Los costes de una decisi¨®n

Cualquier persona que piense en las Administraciones P¨²blicas las valora en funci¨®n de los tr¨¢mites que le relacionen con Tr¨¢fico, Hacienda, Seguridad Social, terminales de una maquinaria que sirven para identificar los ministerios de los que dependen. Mientras que otros ministerios que no afectan a nuestra vida administrativa corren el riesgo de percibirse menos ¨²tiles para la ciudadan¨ªa.

Tal y como parece ser el caso del Ministerio de Igualdad, una extravagancia del Gobierno. Lo lamentable es que al finiquitarlo se ha dado la raz¨®n a quienes depreciaban sus funciones.

No hab¨ªa sesi¨®n parlamentaria sin s¨®rdidas cr¨ªticas sobre algunos ministerios, pero con reglas de juego distintas: en unos casos la demanda era el cambio de sus responsables, pero aqu¨ª la regla era absoluta: supr¨ªmase. Bajo la consigna de austeridad, algo inaudito porque Parlamento y Senado conocen al detalle cada cap¨ªtulo de gasto, y el Ministerio de Igualdad representaba el simb¨®lico coste del 0,3% respecto a los Presupuestos Generales del Estado.

Lo lamentable es que al finiquitar Igualdad se ha dado la raz¨®n a quienes lo despreciaban

La decisi¨®n m¨¢s coherente hubiera sido reforzar el ministerio, no por cabezoner¨ªa, sino porque hay importantes deberes pendientes que se impuso el propio Gobierno en su primera legislatura: controlar la efectiva aplicaci¨®n de leyes fundamentales, conocidas por todos, como la Ley contra la Violencia de G¨¦nero y la Ley de Igualdad. Para las cuales un trabajo en red es la ¨²nica estrategia eficiente dado el n¨²mero de operadores implicados, por mencionar algunos: juzgados, servicios p¨²blicos de empleo, Fuerzas de la Seguridad del Estado. Un esquema de gesti¨®n con una exigente coordinaci¨®n entre la Administraci¨®n central, a trav¨¦s de sus ministerios, y el resto de las comunidades aut¨®nomas.

Claro que alguien podr¨ªa preguntarse: ?en qu¨¦ cambian los objetivos al suprimir un ministerio y crear una Secretar¨ªa de Estado?

Para empezar, es preciso trabajar en una doble direcci¨®n, por una parte, comprometiendo a cada una de las instancias t¨¦cnicas y, sobre todo, pol¨ªticas, para llegar a acuerdos que consoliden las medidas prescritas por cada ley; y por otra, hacer un seguimiento de todos los organismos responsables de su desarrollo, desde empleo, hasta educaci¨®n y sanidad.

En esto consiste la transversalidad, en trabajar con todos para que la igualdad no quede constre?ida a ser un "tema" de mujeres, sino que forme parte de todas las competencias de las Administraciones P¨²blicas. Ahora bien, si en un solo ministerio, compuesto por Secretar¨ªas Generales o de Estado, es dif¨ªcil una coordinaci¨®n interna, multipliquemos este organigrama por 16 ministerios y veamos, ?c¨®mo se van a superar los muros invisibles de cada departamento, o direcci¨®n general, para concebir la igualdad como pol¨ªtica transversal? ?A qu¨¦ criterios se podr¨¢ invocar para que otros cargos, con rango equivalente, acepten impulsar lo que no es propio de su agenda pol¨ªtica, sobre cuyos resultados depende su prestigio? Y sobre todo, ?de qu¨¦ autoridad se puede una servir para convocar objetivos comunes, cuando la igualdad como materia ha sido inhabilitada del Poder Ejecutivo por el propio Gobierno?

Este d¨¦ficit podr¨ªa haberse solventado ubicando la Secretar¨ªa de Estado de Igualdad en el Ministerio de la Presidencia, cumbre de la toma de decisiones que goza del suficiente reconocimiento por todas las Administraciones P¨²blicas y, sobre todo, dota de la suficiente jerarqu¨ªa al cargo responsable de crear estructuras de transversalidad.

Se ha optado por volver a 1988 al identificar igualdad con pol¨ªticas sociales, que si ahora dependen del Ministerio de Sanidad antes lo hicieron del Ministerio de Trabajo.

Es dif¨ªcil sustraerse a la perplejidad al recordar lo conseguido desde el 2004 hasta el presente, donde lejos de considerar a las mujeres un colectivo, por ser estas la mayor¨ªa de la poblaci¨®n, se pon¨ªa el acento en su talento y se superaba el concepto de vulnerabilidad, para revalidar sus contribuciones. O se legislaba su participaci¨®n plena en la vida p¨²blica, tanto en las listas electorales, como en los consejos de administraci¨®n. Mientras que en la vida privada caducaba la conciliaci¨®n en femenino para dar paso a la corresponsabilidad gracias al permiso de paternidad. Demasiada altura para un aterrizaje forzoso.

Soledad Murillo de la Vega es profesora de la Universidad de Salamanca y ex secretaria general de Pol¨ªticas de Igualdad.