Una pol¨ªtica de vivienda a destiempo

La pol¨ªtica concienzuda del tripartito para facilitar el acceso a la vivienda ante los excesos del mercado inmobiliario se top¨® con un vertiginoso derrumbe del sector. Los precios en algunas zonas descendieron tanto que las casas a precios de mercado eran incluso m¨¢s baratas que las sociales. Para rematarlo, el cr¨¦dito para la construcci¨®n y la compra de vivienda, tambi¨¦n la protegida, se sec¨® por completo. Y cuando el Gobierno catal¨¢n logr¨® despejar este segundo nubarr¨®n, llegaron los planes de austeridad de las Administraciones. A pesar de ese estrecho margen que acab¨® imponiendo la crisis, el tripartito tiene en su haber una producci¨®n constante de unas 10.000 viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) al a?o, el crecimiento del mercado de alquiler y la creaci¨®n de un sistema de ayudas para los arrendamientos y otro para evitar desahucios.

Catalu?a construye una media de 10.000 pisos sociales al a?o, el doble que en 2003

La pol¨ªtica de vivienda del tripartito, en manos de ICV-EUiA, se ha apoyado en la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que traslada a Catalu?a muchas de las medidas de Francia, Alemania y Dinamarca pero que suscit¨® grandes desencuentros con los empresarios y la oposici¨®n, sobre todo por dos preceptos: el alquiler forzoso de pisos vac¨ªos en zonas con gran demanda y la posibilidad de que en grandes fincas de nueva construcci¨®n del centro de las ciudades tambi¨¦n hubiera reservas para VPO.

Con alguna que otra rebaja, la ley se aprob¨®, pero no todav¨ªa el plan territorial que la acompa?a y debe servir para todo su despliegue. Los responsables de Vivienda albergan la esperanza de que ese documento pueda aprobarse por decreto en diciembre.

El segundo gran texto es el Pacto Nacional por la Vivienda, el primero de los acuerdos sectoriales que el Ejecutivo catal¨¢n firm¨® con empresarios en 2007, sindicatos y organizaciones sociales, aunque en este caso el escollo del alquiler forzoso hizo que CiU no se sumara al pacto. El instrumento ha servido para guiar y evaluar las pol¨ªticas de vivienda. Los retos se van cumpliendo. El Gobierno catal¨¢n ha puesto ¨¦nfasis en la rehabilitaci¨®n de edificios -se han reformado 117.000 viviendas-; las ayudas al alquiler se han convertido ya en prestaciones p¨²blicas a la vez que se han multiplicado por 14 en cinco a?os y llegan a 31.100 hogares; Catalu?a tiene reservas de suelo para 254.000 viviendas protegidas, y cada a?o se inician unas 10.000 VPO, el doble que en 2003.

La crisis, sin embargo, ha hecho mella en la pol¨ªtica de vivienda. Antes del verano de 2009, en plena tormenta financiera, el Gobierno ten¨ªa congelados hasta 33 proyectos de pisos sociales porque no hallaba cr¨¦dito en las entidades financieras. En esa misma ¨¦poca, las listas de adjudicatarios de viviendas protegidas iban corriendo y sus clientes se quedaban sin casa porque el banco no los consideraba aptos para recibir un pr¨¦stamo. Tras un exabrupto del consejero del ramo, Francesc Baltasar, que plante¨® que el Instituto Catal¨¢n de Finanzas sustituyera a la banca tradicional y despachara con los ciudadanos -lo cual est¨¢ prohibido en sus estatutos-, el Gobierno fue amarrando compromisos de las entidades financieras. Y cuando parec¨ªa que el cr¨¦dito para la VPO se reactivaba este a?o, lleg¨® el plan de austeridad del Gobierno central, que deja a Catalu?a con menos dinero que otros a?os para la vivienda social de alquiler.

La Generalitat tampoco ha conseguido que las entidades financieras firmen un acuerdo para abordar las ejecuciones de hipotecas en caso de impagos. El Gobierno pretend¨ªa que los bancos cancelaran la deuda a cambio del piso y que el comprador pasara a ser su inquilino. No pudo ser, y solo ha habido acuerdos en casos concretos y en ocasiones han respondido a decisiones estrat¨¦gicas de las cajas, preocupadas por sus tasas de morosidad.

Otras pol¨ªticas sencillamente han quedado desfasadas, sobre todo las que buscaban promover pisos con precios concertados, a medio camino entre los del mercado libre y los protegidos o bien algunas subidas del precio para hacer que la promoci¨®n de VPO fuera m¨¢s atractiva para los promotores. Sin embargo, la Generalitat considera que se trata de medidas que pueden quedar aparcadas hasta que otro boom las vuelva a hacer necesarias.