de la mayor sensibilidad ambiental y el alto grado de respeto por nuestras costas y playas de que hace gala el PSOE.

Lamentablemente, la realidad tiene m¨¢s que ver con la pol¨ªtica-espect¨¢culo que con la efectiva defensa de esos valores. Costas, que hace bien en exigir que se cumpla la ley vigente, se equivoca al apelar en este caso a la protecci¨®n del medio como raz¨®n ¨²ltima de sus acciones. Y es que resulta obvio que la mayor o menor extensi¨®n de unos restaurantes (porque de eso estamos hablando) situados en un paseo mar¨ªtimo altamente urbanizado e integrado en la ciudad tiene, en realidad, pocos o nulos efectos ambientales. Se trata de decidir, m¨¢s bien, qu¨¦ usos preferimos dar a un entorno que es de todos y de las razones que pueden justificar ciertas restricciones a una utilizaci¨®n masiva del espacio para la hosteler¨ªa. Pero a nadie se le escapa que el nivel de saturaci¨®n de restaurantes en la Malva-rosa, que puede gustar m¨¢s o menos seg¨²n sensibilidades, no afecta de modo capital a la preservaci¨®n de la costa. En cambio, de Vinar¨°s a Pilar de la Horadada tenemos cientos de ejemplos de flagrantes infracciones a la Ley de Costas, de consecuencias mucho m¨¢s graves, que parecen no generar preocupaci¨®n alguna. Si de verdad se tratara de defender la legalidad vigente y el medio ambiente lo cierto es que las prioridades debieran ser otras.

Nada de lo dicho, sin embargo, justifica la impresentable defensa, usando como bandera la preservaci¨®n de empleos y de la actividad econ¨®mica, de unos chiringuitos que han ocupado ilegalmente un espacio p¨²blico para hacer negocio privado. No porque esas extensiones de los restaurantes supongan un peligro ambiental, sino porque se han quedado con patrimonio de todos. El dominio p¨²blico no puede ser ocupado as¨ª como as¨ª ni es admisible que los hosteleros, a lo largo de los a?os, hayan aprovechado una situaci¨®n de privilegio (pues las concesiones de que disfrutaban para ofrecer servicios de restauraci¨®n constituyen una indudable oportunidad de negocio de la que pocos gozan) para ir ampliando sus locales m¨¢s all¨¢ de lo autorizado, sin pedir el permiso debido, sin control de la Administraci¨®n, sin pagar canon alguno por los metros adicionales ocupados y, en definitiva, sin entender que no pueden hacer lo que m¨¢s les convenga a ellos individualmente. No, al menos, mientras su negocio dependa de ocupar un espacio p¨²blico muy goloso.

Si se trata de generar riqueza y empleo usando un paseo mar¨ªtimo urbano para negocios de hosteler¨ªa, h¨¢gase como toca. Pero obviemos las actuales terrazas. La defensa a toda costa de esa usurpaci¨®n nada tiene que ver con estar a favor de la creaci¨®n de riqueza o la protecci¨®n de los empleos existentes. Es otra cosa.