El 'caso Brugal' salpica a los negocios de Ortiz con Bancaja
La polic¨ªa implica a un subdirector de la caja en la causa del PGOU de Alicante
El informe policial del sumario del caso Brugal sobre las supuestas operaciones ilegales en la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante revela que el contratista Enrique Ortiz tuvo la "cooperaci¨®n" de un alto cargo de Bancaja. El informe policial asegura que el contratista se vali¨® de la financiaci¨®n de la entidad Bancaja y en especial de uno de sus m¨¢ximos responsables, Jos¨¦ Cortina Orrios, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL. En este punto el documento considera al ejecutivo de Bancaja como "cooperador necesario y m¨¢ximo beneficiado de las gestiones irregulares".
La supuesta implicaci¨®n del ejecutivo de Bancaja est¨¢ relacionada con las operaciones realizadas por el promotor para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar luego los aprovechamientos a otras ¨¢reas urbanizables. Seg¨²n el informe, el veh¨ªculo utilizado por ello fue la mercantil Deprominmed, SL, presidida por Ortiz y en cuyo consejo est¨¢n representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat, SL. El informe se?ala que esta mercantil, mediante sucesivas ampliaciones de capital, "ser¨ªa la actual propietaria de las zonas urban¨ªsticas que m¨¢s valor adquirir¨¢n una vez se haya aprobado dicho plan [el PGOU]".
La operaci¨®n de mayor calado en este apartado que recoge el informe policial se habr¨ªa desarrollado en el humedal de Agua Amarga. Las diligencias concluyen que Ortiz dirigi¨® "una operaci¨®n prolongada en el tiempo para que por parte de la entidad financiera Bancaja, a trav¨¦s de uno de sus subdirectores Jos¨¦ Cortina Orrios, se adquiera la mayor parte de terreno y se integre en la citada mercantil Deproinmed, SL. Mientras tanto, Ortiz procurar¨ªa que la redacci¨®n final del citado plan le confiera el m¨¢ximo valor posible al terreno aportado", se?ala el informe. Bancaja declin¨® ayer comentar la implicaci¨®n de su subdirector en el caso.
El informe sostiene que Ortiz tuvo "informaci¨®n privilegiada" del PGOU proporcionada por "altos cargos del Ayuntamiento de Alicante".El informe policial sobre las supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante destapadas como consecuencia de las escuchas telef¨®nicas del caso Brugal constata un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz. Las diligencias policiales apuntan a la posibilidad de modificaciones del documento "a su voluntad [la de Ortiz]".
Las supuestas irregularidades en el tr¨¢mite del PGOU de Alicante forman parte de una pieza separada del sumario del caso Brugal. El instructor se inhibi¨® de esa parte. La causa recay¨® en el Jugado n¨²mero 5 de Alicante. Su titular ha asumido la competencia, pero a¨²n no ha dictado ninguna resoluci¨®n.
Sobre la base del informe policial, el candidato de EU a la alcald¨ªa de Alicante, Miguel ?ngel Pav¨®n, anunci¨® ayer la posibilidad de "impugnar judicialmente" el documento. El PGOU de Alicante, tras una segunda exposici¨®n p¨²blica, fue aprobado provisionalmente el pasado mes de mayo. En un comunicado oficial, el dirigente de EU resalt¨® que la larga tramitaci¨®n del PGOU ha estado "salpicada" de irregularidades desde la rescisi¨®n del contrato al primer equipo redactor, dirigido por el arquitecto Llu¨ªs Cantallops, a principios de 2007. En esa fecha la alcald¨ªa estaba en manos de Luis D¨ªaz Alperi, del PP. Sonia Castedo, su sucesora desde septiembre de 2008, culmin¨® la redacci¨®n final del documento.
Pav¨®n denunci¨® "el car¨¢cter opaco del proceso de redacci¨®n de un PGOU que se ha definido sobre la base de intereses privados y de espaldas a la ciudadan¨ªa". El candidato de la coalici¨®n de izquierdas exigi¨® "explicaciones inmediatas tanto "a la ex concejal de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo, como al anterior alcalde, Luis D¨ªaz Alperi, en relaci¨®n con las graves acusaciones contenidas en los informes policiales".
Por otro lado, el concejal socialista Lalo D¨ªez exigi¨® ayer al equipo de gobierno que aclare los motivos por los que no se ha personado en la causa abierta al concejal Francisco S¨¢nchez Luna, del PP, por supuesto cohecho y tr¨¢fico de influencias.
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